Abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella afirmó que Petro estaría incurriendo en delito grave por no reconocer al presidente electo: podría pagar cárcel

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insiste en la idea de un supuesto fraude electoral, “por vía algorítmica”, en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. Además, afirmó que no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante y por eso convocó a una movilización nacional el 20 de julio de 2026.

En su mensaje en X, el jefe de Estado saliente sostuvo que la presunta manipulación habría alterado el resultado de los comicios en favor de Abelardo de la Espriella, el presidente electo según lo confirmó el Consejo Naciona Electoral (CNE).

Petro aseguró, hasta ahora sin presentar pruebas, que algunas personas pudieron votar hasta siete veces con identidades de ciudadanos que no acudieron a las urnas. Adicionalmente, expuso que esas irregularidades se habrían registrado en mesas del exterior y en zonas de Antioquia, Medellín, Norte de Santander y el norte de Bogotá.

La denuncia fue presentada como “el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española en los años de la Patria Boba”. En ese mismo mensaje afirmó que dispone de información que, según su versión, demostraría una alteración informática del escrutinio.

En su versión, los algoritmos se habrían usado desde un servidor IP ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, que atribuyó a los hermanos Bautista y que siempre estaba integrado en la operación de escrutinios. El mandatario saliente sostuvo que esos sistemas sustituyeron en el censo electoral a personas que nunca votan por otras que sí podían hacerlo varias veces o en mesas con jurados homogéneos.

En efecto, sostuvo que Colombia enfrenta un fraude electoral con financiación extranjera prohibida por la Constitución Política. Bajo esa premisa, Petro aseguró que el verdadero vencedor de las elecciones fue Iván Cepeda.

El delito que estaría cometiendo Petro por no reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella

Frente a la narrativa de fraude electoral expuesta por el saliente jefe de Estado, Germán Calderón España, abogado de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella advirtió en sus redes sociales las implicaciones legales que pueden tener las declaraciones de Gustavo Petro.

Conforme a lo expuesto por el togado, tras la jornada de escrutinio y conteo de votos, tanto la Registraduría General del Estado Civil como el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconocieron al líder del movimiento Defensores de la Patria como el ganador de los comicios presidenciales, por lo que el jefe de Estado estaría incurriendo en el delito de fraude a resolución judicial.

“🔔🔔🔔 Si el escrutinio realizado por los jueces de la República dio lugar a la expedición de una credencial por parte del CNE al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo , cualquier desconocimiento a esas resoluciones judiciales y administrativas se traduce en la incursión del delito de Fraude a Resolución Judicial porque representa un incumplimiento de una obligación impuesta por las autoridades competentes. OJO! ‼️‼️‼️”, escribió en X.

El delito al que se refiere el abogado Calderón España está identificado en el Código Penal. “El artículo 454 del Código Penal colombiano (modificado por el artículo 47 de la Ley 1453 de 2011) tipifica el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía”.

Este artículo sanciona a quien, mediante maniobras o artificios, eluda el cumplimiento de obligaciones impuestas por autoridades judiciales o administrativas. La pena establecida es de prisión entre uno y cuatro años, junto con multas de cinco a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

“ARTÍCULO 454. FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE POLICÍA. <Artículo modificado por el artículo 47 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, establece el Código Penal.