El exmagistrado Jorge Pretelt seguirá en prisión por el caso Fidupetrol: Corte Suprema le negó el beneficio de libertad condicional

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Montería, que negó la libertad condicional a Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, expresidente de la Corte Constitucional, condenado por el delito de concusión dentro del proceso relacionado con el caso Fidupetrol.

Con esta determinación, el alto tribunal mantuvo la ejecución efectiva de la pena privativa de la libertad al considerar que, pese a que el exmagistrado cumple varios de los requisitos previstos en la ley, todavía no se encuentran plenamente satisfechos los fines de prevención especial y resocialización que justifican la concesión del subrogado penal.

La corporación estableció que Pretelt Chaljub acreditó el requisito objetivo exigido por la legislación, consistente en haber cumplido las tres quintas partes de la pena impuesta. Asimismo, verificó que durante el tiempo de reclusión ha observado buen comportamiento, cuenta con arraigo familiar y social, no registra condena al pago de perjuicios, recibió concepto favorable por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y desarrolló actividades de trabajo, estudio y enseñanza que dieron lugar al reconocimiento de redención de pena.

No obstante, la Sala concluyó que el cumplimiento de esas condiciones no implica que la libertad condicional deba concederse de manera automática.

La Corte reiteró que el beneficio exige una valoración integral

En la providencia, la Sala recordó que la libertad condicional constituye un mecanismo sujeto al cumplimiento de requisitos legales y jurisprudenciales que deben ser examinados de manera conjunta. En ese sentido, precisó que no basta con acreditar el requisito temporal o presentar un comportamiento favorable durante el cumplimiento de la condena.

“La libertad condicional no constituye una consecuencia automática del cumplimiento del requisito temporal ni de la concurrencia de circunstancias favorables durante la ejecución de la pena”, reiteró la Corte al explicar que el juez debe realizar una valoración integral de distintos factores antes de decidir si procede el beneficio.

Entre esos elementos se encuentran la gravedad y las circunstancias de la conducta punible, el proceso de resocialización alcanzado por el condenado, su comportamiento dentro del establecimiento penitenciario, el arraigo familiar y social, así como los demás aspectos relevantes que permitan establecer si los fines constitucionales y legales de la pena han sido cumplidos.

La Sala señaló que esa valoración debe realizarse de manera conjunta y no aislada, pues el análisis del caso exige determinar si el tratamiento penitenciario ha logrado consolidar el proceso de reinserción social y garantizar que la sanción ha cumplido su finalidad preventiva.

De acuerdo con la decisión, el cumplimiento del tiempo mínimo previsto por la ley únicamente habilita al juez para estudiar la solicitud de libertad condicional, pero no genera un derecho automático a obtener el beneficio, ya que corresponde verificar si las circunstancias particulares del caso permiten concluir que la ejecución de la pena puede continuar en libertad sin afectar los fines de la condena.

La gravedad del caso Fidupetrol fue determinante en la decisión

Al analizar el expediente, la Sala recordó que Jorge Pretelt fue condenado por solicitar $500 millones con el propósito de adelantar gestiones orientadas a obtener una decisión favorable dentro de una acción de tutela promovida por Fidupetrol.

Según expuso la Corte, la conducta consistió en instrumentalizar la investidura de magistrado de la Corte Constitucional para solicitar una suma de dinero a cambio de intervenir en un proceso judicial, comportamiento que dio origen a la condena por el delito de concusión.

La providencia señala que esa actuación produjo una afectación significativa a la confianza de los ciudadanos en las instituciones y comprometió la imagen de la administración de justicia.

La Sala sostuvo que el comportamiento “produjo una intensa afectación a la confianza pública y a la imagen institucional de la administración de justicia”, aspecto que debía ser ponderado al momento de resolver la solicitud de libertad condicional.

La ejecución de la pena deberá continuar

En la decisión, la Sala Especial de Primera Instancia explicó que el expediente evidencia un proceso positivo de cumplimiento de la sanción y que la superación del umbral mínimo legal permitía estudiar la procedencia del subrogado penal.

Sin embargo, concluyó que el tratamiento penitenciario aún no alcanza un grado de consolidación suficiente para afirmar que se han cumplido plenamente los fines de prevención especial y reinserción social previstos por la legislación penal.

De acuerdo con la corporación, la ejecución efectiva de la condena requiere un mayor avance dentro del proceso de resocialización, razón por la cual no resulta procedente sustituir la privación de la libertad por el beneficio solicitado.

La Corte también tuvo en cuenta que durante el cumplimiento de la pena Pretelt Chaljub ha participado en actividades de trabajo, estudio y enseñanza que le permitieron acceder a redenciones punitivas, además de contar con un concepto favorable emitido por el Inpec y mantener un adecuado comportamiento carcelario. No obstante, reiteró que esos factores deben ser apreciados junto con la naturaleza y gravedad de la conducta que dio lugar a la condena.