Equipo de Abelardo de la Espriella analiza polémico decreto de la Cancillería que aumentó primas a funcionarios hasta por $670 millones

El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta una revisión exhaustiva de más de 100 actos administrativos firmados en la Cancillería durante la administración de Gustavo Petro.

El foco está puesto en decisiones recientes que han generado polémica, como el aumento de primas para funcionarios consulares y los convenios para la fabricación de pasaportes.

Según información conocida por el diario El Tiempo, entre los puntos más sensibles que recibirá el equipo de empalme, liderado por la exembajadora de Colombia en China Mariana Pacheco, se encuentra el decreto 0819, firmado por la actual ministra Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda Germán Ávila. Esta norma modificó el cálculo de la prima de costo de vida para los funcionarios consulares, permitiendo que en ciudades donde la ONU no emite multiplicador se use el de la capital del país de traslado, lo que puede traducirse en pagos de hasta 670 millones de pesos por persona.

Según reveló el diario nacional, el comité de empalme ya cuenta con un paquete de 141 resoluciones y 43 decretos que serán sometidos a control. Estos documentos abarcan desde la apertura de consulados honorarios hasta modificaciones en la planta de personal y ajustes en los porcentajes de primas técnicas.

Las nuevas autoridades evaluarán si estos movimientos se justifican por necesidades del servicio o si podrían representar desvíos de poder, lo que abriría la puerta a posibles procesos disciplinarios, fiscales y judiciales.

La revisión incluye también el proceso de fabricación de pasaportes, un convenio con Portugal y la Imprenta Nacional que está actualmente demandado por la Procuraduría. La acción popular interpuesta busca revocar el acuerdo tras detectar vicios de fondo y forma. Además, el Consejo de Estado acaba de declarar improcedente una tutela presentada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, manteniendo en curso la demanda principal.

Nombramientos recientes y el reto de revertirlos

El nuevo gobierno deberá analizar si los recientes traslados y nombramientos en misiones diplomáticas responden a verdaderas necesidades institucionales o si fueron motivados por intereses distintos.

Entre las personas designadas figuran Elvira Sanabria, quien pasó de la Secretaría General a cónsul en Nueva Loja (Ecuador), y otros funcionarios que asumieron cargos en Venezuela, Panamá, Barquisimeto y otros destinos internacionales.

La normativa vigente podría dificultar la reversión inmediata de estos nombramientos, ya que el pago de primas tan elevadas implica que los funcionarios no pueden ser trasladados nuevamente durante el año siguiente sin generar un detrimento patrimonial.

“Eso implica que esa persona no podría ser trasladada en el año siguiente porque se causaría un detrimento patrimonial, atornillando a los designados por 365 días”, explicó una fuente interna a El Tiempo.

La nueva administración revisará cada resolución y decreto expedidos en la recta final del gobierno anterior, con especial atención a los movimientos en la carrera diplomática y los contratos asociados a la expedición de pasaportes. Las justificaciones de cada decisión serán analizadas para determinar si existió un uso legítimo de la potestad administrativa o si se configuró algún tipo de irregularidad.