JEP remitió a la justicia internacional el caso contra siete exmiembros del secretariado de las Farc por secuestro: de qué se trata

La sanción de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los siete últimos excomandantes del Secretariado de las Farc acogidos al Acuerdo de Paz de 2016 ya fue comunicada al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

La JEP presentó esta sentencia con el propósito de dejar constancia de las obligaciones del Estado colombiano de enjuiciar, sancionar y buscar la ejecución de fallos por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La comunicación también incluyó otra sentencia contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa.

La decisión se conoció en una rueda de prensa en la que el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Sección de Apelación de la JEP, explicó el alcance de esas comunicaciones, según Semana.

Los fallos ratificados el 1 de julio fueron remitidos a esas instancias para su conocimiento. Cifuentes afirmó que, cuando la JEP emite sanciones definitivas, el Estado queda obligado a garantizar su cumplimiento. Según el medio citado, esa exigencia recae sobre el Gobierno y sus entidades.

¿Qué obligaciones impone la JEP al Estado?

El magistrado señaló que “La efectividad de la sanción propia impone al Gobierno nacional y a sus entidades el deber de apropiar los recursos presupuestales necesarios y garantizar operativamente la ejecución de los proyectos restaurativos determinados, las sanciones propias”.

También comparó esa carga con lo que ocurre en la justicia penal ordinaria. “De la misma forma que la justicia penal ordinaria demanda del Gobierno la creación, gestión y puesta a disposición de cupos carcelarios, en la justicia transicional el Gobierno debe disponer lo necesario para que los responsables de crímenes graves desarrollen los trabajos y tareas en favor de las víctimas”.

La advertencia sobre impunidad y la responsabilidad internacional

Cifuentes advirtió, en declaraciones recogidas por Semana, que si eso no ocurre, la sanción pierde efectividad. “De lo contrario, la sanción deja de ser efectiva y se vulneran los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y el Estado deja impunes crímenes de guerra y lesa humanidad, con lo que además se compromete su responsabilidad internacional”.

Ese pronunciamiento apareció mientras sigue sobre la mesa la propuesta del presidente electo Abelardo de La Espriella de eliminar la JEP.

También se planteó revisar la entrega de recursos del Estado al tribunal para su funcionamiento. La publicación, Semana, señaló que ese asunto es uno de los puntos centrales del equipo de empalme designado recientemente por el presidente electo para revisar el uso de esos recursos públicos.

El general retirado Adolfo León Hernández admite ante la JEP su responsabilidad en falsos positivos en la Costa Caribe

El brigadier general retirado Adolfo León Hernández admitió ante la JEP su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en la Costa Caribe, y anunció que entregará las medallas que recibió por esos resultados, en un proceso que ya suma ocho generales retirados del Ejército Nacional que aceptan su participación en estos crímenes.

El reconocimiento se da dentro del subcaso Costa Caribe, en el que la Jurisdicción Especial para la Paz documentó que 604 personas fueron asesinadas y reportadas ilegítimamente como muertas en combate en siete departamentos entre 2002 y 2008. El magistrado Óscar Parra Vera, relator del expediente, explicó que el universo de víctimas en la región asciende a unas 750 personas.

Según El Tiempo, Hernández hará parte de las audiencias públicas en las que 25 militares ratificarán ante las víctimas, la justicia y el país los reconocimientos que ya habían entregado por escrito. La primera jornada se realiza en Barranquilla entre el 30 de junio y el 1 de julio, y la segunda será en Valledupar los días 28, 29 y 30 de julio.

Solo siete de los 25 comparecientes habían sido condenados antes por estos hechos en la justicia ordinaria. El caso de Hernández añade un elemento particular: no había sido investigado ni tenía decisiones en su contra por estos crímenes fuera de la justicia transicional.