Organizaciones civiles hicieron fuerte llamado a Petro tras desconocer resultados electorales: “Respete la Constitución y la voluntad popular”

La Fundación Colombia 2050, junto con las organizaciones que integran la Alianza por la Democracia y otros colectivos de la sociedad civil, hizo público un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien desconoció los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 21 de junio, en las que Abelardo de la Espriella fue declarado ganador.

El documento sostiene que la transición presidencial constituye uno de los momentos más relevantes para el funcionamiento del Estado Social de Derecho y señala que la legitimidad de ese proceso depende del respeto por la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, del actuar independiente de las autoridades competentes y del cumplimiento de las reglas previstas en la Constitución y la ley.

El documento también hace referencia a la decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de suspender el proceso de empalme con el Gobierno saliente. Aunque aclara que ambos hechos son distintos, sostiene que “su efecto inmediato ha sido el mismo: aumentar la incertidumbre en un momento en el que Colombia necesita confianza en sus instituciones”.

En consecuencia, la Alianza por la Democracia invitó tanto al presidente en ejercicio como al mandatario electo “a respetar la dignidad del cargo que ostentan, a moderar el lenguaje y a sustentar sus planteamientos en argumentos veraces. En democracia, la altura del debate debe estar a la altura de las instituciones”.

Recordatorio sobre los mecanismos constitucionales

Las organizaciones también recordaron que el Consejo Nacional Electoral ya declaró oficialmente como ganadores de la segunda vuelta presidencial a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo y expidió las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente electos.

El pronunciamiento añade que la elección fue observada por diversas misiones nacionales e internacionales que coincidieron en calificarla como transparente. Asimismo, señala que los candidatos derrotados, Iván Cepeda y Aida Quilcué, aceptaron las curules que les corresponden en el Congreso conforme al Estatuto de la Oposición, hecho que, según el documento, constituye un reconocimiento institucional de los resultados electorales.

Las organizaciones explicaron que cualquier controversia relacionada con la elección presidencial debe tramitarse mediante los mecanismos previstos por la Constitución y la ley. “La declaratoria oficial de la elección corresponde a las autoridades electorales, y cualquier persona puede solicitar la nulidad de los actos de elección dentro de los treinta días siguientes; pero la única autoridad facultada para resolver esa solicitud y eventualmente anular esa elección es el Consejo de Estado”, precisa el texto.

En relación con la posesión presidencial, el comunicado recuerda que la Constitución establece que el presidente electo debe asumir el cargo el 7 de agosto, prestando el juramento contemplado en el artículo 192. Agrega que ese acto “no depende de la autorización del presidente saliente, ni se ve impedido si existe una acción judicial pendiente en el Consejo de Estado”.

De igual manera, las organizaciones indicaron que la determinación sobre la existencia de delitos corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y de control competentes. En ese sentido, hicieron un llamado para que, si existen pruebas sobre presuntas irregularidades, estas sean puestas en conocimiento de las entidades encargadas de investigar y establecer las responsabilidades correspondientes.

Solicitud para reanudar el empalme

Otro de los aspectos abordados en el pronunciamiento fue la suspensión del proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el equipo del presidente electo. Sobre ese punto, las organizaciones sostuvieron que dicho mecanismo no constituye una concesión política entre administraciones, sino una herramienta diseñada para garantizar la continuidad del Estado.

“El proceso de empalme, por su parte, no es una concesión política entre gobiernos ni una decisión discrecional de quienes participan en él. Es un mecanismo diseñado para garantizar la continuidad de la administración pública, proteger los recursos del Estado y asegurar que el cambio de gobierno no afecte la prestación de servicios a la ciudadanía”, señala el comunicado.

Asimismo, advierte que la interrupción del empalme, sin importar las razones que la motiven, debilita las condiciones necesarias para una transición ordenada y para la estabilidad institucional, motivo por el cual considera indispensable que el proceso sea reanudado lo antes posible.

En la parte final del documento, las organizaciones hicieron un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que “en su condición de jefe de Estado saliente, respete las decisiones de las autoridades electorales y garantice que la transición se desarrolle con apego a la Constitución”. Paralelamente, invitaron al presidente electo Abelardo De La Espriella a mantener abiertos los canales de diálogo institucional que permitan culminar el empalme en beneficio del país.

El pronunciamiento también extendió el llamado a las altas cortes, los organismos de control, las autoridades electorales, el Congreso y los partidos políticos para que las diferencias sean resueltas dentro de las instituciones y no mediante la confrontación pública o las redes sociales.