Eliminar las audiencias de imputación: en qué consiste la propuesta que estudia el próximo ministro de Justicia y tendría el apoyo de la Fiscalía

Mientras el país sigue conociendo el listado completo de quienes acompañarán al nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en su arranque de gobierno el próximo 7 de agosto, los ya designados empezaron a mostrar cuáles serían sus posibles ajustes en las respectivas carteras.

De hecho, en la mañana del miércoles 8 de julio, el recien nombrado ministro de Justicia, Iván Cancino, no descartó que se pueda modificar el actual sistema procesal penal de Colombia, eliminando uno de sus pasos para avanzar en las investigaciones contra presuntos responsables de delitos

Según indicó el próximo funcionario, su propuesta consiste en omitir las audiencia de imputación de cargos contra presuntos responsables. En una entrevista concedida a Caracol Radio, el funcionario aseguró que este ajuste permitiría optimizar recursos y reducir la carga procesal del sistema judicial.

El objetivo central es agilizar los trámites y evitar procedimientos que, según Cancino, han perdido relevancia. El ministro argumentó que la audiencia de imputación resulta innecesaria cuando el juez de control de garantías no tiene la facultad de realizar un análisis material y profundo sobre la imputación que presenta la Fiscalía.

“Si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”, expresó Cancino durante la entrevista radial.

En la práctica, la propuesta contempla que, si no se solicita una medida de aseguramiento, informar sobre la existencia de una investigación podría convertirse en un trámite breve. Cuando la Fiscalía pida una medida restrictiva, la audiencia que se convoque para analizarla serviría también para comunicar los cargos correspondientes.

La iniciativa responde a la búsqueda de un sistema más eficiente, según lo señaló Cancino: “Es uno de los puntos en los que creemos que podemos ahorrar muchísimo esfuerzo”.

El ministro insistió en que la medida no es definitiva y que su discusión incluirá a la fiscal general, el presidente de la República, los magistrados de las salas de instrucción, juzgamiento y casación, la Fiscalía y los jueces de control de garantías.

El debate sobre la pertinencia de la audiencia de imputación será colectivo y, según anunció Cancino, tendrá en cuenta las opiniones de quienes ejercen como jueces de control de garantías para identificar mecanismos que permitan una justicia “mucho más efectiva y tranquila”.

Entretanto, el designado ministro de Justicia afirmó que el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella impulsará desde el 7 de agosto de 2026 la construcción de 10 megacárceles en Colombia como eje de una reforma penitenciaria que, según dijo, buscará reducir el hacinamiento, contener la corrupción y reemplazar prisiones que hoy no garantizan los derechos de las personas privadas de la libertad.

El plan contempla nuevas cárceles para internos de alta peligrosidad, aunque con un esquema que, de acuerdo con el futuro funcionario, incluirá programas de resocialización y reinserción. También prevé que esas edificaciones entren a sustituir centros penitenciarios que, a su juicio, carecen de capacidad para ofrecer condiciones dignas.

Cancino sostuvo que la iniciativa forma parte de las tareas que asumirá al frente de la cartera de Justicia tras su designación por parte de De la Espriella. La propuesta de las 10 megacárceles ya había sido mencionada por el presidente electo durante la campaña presidencial.

“El programa de megacárceles del presidente será o tratará de ser una realidad lo más pronto posible, no para meter a todo el mundo a la cárcel, sino para tratar de alivianar también esas claras circunstancias”, dijo al medio Caracol Radio.

Cancino explicó que el uso de estas prisiones no será indiscriminado y que se hará una evaluación detenida de cada caso. Añadió que, en principio, estarían dirigidas a los delincuentes más peligrosos del país, en especial a quienes continúan delinquiendo.

“Esos delincuentes más peligrosos tienen que tener un tratamiento diferenciado, sobre todo los que siguen delinquiendo. Pero eso no implica imponerles una violación a derechos humanos (...) las megacárceles van a solucionar un problema también de hacinamiento, a dar más dignidad, más espacio, más productivo para ciertos presos, pero obviamente que los de máxima seguridad tendrán un tratamiento que pida que delincan sin violarle ningún derecho fundamental o garantía”, señaló