Víctimas del conflicto en Colombia tardarían 62 años en recibir indemnización, según Comité de Seguimiento: “No va a haber presupuesto que alcance”

En medio de las fuertes tensiones que existen en el país por cuenta de la continudad en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016, en la mañana del jueves 2 de julio de 2026 se conoció un dato que pondría en jaque la reparación a las víctimas del conflicto armado.

Las personas que ya fueron acreditadas en el proceso en Colombia tardarían más de 62 años en ser indemnizadas si se mantiene el ritmo actual, advirtió Julia Cogollo, presidenta del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CSM), en una entrevista con la revista Cambio.

La dirigente vinculó ese atraso con un universo de más de 10,2 millones de personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, además de los escasos mecanismos para avanzar con las reparaciones por parte del Estado.

Cogollo señaló que esa proyección surge del desfase entre la cantidad de víctimas registradas y la capacidad estatal de indemnización. Según explicó, el cálculo parte del ritmo actual de reparación para una población que ya supera los 10,2 millones de personas, pero que sigue incrementando tras la nueva ola de violencia que se ha vivido en los últimos años.

“si se maneja el ritmo actual y la periodicidad que se ha venido utilizando hoy para el número de víctimas que tenemos, necesitaríamos 62 años. Eso es alarmante, pero es aún más alarmante que este país sigue produciendo víctimas. Entonces, el gran llamado es: ¿qué hacemos para parar la producción de víctimas? Porque no va a haber presupuesto que alcance para indemnizar ni en 62 ni en 70 años las víctimas, si no paramos la producción de ellas", señaló Cogollo a la revista Cambio.

Entretanto, el sexto informe del comité, presentado cuatro años después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, señala que la estructura institucional diseñada hace 15 años quedó desbordada ante un universo de víctimas diez veces superior a la proyección inicial.

El informe también indica que la Contraloría General calcula en 303,9 billones de pesos la inversión necesaria entre 2025 y 2031 para reparar al universo actual de víctimas. Además, precisa que el 43% de las víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no figuran en el Registro Único de Víctimas.

Avances legales y falta de recursos para hacerlos cumplir

Cogollo reconoció que en los últimos cuatro años hubo avances normativos, aunque remarcó que ese andamiaje no resuelve por sí solo la reparación. “En los últimos cuatro años se logró consolidar un avance normativo bastante importante frente al tema de víctimas, pero ese fortalecimiento jurídico debe estar acompañado por transformaciones institucionales”, señaló a la revista.

Sobre el Conpes 4180, la presidenta del comité dijo al medio que abre una ruta presupuestaria para las víctimas de desplazamiento forzado. “La expedición del Conpes es una gran posibilidad porque proyecta y deja unas claridades de cuánto realmente tiene que conseguir del gobierno para poder transformar las condiciones de las víctimas de desplazamiento forzado”.

También destacó su alcance fiscal y su utilidad para la siguiente administración. “Está hablando de COP 10,2 billones que definitivamente le va dando una orientación al nuevo gobierno de qué tiene que gestionar, qué tiene que conseguir para lograr las soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado”.

Al abordar el cambio de gobierno, Cogollo afirmó que la principal preocupación está en las garantías de no repetición y en el rumbo de la política de seguridad ahora que se ha hablado de un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para combatir grupos armados.

“No vemos con las propuestas que se han hecho de mano dura y arremetida militar —que para mí no son formales todavía porque el Gobierno no se ha posesionado— creo que hay bastante desesperanza en los territorios por lo que se ve venir”, señaló Cogollo a Cambio.

La dirigente recordó que las comunidades ya han atravesado ciclos prolongados de guerra. También señaló que construyeron estrategias de autoprotección y de resistencia pacífica frente al conflicto armado.

“Creo que hay que hacer un llamado al gobierno a la no confrontación, a los diálogos con los distintos actores armados que hay en este territorio”, señaló.

El diagnóstico de Cogollo incluye el efecto de los mensajes públicos sobre poblaciones que ya viven bajo amenaza. “En este momento, todos los mensajes del presidente electo desde su elección han sido de terror y a la gente que ya tiene miedo, se le aceleran esos miedos”.

Lo que el próximo gobierno debería priorizar

En la parte final de la conversación, la presidenta del comité situó la discusión en la capacidad real del Estado para ejecutar lo ya aprobado. “El próximo Plan de Desarrollo debería asumir como prioridad el fortalecimiento del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas con una estrategia financiera y administrativa que esté acorde con la magnitud del desafío”.

Cogollo sostuvo que el reto no pasa por seguir acumulando reconocimientos formales, sino por garantizar los ya existentes y traducirlos en cambios reales para las víctimas. También afirmó que el nuevo gobierno contará con organizaciones y comunidades de los territorios que apuestan por la paz.

La dirigente cerró su mensaje con una exigencia de fondo para la próxima administración: las decisiones públicas deben poner en el centro la protección de la población y una vida sin miedo.