
La Nueva EPS radicó formalmente sus estados financieros definitivos de las vigencias 2023 y 2024 ante la Superintendencia Nacional de Salud, un paso que la actual administración calificó como el cierre de un ciclo de incertidumbre contable.
La entrega de estos balances se logró luego de cinco procesos de intervención y tras procesar un rezago histórico de cerca de 10 millones de facturas represadas desde 2008. Con este reporte oficial, liderado por el interventor Jorge Iván Ospina Gómez, la entidad buscó estabilizar su operación contable y alejar los ruidos de una eventual liquidación institucional.
El informe técnico arrojó que la mayor aseguradora del país, con más de 11.5 millones de afiliados, presenta un desbalance estructural donde los costos médicos superan los recursos recibidos por el Estado.
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De acuerdo con el Estado de Resultados de 2024, la entidad registró ingresos ordinarios por $22,2 billones, mientras que el costo de prestación de servicios de salud ascendió a los $26,4 billones, generando una pérdida neta en el ejercicio de $4,8 billones.

Costos médicos superan los ingresos de la operación
De acuerdo con el comunicado de la entidad, las cifras entregadas detallan que los gastos administrativos de la EPS se mantuvieron controlados en $0,5 billones, lo que representa apenas el 2,5% de sus ingresos ordinarios.
En consecuencia, la pérdida acumulada no se origina en el funcionamiento interno de la empresa, sino en el déficit entre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —valor que el Estado le paga a las EPS por cada afiliado— y el costo real de los tratamientos de los usuarios, al asumir además compromisos económicos de vigencias anteriores.
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A pesar del saldo negativo, el reporte contable muestra una reducción en las pérdidas del ejercicio frente al año 2023, periodo en el que el desbalance financiero de la entidad cerró en aproximadamente -$6,5 billones de pesos.

En cuanto al estado de situación financiera, la foto contable al cierre de 2024 muestra activos por $10,6 billones, pasivos por $22,5 billones y un patrimonio negativo de -$11,9 billones. Este patrimonio en rojo corresponde al reconocimiento obligatorio de las deudas acumuladas del sistema que debían quedar visibles ante los entes de control.
Respecto a las obligaciones con la red de clínicas y hospitales, el pasivo se estima en alrededor de $13,2 billones, una vez se apliquen los giros pendientes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y los descuentos correspondientes a las auditorías de cuentas.
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“Creo firmemente que, si seguimos por este camino de la reorganización empresarial que hoy adelantamos con rigor, Nueva EPS demostrará su viabilidad absoluta y no tendría por qué ser liquidada. Con esta estrategia de ‘quirófano financiero’, la actual administración no solo asegura la transparencia de la operación, sino que avanza en el único camino técnico viable hacia la sostenibilidad del mayor asegurador del país”, afirmó el interventor Jorge Iván Ospina, según se lee en el documento.

Debate político sobre la suficiencia de los recursos en salud
La publicación de los estados financieros provocó la reacción del representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero, que se pronunció a través de su cuenta en X para señalar que los datos de la intervención contradicen las tesis defendidas previamente por el Ministerio de Salud.
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El congresista opositor advirtió que las cifras demuestran que el presupuesto asignado por el Gobierno nacional no cubre el gasto real de las atenciones médicas cotidianas de la población.
“Al fin, por orden judicial, @JorgeIvanOspina presenta los estados financieros de Nueva EPS para 2023 y 2024. Aunque hay que tomarlos con beneficio de inventario y falta 2025, Ospina desmiente a @GA_Jaramillo señalando que la plata no alcanza para cubrir el gasto en salud (sic)”, posteó el representante Andrés Forero.

Para continuar con la ruta de estabilización institucional, la gerencia de Nueva EPS estableció un cronograma que contempla la presentación de los estados financieros de 2025 en un plazo de quince días, mientras que el balance del primer semestre de 2026 será entregado a finales del mes de julio.
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