
Desde Cúcuta, en Norte de Santander, el ministro de Defensa designado, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, aseguró que el 7 de agosto de 2026 se reactivarán las órdenes de captura contra los máximos responsables de organizaciones criminales en todo el país y que la medida responde a una instrucción presidencial.
“Claro, claro. El 7 de agosto se reactivan todas las órdenes de captura para todos los cabecillas a nivel nacional. Es la orden del Presidente”, afirmó. Además, sostuvo que la ofensiva se articulará con Fiscalía General de la Nación y planteó como eje la coordinación operativa con la Fiscalía General de la Nación.
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Las declaraciones se conocieron después de la sesión de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella con su equipo en Cúcuta, realizada en la mañana del 8 de julio de 2026.

Abelardo de la Espriella anuncia el desmonte de la Paz Total y la reactivación de órdenes de captura
El presidente electo Abelardo de la Espriella anticipó que su gobierno desmantelará la política de Paz Total impulsada por Gustavo Petro, asegurando que el esquema vigente representó “impunidad total” y facilitó el avance de grupos armados ilegales. En su segunda alocución el abogado afirmó: “El país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos de la falsa paz total”.
A partir del 7 de agosto, De la Espriella ordenará la revocatoria de beneficios concedidos a organizaciones armadas durante los procesos de negociación, y solicitará a la Fiscalía General la reactivación de las órdenes de captura suspendidas. Según su mensaje, las fuerzas militares y la Policía deberán hacer efectivas dichas órdenes de inmediato.
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Con este anuncio, el futuro mandatario dejó claro que su administración rechazará cualquier negociación que otorgue ventajas extraordinarias a los grupos armados. Solo se mantendrá, dijo, la opción del sometimiento a la justicia bajo las normas actualmente vigentes. De la Espriella puntualizó: “No habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos. No habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad”.
El presidente electo designará un equipo especial para desarmar la estructura jurídica de la Paz Total. Este grupo tendrá como primera tarea revisar y revocar los acuerdos suscritos entre el gobierno saliente y las organizaciones ilegales. De la Espriella detalló que la administración anterior dejó una red de compromisos que incluyó zonas de desmilitarización, levantamiento de órdenes de captura y ceses al fuego con diferentes actores armados.
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También advirtió que los grupos ilegales cuentan con menos de un mes para acogerse al sometimiento judicial, antes de la entrada en funciones del nuevo gobierno. El plazo, explicó, coincide con la fecha de posesión presidencial y marca el fin de los beneficios extraordinarios: “A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla”.
La decisión de desmontar la Paz Total responde a la percepción de que la política debilitó la presencia institucional en las zonas donde operan organizaciones armadas. Según el presidente electo, la prioridad de su gobierno será recuperar el control territorial y restablecer la autoridad del Estado en esas regiones.
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El cambio de enfoque en la estrategia de seguridad fue uno de los ejes centrales del discurso. De la Espriella enfatizó que la revisión de los compromisos heredados será exhaustiva y que el Estado no renunciará a su función de garantizar la ley en todo el territorio nacional.
La postura del mandatario electo marca un giro respecto al modelo negociador de la administración anterior y plantea un escenario en el que las organizaciones armadas tendrán que decidir entre el sometimiento judicial o la reactivación de acciones penales en su contra.
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