Defensoría respalda primeras sentencias de la JEP y pide cumplir el Acuerdo de Paz

La Defensoría del Pueblo destacó las dos primeras sentencias definitivas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, contra antiguos integrantes del secretariado de las extintas FARC-EP y contra 12 exmilitares, al considerar que representan un avance en la garantía de los derechos de las víctimas y en la implementación del Acuerdo Final de Paz.

El organismo recordó que la puesta en marcha del Acuerdo de Paz no es una decisión opcional, sino una obligación constitucional para todas las autoridades del Estado. Su pronunciamiento se conoció después de que la JEP adoptara decisiones en dos de sus casos más sensibles: el Caso 01, relacionado con la política de secuestro de las extintas FARC-EP, y el Caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, en el Caso 01 fueron sancionados miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad. En el Caso 03, la decisión cobijó a 12 exmilitares por su responsabilidad en desapariciones forzadas y asesinatos presentados como bajas en combate en el Batallón La Popa, en la región Caribe.

Para la Defensoría, estas sentencias tienen un valor especial porque priorizan medidas restaurativas con participación de las víctimas. La entidad señaló que la inclusión de quienes sufrieron los hechos en la definición de las sanciones es indispensable para avanzar en verdad, reparación y garantías de no repetición.

Defensoría resaltó participación de víctimas

La Defensoría sostuvo que las decisiones de la JEP fortalecen el componente restaurativo del sistema de justicia transicional. En su criterio, las sanciones no solo deben responder a la gravedad de los hechos, sino también permitir que las víctimas tengan un papel activo en la construcción de las medidas que buscan reparar el daño causado.

Frente al Caso 01, el organismo destacó que las sanciones hayan sido acompañadas por la exigencia de cronogramas verificables. Estos instrumentos permitirán hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas a los comparecientes y medir si las acciones restaurativas avanzan de manera real.

La entidad también valoró el establecimiento de restricciones efectivas a las libertades de los sancionados. Para la Defensoría, ese punto resulta clave para que las decisiones no se queden únicamente en compromisos simbólicos, sino que tengan mecanismos concretos de cumplimiento y control.

En relación con el Caso 03, la Defensoría insistió en la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. También resaltó que las sanciones incorporen acciones orientadas a la reconstrucción de la memoria histórica y a la dignificación de las comunidades afectadas.

Fallos refuerzan implementación del Acuerdo de Paz

El pronunciamiento de la Defensoría también puso el foco en la obligación de las instituciones de respaldar la justicia transicional. La entidad recordó que la implementación del Acuerdo Final de Paz compromete a todas las autoridades y exige acciones concretas para garantizar los derechos de las víctimas.

En ese sentido, el organismo consideró que las primeras sentencias definitivas de la JEP constituyen un paso importante en el desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Las decisiones, según la entidad, muestran que la participación de las víctimas puede traducirse en sanciones con contenido restaurativo y seguimiento institucional.

La Defensoría celebró además la creación de un mecanismo internacional de monitoreo que acompañará la implementación de las sanciones impuestas por la JEP. Este estará integrado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ese seguimiento externo permitirá revisar el cumplimiento de las medidas y reforzar la confianza en el proceso. Para la Defensoría, la vigilancia de organismos internacionales puede contribuir a que las sanciones se ejecuten de manera seria, verificable y orientada a las víctimas.