La Defensoría del Pueblo se pronunció tras la interrupción del proceso de empalme presidencial en Colombia y el desconocimiento público de los resultados electorales por parte del presidente Gustavo Petro y el senador y excandidato Iván Cepeda.
En medio de una creciente tensión institucional, la defensora Iris Marín dirigió un llamado urgente a todas las fuerzas políticas para asegurar una transición ordenada y respetuosa.
Las declaraciones recientes del mandatario saliente y del excandidato Cepeda han generado inquietud, según la funcionaria. Ambos dirigentes, al poner en duda la legitimidad de los comicios que dieron la victoria a Abelardo de la Espriella, instaron a la desobediencia civil, mientras que el equipo de empalme del presidente electo suspendió el proceso de transición.
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“El desconocimiento público de los resultados oficiales y la interrupción del proceso de empalme generan una tensión institucional que debe superarse en favor de una transición que ponga en el centro las necesidades del país y de todas las personas que lo habitan”, afirmó iris Marín.
El organismo que dirige hizo un llamado explícito a restablecer las condiciones para una transición responsable, recordando que la continuidad del funcionamiento estatal depende de este proceso.
La Defensoría explicó que la crisis institucional se originó cuando el sector oficialista, liderado por el presidente Gustavo Petro, desconoció la legitimidad del presidente electo y detuvieron el empalme.
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La Defensoría insiste en que la transición presidencial debe realizarse conforme a la Constitución y la ley, y advierte que cualquier controversia debe tramitarse a través de los mecanismos judiciales e institucionales previstos, y no mediante llamados a la confrontación.
La postura de la Defensoría sobre el proceso electoral y los desafíos del país
Asimismo, la Defensoría advirtió que las autoridades electorales ya declararon oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo. Por ello, instó tanto al Gobierno saliente como a los sectores políticos que lo apoyan a aceptar los resultados y canalizar cualquier inconformidad por las vías legales. “La estabilidad institucional es una garantía para los derechos de toda la ciudadanía”, enfatizó Marín.
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El organismo pidió a quienes ejercen liderazgos políticos que restablezcan el proceso de empalme, indispensable para la continuidad de los servicios públicos que reciben millones de personas.
Insistió en que la transición no es una potestad política sino una obligación legal, y que debe estar orientada al interés general, dejando de lado auditorías o confrontaciones ajenas a los órganos de control.
La Defensoría también advirtió que las diferencias entre quienes ocupan cargos de responsabilidad pública no deben desplazar los problemas estructurales del país de la agenda central. Entre ellos figuran la violencia persistente, la pobreza, las dificultades de acceso a salud y educación, y las violencias basadas en género.
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Los desafíos de derechos humanos, protección ambiental y oportunidades para la juventud requieren, según la entidad, de un Estado enfocado y de dirigentes con altura institucional.
Reunión solicitada y prioridades para el nuevo Gobierno
Además del pronunciamiento público, Iris Marín envió una carta al presidente electo y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, solicitando una reunión formal. Según indicó el organismo, el objetivo es entregar en persona el documento “Decisiones Impostergables en materia de Derechos Humanos”, elaborado por la Defensoría con recomendaciones para enfrentar los principales desafíos del país.
El texto detalla cuatro ejes temáticos: desigualdad estructural y exclusión, violencia armada y garantías democráticas, degradación ambiental y derechos de la naturaleza, y reforma rural integral.
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La defensora expresó su expectativa de que este diálogo institucional permita fortalecer la protección de los derechos humanos y sentar bases para un futuro mejor en Colombia.
La Defensoría ratificó su disposición a mantener relaciones respetuosas, armónicas e independientes con el nuevo Gobierno, siempre en defensa de los derechos humanos y la institucionalidad.
En el cierre de la misiva, Marín reiteró: “Ningún interés político puede estar por encima de la Constitución, de las instituciones democráticas ni de los derechos humanos de más de cincuenta millones de personas que habitan Colombia”.
La institución ve en este momento de tensión una oportunidad para fortalecer la democracia, siempre que se prioricen los derechos de la ciudadanía y el interés general en la transición presidencial.
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