
El Ministerio de Transporte confirmó que aplazará por un año la entrada en vigencia de siete reglamentos técnicos que modificarán las exigencias para vehículos, motocicletas y varios de sus componentes en Colombia.
La decisión fue adoptada mediante una resolución con el objetivo de garantizar una implementación técnicamente sólida, coordinada y respaldada por estudios especializados, evitando riesgos regulatorios y brindando mayor seguridad jurídica al sector automotor.
La medida significa que las nuevas normas no comenzarán a aplicarse en 2026, como estaba previsto, sino que entrarán en vigor entre agosto y octubre de 2027, mientras que algunos requisitos específicos relacionados con tecnologías de seguridad se implementarán gradualmente entre 2028 y 2030.
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¿Qué normas fueron aplazadas?
La resolución del Ministerio de Transporte cobija siete reglamentos técnicos expedidos en 2022, los cuales establecen nuevos requisitos para diferentes componentes de vehículos y motocicletas.
Los reglamentos aplazados corresponden a:
- Cintas retrorreflectivas para vehículos automotores, remolques y semirremolques.
- Llantas para motocicletas.
- Llantas para vehículos automotores.
- Sistemas de frenado para vehículos automotores.
- Sistemas de frenado para motocicletas.
- Acristalamientos o vidrios de seguridad.
- Sistemas de retención, incluidos algunos elementos relacionados con cinturones de seguridad.
Cada uno tendrá una nueva fecha de entrada en vigencia entre agosto y octubre de 2027, mientras que algunos requerimientos tecnológicos avanzados serán exigibles entre 2028 y 2030, conforme al cronograma establecido en la resolución.

¿Por qué se aplazaron las nuevas normas?
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la decisión no responde a la eliminación de los reglamentos, sino a la necesidad de terminar estudios técnicos que permitan aplicar la regulación con mayor rigor.
Uno de los principales análisis está siendo desarrollado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en coordinación con el Viceministerio de Transporte. El estudio busca determinar cómo coexistirán en Colombia dos de los principales estándares internacionales de seguridad vehicular:
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- Las reglamentaciones técnicas de Naciones Unidas (Foro WP.29).
- Los estándares Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) de Estados Unidos.
El objetivo es definir cuál será el modelo regulatorio más adecuado para el país, teniendo en cuenta criterios técnicos, jurídicos, económicos y de competitividad para fabricantes, importadores y consumidores.
También influyó el proceso de empalme institucional
El Ministerio explicó que el aplazamiento también tiene en cuenta el proceso de empalme institucional, con el propósito de garantizar que la transferencia del conocimiento técnico y regulatorio se realice de manera organizada.
Según la entidad, esta transición permitirá fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones involucradas y reducir el riesgo de inconvenientes durante la implementación de unas normas consideradas estratégicas para la seguridad vial del país.

No habrá vacíos normativos
Uno de los aspectos que más aclaró el Ministerio es que el aplazamiento no significa que desaparezcan las exigencias técnicas actuales.
Durante todo el periodo de transición continuarán vigentes los reglamentos técnicos que hoy regulan estos productos, por lo que fabricantes, importadores, comercializadores y organismos certificadores deberán seguir cumpliendo las normas existentes.
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Esto significa que no se reducen los requisitos de seguridad ni quedan sin regulación componentes como llantas, frenos, vidrios o sistemas de retención.
Además, el Gobierno confirmó que seguirá reconociendo los estándares internacionales actualmente aceptados, garantizando estabilidad para el sector automotor mientras concluyen los estudios técnicos.
Las razones detrás de la decisión
El Ministerio recordó que estos reglamentos ya habían sido aplazados anteriormente, debido a las dificultades para armonizar los requisitos de los estándares internacionales que servirán como base para su implementación.
Asimismo, de acuerdo con Portafolio, explicó que el nuevo aplazamiento responde a solicitudes formuladas por distintas entidades y representantes del sector automotor, entre ellos:
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- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Gremios del sector automotor colombiano.
- Organizaciones representativas de Estados Unidos.
- Representantes de la Unión Europea.
- Delegados de Japón, Brasil, México y Argentina.
Las observaciones presentadas por estos actores buscan que las nuevas exigencias sean compatibles con los diferentes estándares internacionales utilizados por los fabricantes, evitando barreras innecesarias para la importación y comercialización de vehículos.
¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas exigencias?
Con la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, los siete reglamentos técnicos comenzarán a aplicarse entre agosto y octubre de 2027.
Sin embargo, algunas disposiciones relacionadas con tecnologías avanzadas de seguridad, especialmente en materia de sistemas de frenado y otros componentes, entrarán en vigor de forma escalonada entre 2028 y 2030, dependiendo del tipo de vehículo y del requisito técnico correspondiente.

El Gobierno insiste en que busca una regulación más sólida
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que el propósito del aplazamiento es garantizar que las nuevas normas entren en funcionamiento con todas las garantías técnicas y jurídicas.
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“Nuestro compromiso es que los reglamentos técnicos entren en vigor con todas las garantías para el país. Esta decisión nos permite culminar los estudios especializados, fortalecer la coordinación institucional y asegurar que Colombia implemente una regulación moderna, técnicamente sustentada y alineada con los más altos estándares internacionales de seguridad, protegiendo la vida de los ciudadanos y brindando seguridad jurídica a todos los actores del sector automotor”, afirmó la funcionaria.
Con esta decisión, el Ministerio de Transporte sostiene que no se suspenden las mejoras en seguridad vehicular, sino que se amplía el plazo para garantizar que la implementación de las nuevas normas esté respaldada por evidencia técnica, criterios jurídicos claros y una adecuada coordinación institucional, buscando fortalecer la seguridad vial y la competitividad del sector automotor colombiano sin generar incertidumbre para fabricantes, importadores y usuarios.
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