La Defensoría del Pueblo encendió las alertas por la crisis humanitaria que enfrenta el municipio de López de Micay, Cauca, tras una incursión armada atribuida al ELN en la comunidad de San Antonio de Gurumendy. La entidad denunció que ocho personas permanecen secuestradas y que más de 70 familias tuvieron que abandonar sus hogares por el riesgo que representa la presencia de grupos armados ilegales.
Según informó la Defensoría, los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio, cuando integrantes de esa estructura ilegal habrían llegado a la comunidad, reunido de manera obligatoria a sus habitantes y hurtado alimentos y otros víveres. La entidad señaló que, durante la incursión, fueron secuestradas inicialmente 40 personas, presuntamente para obligarlas a transportar los elementos robados.
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Horas después, 32 personas fueron dejadas en libertad, pero ocho continúan en poder del grupo armado. Por esta razón, la Defensoría hizo un llamado directo para que sean liberadas de manera inmediata e incondicional, y para que se respete su vida e integridad.
La información publicada por Blu Radio señala que la entidad mantiene la alerta por los efectos de esta situación sobre la población civil del Pacífico caucano, una zona donde las comunidades siguen expuestas a amenazas, confinamientos y desplazamientos.
Defensoría pide atención urgente a familias desplazadas
La Defensoría del Pueblo informó que, como consecuencia de los hechos, cerca de 200 personas, agrupadas en más de 70 familias, salieron de sus viviendas y se desplazaron hacia la cabecera municipal de López de Micay. Algunas de ellas, según la entidad, ya comenzaron a llegar al distrito de Buenaventura en busca de protección.
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Ante la emergencia, las autoridades locales activaron el Comité de Justicia Transicional y avanzan en la caracterización de la población desplazada. Este proceso permitirá identificar cuántas personas requieren atención, cuáles son sus necesidades más urgentes y qué tipo de ayuda humanitaria debe entregarse.
La Defensoría solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales adoptar medidas inmediatas para garantizar alojamiento, alimentación, protección y acompañamiento a las familias afectadas. La entidad insistió en que la respuesta institucional debe ser rápida para evitar que la crisis se profundice.
El organismo también pidió reforzar las acciones de protección en López de Micay y prevenir nuevos hechos de violencia contra las comunidades rurales. Para la Defensoría, la situación exige presencia institucional y coordinación entre las entidades responsables de atender a la población desplazada.
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Llamado directo al ELN y a las autoridades
La Defensoría del Pueblo exigió al ELN cesar la práctica del secuestro y liberar a las ocho personas que continúan retenidas. Además, pidió que se respete a la población civil, que ha sido la principal afectada por las acciones de los grupos armados ilegales en esta zona del Cauca.
La entidad advirtió que la persistencia de estas estructuras sigue generando graves afectaciones humanitarias. El confinamiento, el desplazamiento forzado y las amenazas se han convertido en riesgos constantes para comunidades que dependen de sus territorios para vivir y trabajar.
El llamado de la Defensoría no se limita a la liberación de los secuestrados. También busca que las autoridades adopten medidas de prevención para evitar nuevas incursiones, proteger a quienes permanecen en la zona y garantizar la atención de quienes ya tuvieron que salir.
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La crisis en San Antonio de Gurumendy muestra, según la entidad, la vulnerabilidad de las comunidades del Pacífico caucano frente a la acción de grupos armados. Por ahora, la prioridad es ubicar y proteger a las ocho personas secuestradas, atender a las familias desplazadas y evitar que más habitantes sean obligados a abandonar sus hogares.
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