La Fiscalía vinculó a Miguel Maza Márquez como coautor del magnicidio de Carlos Pizarro: por qué se abstuvo de dictar medida de aseguramiento

La Fiscalía resolvió, el martes el 7 de julio, que el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez seguirá libre mientras avanza la investigación por su presunta participación en el magnicidio de Carlos Pizarro Leongómez, cometido el 26 de abril de 1990, porque concluyó que no existen fines constitucionales que justifiquen una detención preventiva pese a mantener vigente su vinculación formal al proceso.

La decisión se tomó dentro de un expediente tramitado bajo la Ley 600, lo que permite al ente acusador definir la situación jurídica sin sustentar esa solicitud ante un juez.

El exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) quedó formalmente investigado como supuesto coautor de homicidio con fines terroristas, en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir.

La Fiscalía también valoró que Maza Márquez tiene 88 años y un cuadro médico que incluye insuficiencia renal terminal, diabetes mellitus con complicaciones renales, enfermedad renal crónica en etapa cinco y trastornos psicológicos y neurológicos.

Según el documento, esas condiciones exigen controles frecuentes, tratamientos continuos y soporte clínico permanente, y hacen “materialmente imposible cualquier escenario real de evasión”.

El ente investigador añadió que desde el crimen hasta hoy no encontró elementos que indiquen que el exfuncionario haya desplegado acciones para interferir, ocultar, destruir o entorpecer el recaudo probatorio.

En esa misma línea, sostuvo: “A ello se suma la inexistencia de subordinados que puedan ser presionados para modificar declaraciones, documentos o testimonios, porque el sindicado se encuentra desvinculado de cualquier estructura estatal desde el 5 de septiembre de 1991, y la desaparición del DAS, hace más de catorce años, elimina cualquier capacidad institucional para incidir en funcionarios, testigos o intervinientes”.

Sin embargo, la decisión no cerró el caso ni desvinculó a Maza Márquez. La Fiscalía reafirmó su condición de investigado y mantuvo abiertas las indagaciones sobre un presunto debilitamiento progresivo del esquema de protección de Pizarro, la filtración de información sobre sus desplazamientos y una posible articulación entre funcionarios del extinto DAS y estructuras paramilitares al mando de Carlos Castaño y Fidel Castaño.

De acuerdo con el expediente, esas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado y el posterior encubrimiento de sus responsables. El documento agrega que, según los protocolos de la época, el entonces director del DAS era el principal coordinador y quien ejercía control sobre los cambios en las medidas de protección otorgadas.

La Fiscalía sostuvo además que estaría acreditada la responsabilidad del exdirector del organismo en el “progresivo debilitamiento del esquema de protección del candidato Carlos Pizarro Leongómez, los cambios intempestivos de escoltas en fechas cercanas al magnicidio, el manejo directo y autónomo de la coordinación de seguridad y la desviación del curso de las investigaciones hacia hipótesis ajenas a los responsables reales”.

El expediente también ubicó a Maza Márquez en el control, coordinación y dirección de los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales de izquierda José de Jesús Antequera, asesinado el 3 de marzo de 1989, y Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado el 22 de marzo de 1990. Para la Fiscalía, esos hechos se alinean con las falencias atribuidas al DAS en otros crímenes políticos de la época.

Hace pocos meses, Maza Márquez recuperó la libertad tras pasar 12 años en prisión por su responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán. Quedó sometido a un período de prueba de 132 meses, 29 días y 13 horas, equivalente a cerca de 11 años y un mes, contados desde la suscripción del acta de compromiso y previa constitución de caución prendaria por cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Corte Suprema de Justicia determinó en ese caso que el entonces director del DAS apoyó a grupos paramilitares para que, junto con el Cartel de Medellín, asesinaran a Galán, al exconcejal Julio César Peñaloza Sánchez y al escolta Santiago Cuervo Jiménez, además de causar lesiones al escolta Pedro Nel Angulo Bonilla, en hechos ocurridos el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca.

Según la Corte, Maza hizo parte del plan para matar al dirigente político al debilitar su seguridad y nombrar como jefe de escoltas al teniente Jacobo Torregrosa, que, según la investigación, “no cumplía con los mínimos de experiencia para proteger al personaje público más amenazado del país para la época”. El tribunal concluyó que el oficial adoptó medidas para que el esquema quedara “vulnerable”.

El alto tribunal también documentó que, presuntamente gracias al apoyo del exdirector del DAS, se facilitó el ingreso a Colombia del israelí Yair Klein, que entrenó a integrantes de las autodefensas del Magdalena Medio a finales de los años 80, entre ellos a una de las personas señaladas de ser el asesino de Galán, Jaime Rueda Rocha.

Maza Márquez intentó someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero esa entidad lo rechazó en 2022 por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Ya lo había hecho en 2020 por el caso Galán, al considerar que esos hechos ocurrieron antes del marco temporal de competencia de la JEP.

Pizarro fue asesinado dentro de un avión en plena campaña presidencial

Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, fue asesinado el 26 de abril de 1990 a bordo del vuelo 532 de Avianca, que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla. Minutos después del despegue, un joven de 22 años identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe, alias “Jerry”, abrió fuego contra el candidato.

Pizarro fue trasladado a la clínica de la Caja Nacional de Previsión, en Bogotá, pero las heridas en la cabeza y el cuello le provocaron una hemorragia que derivó en un paro cardíaco. Durante el ataque, Jaime Ernesto Gómez Muñoz, escolta del candidato, disparó contra alias “Jerry”, que murió dentro del avión.

La Fiscalía confirmó en el documento que alias “Jerry” era primo de Andrés Arturo Gutiérrez Maya, el sicario que el 22 de mayo de 1990 asesinó a Bernardo Jaramillo Ossa en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, cuando iba a abordar un vuelo de Avianca con destino a Santa Marta.