El Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín ordenó la suspensión inmediata de la auditoría que adelantaba la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) sobre la Alcaldía de Medellín, luego de admitir una tutela del Distrito que plantea dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Esta decisión se produce en medio de una creciente confrontación institucional entre la administración de Federico Gutiérrez y la Supersalud, actualmente dirigida por el exalcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle.
La decisión judicial y sus fundamentos
De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el tribunal adoptó la medida cautelar al considerar que existen “cuestionamientos serios y plausibles” sobre la imparcialidad de la auditoría, iniciada por la Supersalud y ejecutada por varios exfuncionarios de la administración de Quintero.
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Entre los argumentos principales, el juzgado citó la negativa de la entidad a reconocer recusaciones presentadas en contra de Quintero Calle y de Juan David Duque, actual delegado para la protección del usuario en la Supersalud y exsecretario privado bajo la administración de Quintero en Medellín.
El fallo señala que la solicitud de medida provisional presentada por la Alcaldía de Medellín se dirige a evitar efectos que podrían ser irreversibles si la auditoría concluye antes de que se resuelva de fondo la tutela. El tribunal también advirtió que otorgar plazos insuficientes para responder a 56 requerimientos complejos podría afectar el ejercicio efectivo del derecho de defensa de la administración distrital.
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Contexto de la auditoría y conflicto institucional
La auditoría había sido ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud mediante el Auto 2026500030001493-7, con ejecución inmediata y ampliación hasta el 8 de julio de 2026.
Según detalló El Tiempo, la administración de Federico Gutiérrez argumentó en la tutela que la presencia de funcionarios vinculados a la anterior gestión municipal, así como la negativa a aceptar recusaciones, ponían en cuestión la transparencia del proceso.
El juzgado también tuvo en cuenta el principio de “peligro en la demora”, señalando que si la auditoría finalizaba antes de que se dictara una decisión de fondo, la protección constitucional solicitada quedaría sin efecto.
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Reacciones y antecedentes recientes
Tras conocerse la decisión judicial, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró a través de sus redes sociales que el fallo representa un límite a lo que calificó como “los abusos del Gobierno Petro”. Además, sostuvo que la suspensión de la auditoría demuestra que, según él, “hay pruebas de que no hay objetividad” en la actuación de la Superintendencia de Salud.
El mandatario también afirmó que la administración distrital seguirá respetando las instituciones y sus competencias, aunque señaló que, en su criterio, quienes lideran el proceso “no tienen autoridad moral para venir a montar persecuciones”. Finalmente, aseguró que “no nos vamos a dejar intimidar”.
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En contraste, la Superintendencia Nacional de Salud había presentado el 6 de julio una denuncia penal contra Gutiérrez y otros funcionarios del Distrito por presunta obstrucción a la auditoría y violencia contra servidor público.
Dudas sobre la imparcialidad y otras medidas cautelares
El tribunal consideró relevante que el Distrito allegó documentos y actuaciones administrativas que respaldaban los cuestionamientos sobre el rol de Quintero Calle y Juan David Duque en el proceso auditor, aunque aclaró que la medida adoptada es provisional y no implica una decisión definitiva sobre la legalidad de la auditoría.
Siguiente pasos en el proceso
La suspensión dictada por el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín implica que la auditoría permanecerá detenida hasta que se adopte una decisión de fondo en la acción de tutela. Tanto la Superintendencia Nacional de Salud como el Ministerio de Salud cuentan con un plazo de un día, tras la notificación, para presentar su defensa, aportar o solicitar pruebas.
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La suspensión es una medida provisional y no una definición sobre la legalidad de la auditoría, indicó el tribunal, y reiteró que el interés administrativo de la Supersalud resulta menos relevante que la protección del derecho fundamental al debido proceso del Distrito.
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