Gobierno advierte riesgo en acuerdo de paz tras suspensión de mesa con Coordinadora Ejército Bolivariano

El Gobierno nacional advirtió que la suspensión provisional de la resolución que dio origen a la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano puede poner en riesgo los avances alcanzados durante casi dos años de negociación. La reacción fue entregada por Armando Novoa, jefe de la delegación oficial, quien defendió la continuidad de los compromisos ya ejecutados y aseguró que varios resultados del proceso no pueden deshacerse.

En diálogo con Blu Radio, Novoa dijo que respeta la decisión del Consejo de Estado, pero la calificó como tardía frente al desarrollo que ha tenido el proceso en Nariño y Putumayo. Según el funcionario, los acuerdos de desescalamiento ya tuvieron efectos en los territorios y sería jurídicamente inviable volver al punto previo a su implementación.

El jefe negociador señaló que la providencia aún no ha sido conocida en su integridad por la delegación, pero anticipó que el Gobierno acudirá a los recursos previstos en la ley para controvertirla. Para Novoa, la decisión puede generar un impacto grave sobre los resultados logrados, por lo que el Ejecutivo revisará su alcance jurídico y usará los mecanismos de impugnación contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo.

Gobierno defiende acuerdos ya ejecutados

Novoa insistió en que la suspensión de la resolución expedida en 2024 no invalida los compromisos que ya se llevaron a la práctica. Entre ellos mencionó la destrucción de material explosivo, la existencia de una zona de ubicación temporal y la permanencia de 99 personas que renunciaron a las armas dentro de ese espacio.

El funcionario afirmó que no tendría sentido terminar esa zona y expulsar a quienes ya ingresaron al proceso, pues eso significaría devolverlos a la ilegalidad y exponerlos nuevamente a dinámicas de violencia. Por eso, defendió que la zona de ubicación temporal fue producto de un trabajo técnico y no una medida improvisada.

Según explicó, ese mecanismo fue pactado desde mayo de 2025 y, entre ese mes y diciembre, se construyeron más de diez protocolos con acompañamiento del sector Defensa y del Ministerio de Defensa. Novoa sostuvo que la zona ya está bajo control del Estado y de las autoridades, y que su funcionamiento no depende necesariamente de la continuidad de la mesa.

El jefe negociador también aclaró que el proceso suspendido por el Consejo de Estado corresponde a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y no a la Segunda Marquetalia. Recordó que esa estructura surgió tras una escisión y que, después de la ruptura, el Gobierno expidió en junio de 2025 una resolución para designar negociadores con el nuevo grupo.

Novoa pide preservar avances territoriales

Entre los principales resultados, el delegado del Gobierno destacó una reducción cercana al 50 % de las muertes violentas relacionadas con el conflicto armado en Nariño y Putumayo, al comparar las cifras entre 2024 y 2025. También resaltó la destrucción de 15 toneladas de material de guerra como parte de los acuerdos alcanzados.

Otro avance mencionado fue el respaldo del grupo armado al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Según Novoa, en Putumayo se inscribieron cerca de 14.000 familias en el programa Renacemos y, a partir de las condiciones creadas desde la mesa, se erradicaron voluntariamente cerca de 8.000 hectáreas de hoja de coca en los últimos seis meses.

Frente al futuro del proceso, el funcionario afirmó que el Gobierno acatará la decisión judicial, pero buscará mantener la voluntad de diálogo y preservar los resultados obtenidos. También señaló que espera entregar al próximo Gobierno y a sus comisiones de empalme un informe completo sobre los logros de la mesa, para que sean valorados de manera responsable.

Novoa rechazó además versiones según las cuales desde la mesa se habrían impartido instrucciones para reducir operaciones militares contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Aseguró que nunca se pactó un cese bilateral al fuego y que la Fuerza Pública no tuvo limitaciones para desplegar operaciones de control territorial. Según explicó, solo hubo suspensiones puntuales y temporales para facilitar traslados de integrantes del grupo hacia lugares de reunión.