El exsenador Gustavo Bolívar expresó su preocupación, a través de su cuenta oficial de X, ante las declaraciones del entorno del presidente electo Abelardo de la Espriella, que han mencionado la posibilidad de extraditar al mandatario saliente Gustavo Petro a Estados Unidos por presuntas conductas delictivas.
Bolívar cuestionó la legalidad y las implicancias democráticas de tal afirmación: “Un presidente no tiene facultades judiciales. Cuando Abelardo y sus camisas negras dicen que extraditarán a Petro a los EEUU sin que medie investigación, acusación y juicio, ¿está reconociendo que se volverá dictador?”, planteó el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
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Bolívar subrayó el respaldo con el que cuenta el mandatario saliente, al afirmar: “Si tocan a @petrogustavo tocan a 13 millones”. Con ese mensaje, el exsenador aludió al caudal de votos que obtuvo la izquierda en las elecciones del 21 de junio de 2026 y a la legitimidad que, según él, mantiene como figura principal de la oposición política en Colombia.
Tras lo anterior, la cuenta de seguidores De La Espriella Presidente le contestó en X al exsenador Gustavo Bolívar.
En el mensaje afirmaron: “Ya el debate no es si Petro es delincuente o no, ya es que ‘no se puede’ extraditar, bueno… al menos ya aceptaron la primera parte”.
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Esta reacción surgió luego de que Bolívar criticara la legalidad y legitimidad de cualquier intento de extraditar al mandatario sin la existencia de un proceso judicial previo.
Carlos Alonso Lucio acusó a Gustavo Petro de delitos graves por ceses al fuego con grupos armados: “Traición a la patria”
El exsenador Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella, afirmó que el presidente electo ha sido “absolutamente claro” en su postura: Gustavo Petro debe ser juzgado.
Durante un video publicado en su cuenta oficial de X, Lucio respaldó la idea de llevar al actual mandatario ante la justicia, argumentando que el país afronta un “cambio de época” que exige límites a la impunidad, incluso cuando involucra a figuras de alto poder.
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Según Lucio, la administración de Abelardo de la Espriella sostiene que el presidente Gustavo Petro incurrió en delitos graves relacionados con “traición a la patria”.
El exsenador citó como ejemplo una serie de decretos emitidos el 31 de diciembre de 2022. Ese día, Petro, a través de un mensaje en redes sociales, anunció la expedición de cinco decretos que establecían ceses al fuego bilaterales con diversos grupos armados ilegales.
“Las llamó de cese del fuego bilateral nacional, toda esa cosa que él dice. Los firma”, señaló Lucio, quien detalló que los decretos estaban dirigidos a las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo, organizaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y el grupo de Marquetalia.
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El exsenador enfatizó que el primer mandatario de entonces actuó “como si en un proceso de paz el Gobierno pudiera decretar el cese del fuego de la contraparte”.
Para Lucio, esa decisión constituyó “una estupidez conceptual genuina en su megalomanía”. Además, remarcó que Petro ordenó a las Fuerzas Armadas cesar cualquier persecución contra estos grupos, lo que, a su juicio, va más allá de una simple falsedad en documento público. “Ahí hay mucho más que una falsedad en documento público. Ahí hay una traición a la patria”, aseguró.
Carlos Alonso Lucio arremetió contra Gustavo Petro - crédito @carluciolopez/X
Durante su declaración, Lucio recalcó que estos hechos representan una línea divisoria para la justicia colombiana.
“El cambio de época que estamos viviendo tiene que tener un límite con la impunidad y frente a la impunidad de los más poderosos, en este caso el presidente de la República”, manifestó Lucio, insistiendo en la gravedad de los cargos.
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Por otro lado, el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella sostuvo que la investigación y eventual enjuiciamiento de Gustavo Petro marcaría un precedente para las instituciones colombianas.
“Entre otras cosas, el cambio de época que estamos viviendo tiene que tener un límite con la impunidad”, reiteró Lucio, aludiendo a la necesidad de que la justicia actúe sin excepciones ante funcionarios de alto rango.
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