Concejales de Cali podrían terminar en la cárcel por problemas en la elección del contralor: qué fue lo que pasó

Las tensiones en el Concejo de Cali continúan escalando tras la citación judicial de dos concejales, quienes deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por su presunto papel en la frustrada elección del contralor distrital.

El procedimiento, que buscaba designar al responsable del control fiscal para el periodo 2026-2029, se vio envuelto en una serie de maniobras administrativas y disputas legales que han impedido su conclusión.

El ente investigador citó a Andrés Escobar y Daniella Plaza a una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, programada para el martes 4 de agosto de 2026 a las 8:45 a. m.

Ambos formaban parte de la Mesa Directiva del Concejo cuando este decidió dejar sin efectos la terna de candidatos y reiniciar el proceso, pese a que ya existía una convocatoria avanzada.

La controversia se intensificó por denuncias de presuntas presiones sobre los concejales y repetidos cuestionamientos a las decisiones de la Mesa Directiva.

La investigación de la Fiscalía se enfoca en determinar si los miembros de la Mesa Directiva actuaron sin justificación legal al interrumpir el proceso de selección. El ente acusador argumenta que no existían impedimentos suficientes para frenar la elección, lo que podría configurar una actuación irregular por parte de los concejales implicados.

Proceso fallido y advertencias de los organismos de control

El procedimiento para elegir al contralor de Cali estuvo marcado desde un principio por la incertidumbre. Tras la conformación de una terna de candidatos, el Concejo optó por dejarla sin efecto y reiniciar la convocatoria, lo que generó una ola de demandas y advertencias legales.

En medio de la polémica, la Procuraduría intervino para aclarar su postura. El organismo enfatizó que el Concejo mantenía autonomía plena para continuar con la elección y puntualizó: “Esta delegada no exigió anular la convocatoria; simplemente se advirtió del presunto riesgo para evitar futuras demandas ante el contencioso administrativo”. A pesar de esa aclaración, el Concejo no retomó el proceso, lo que prolongó el vacío en la Contraloría Distrital.

¿Qué dijo la presidenta del Concejo de Cali?

Daniella Plaza, presidenta del cabildo, fue una de las citadas junto con el vicepresidente, Andrés Escobar, tras ausentarse en la votación para elegir al contralor distrital.

A pesar de la citación judicial, Plaza afirmó que la audiencia es apenas una etapa ordinaria dentro de un procedimiento penal y que no implica una decisión firme en su contra. Esta precisión busca aclarar el alcance de la medida y evitar interpretaciones que anticipen un fallo.

La Fiscalía sostiene que la ausencia de los cabildantes en la votación podría constituir una posible falta, pero el proceso apenas inicia. Por ahora, la diligencia programada se limita a la presentación de cargos y no supone una sanción inmediata ni la destitución de los funcionarios.

Plaza defendió la legalidad de sus actuaciones durante todo el proceso de elección del contralor distrital: “En mi condición de presidenta del Concejo Distrital de Santiago de Cali, puedo afirmar con total tranquilidad que todas las decisiones adoptadas durante el proceso de elección del Contralor Distrital estuvieron fundamentadas en la Constitución, la ley y las competencias que corresponden a la Mesa Directiva”.

La cabildante insistió en que su gestión se ha sustentado siempre en criterios jurídicos y en garantizar el debido proceso, la transparencia y la seguridad jurídica.

Sobre el motivo de la ausencia en la votación, Plaza explicó que “las decisiones de ausencia se tomaron bajo la autonomía que la ley le da al Concejo de Cali”, y subrayó que ni los pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación ni los del Consejo de Estado dispusieron la suspensión del proceso de elección.

La presidenta del Concejo reiteró que acudirá a la cita judicial para aportar a la justicia, manifestando su confianza en el debido proceso: “Confío en que, en el marco del debido proceso, prevalecerá la verdad de los hechos”. Además, apeló al principio constitucional de presunción de inocencia y aseguró que continuará ejerciendo sus funciones con normalidad y dedicación.