La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia indicó la mañana del viernes que se presentó un escrito de acusación contra del excomandante del Ejército Nacional Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo.
Según el ente investigador, los hechos bajo indagación corresponden a acciones repetidas de hostigamiento con fines sexuales no consentidos, por acciones cometidas presuntamente contra dos mujeres subordinadas dentro de la estructura militar entre 2019 y 2022.
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De acuerdo con la Fiscalía, el oficial habría aprovechado su posición de autoridad y jerarquía para solicitar fotografías personales, enviar mensajes de contenido íntimo, realizar insinuaciones de carácter sexual y proponer encuentros a solas.
El comunicado señala que estas conductas generaron escenarios de temor a posibles represalias laborales y contractuales para las víctimas ante eventuales rechazos a las pretensiones del oficial.
Al final se precisó que la fecha de la audiencia de acusación será definida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión se emitió luego de que el miércoles 8 de julio la defensa del general retirado le pidió a la Fiscalía frenar la imputación por presunto acoso sexual y revisar de nuevo el expediente, con el argumento de que 14 pruebas incorporadas durante la investigación cambiaron el panorama probatorio y deben ser valoradas antes de que continúe el trámite pendiente ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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La solicitud quedó consignada en un memorial de 29 páginas radicado por el abogado Jhonny Mercado González, que además reclama la preclusión de la actuación penal.
Según el documento, la investigación avanzó con nuevos elementos que obligan a establecer si todavía existe base suficiente para sostener una eventual sentencia condenatoria.
Dentro de lo que se detalla en el escrito, la defensa pidió a la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la tesis central es que esos elementos desvirtúan la hipótesis con la que el ente acusador promovió cargos por presunto acoso sexual contra una funcionaria jurídica del Comando Cibernético de las Fuerzas Militares.
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El proceso contra Zapateiro Altamiranda dio un paso a finales de abril de 2026, cuando un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación.
Esa diligencia debe realizarse ante el Tribunal Superior de Bogotá, que ejercerá funciones de control de garantías para escuchar los cargos contra el excomandante del Ejército durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
La defensa sostiene que la evidencia actual ya no es la misma que sustentó la imputación
En el memorial, Mercado reconoce que la imputación “constituye un acto procesal válidamente realizado”.
Aun así, sostiene que la etapa actual exige otro análisis porque una eventual acusación requiere un estándar probatorio más exigente y una lectura actualizada de todas las pruebas incorporadas durante la actuación penal.
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El abogado afirma que la prueba sobreviniente debilitó aspectos relevantes de la teoría del caso de la Fiscalía. Por eso, plantea que el escenario probatorio ya no es el mismo que existía cuando se decidió solicitar la audiencia de imputación.
Uno de los documentos anexados es una certificación de la Escuela Superior de Guerra. Según la defensa, ese documento indica que Zapateiro no asistió a la denominada “Cátedra Colombia” del 16 de julio de 2021, actividad que, de acuerdo con el memorial, había sido incluida por la Fiscalía dentro de la reconstrucción de los hechos.
El escrito también suma declaraciones juramentadas de oficiales activos y en retiro. Según la defensa, esos testigos dijeron “no haber recibido instrucciones” del entonces comandante del Ejército para intervenir en procesos de selección, evaluaciones psicológicas o decisiones administrativas relacionadas con una de las denunciantes.
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Para Mercado, esos testimonios respaldan la tesis de que no existió un uso indebido de la autoridad para ejercer presiones o influir en la situación laboral de las presuntas víctimas.
Ese es uno de los puntos con los que la defensa busca desmontar la hipótesis de una intervención irregular del oficial retirado.
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