Del empalme presidencial a la revisión de $19.439 millones: ministros, notarios y nuevas dudas en la Superintendencia de Notariado y Registro

La revisión del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de La Espriella puso bajo la lupa a la Superintendencia de Notariado y Registro por nombramientos recientes de notarios y por un proceso en estudio para infraestructura tecnológica y consultoría estratégica que ascendería a $19.439 millones.

La revisión abarca designaciones en notarías de Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cáqueza, Cartagena, Pasto, Barrancabermeja, Pitalito, Bucaramanga y Cali, varias de ellas con la firma del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, según El Tiempo.

También se examinará la pertinencia de un proceso en estudio que aún no aparece en Secop II. Mientras tanto, el superintendente Ricardo Agudelo sostuvo ante el medio mencionado que los nombramientos se ajustan a la ley y que, en tecnología, no existe todavía un proceso contractual en curso sino un estudio de mercado.

Agudelo defendió las designaciones al sostener que buscan garantizar la continuidad del servicio, que la entidad puede hacer nombramientos en provisionalidad ante la falta de una lista de elegibles vigente con base en el artículo dos de la Ley 588 de 2000 y que se trata de trámites administrativos que venían en curso y se hicieron con cumplimiento de los requisitos legales.

“Los nombramientos de notarios obedecen estrictamente a la necesidad de garantizar la continuidad y la debida prestación del servicio público notarial, motivados por la configuración de diversas causales de vacancia en los cargos”, dijo al medio citado.

Los nombramientos que quedaron bajo revisión

La relación de decretos obtenida por El Tiempo arranca el 20 de enero, cuando fue nombrado Óscar Fernando Mesa Granados como notario 10 de Bogotá en interinidad.

Ese mismo mes, según el diario, se aceptó la renuncia de José Ritter López Peña en la notaría novena de Cali y fue nombrado en la notaría quinta, también en interinidad.

El 20 de febrero, ocrurrió el nombramiento de Nancy Santo Domingo Guarín como notaria sexta de Bucaramanga en calidad de interina.

El medio indicó que la abogada venía del Departamento para la Prosperidad Social. La lista siguió el 18 de marzo con Karen Tatiana Jaramillo Parra designada como notaria cuarta de Pasto en interinidad, y el 28 de abril con Alejandro Páez Estrada como notario 30 de Bogotá.

El diario agregó que, de acuerdo con la Superintendencia, Páez ya venía de otra notaría. La mayor concentración de designaciones aparece en mayo y junio.

El siete de mayo fueron nombrados Luz Marina Arias Ospina en la notaría 22 de Medellín y Julián René Romero en la notaría 19 de Bogotá, mientras que el ocho de mayo fue designada Yeny Paola Garzón Reyes como notaria 37 de Bogotá.

Sobre Garzón Reyes, El Tiempo señaló, con base en fuentes de la propia Superintendencia, que sería cercana al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.

El diario también incluyó entre los nombres a Adriana María Mejía Aguado, a quien ya había identificado como amiga de la primera dama Verónica Alcocer, y al exsupersociedades Billy Escobar. El 30 de mayo, un día antes de la primera vuelta presidencial, Erika Andrea Macías Cárdenas fue designada en interinidad como notaria 38 de Bogotá, según El Tiempo. El mismo medio precisó que ya ocupaba la notaría 14 de la capital.

La jornada del 2 de junio reunió varios movimientos, siempre según El Tiempo. Ese día fueron nombrados Demieman Davet Patiño Sánchez en la notaría cuarta de Cúcuta, Diana Isabel Aldana Moreno como notaria única de Cáqueza, Yamile Franco Jaramillo en la notaría 25 de Medellín y Eduar Yobany Castro Baquero en la primera notaría del círculo de Cartagena.

En la misma relación obtenida por El Tiempo figuran Sandra Lucía Hincapié Galindo, exfuncionaria de Colpensiones e hija del presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié; Alejandro Supelano Polanía, vinculado en registros del Ministerio de Educación; Diana Torres Sánchez en la notaría 44 de Bogotá; Sonia María Nevado Morales en la notaría segunda de Barrancabermeja; y Francy Asseneth Perdomo Santofimio de Pitalito, nombrada en la notaría 14 de Bogotá. El diario también informó que el cinco de junio se creó la notaría 82 de Bogotá, de primera categoría, en el sector de San Victorino.

El contrato de tecnología por $19.439 millones que todavía no figura en Secop II

En paralelo, El Tiempo informó sobre un proceso en estudio en el área tecnológica de la entidad por $19.439 millones. Según ese medio, el objeto contempla adquisición, renovación, integración y optimización de componentes de infraestructura tecnológica, además de consultoría estratégica en centro de datos y gobierno de datos.

La información recopilada por el medio citado añade que dentro del mismo paquete se buscaría incluir redes y seguridad informática, renovación de plataformas tecnológicas, consumibles para impresión, herramientas para la gestión de servicios de tecnología, gobierno de datos y la habilitación de la bodega de datos institucional.

Fuentes de la entidad citadas por el diario indicaron que esos componentes pertenecen a mercados distintos y especializados, que históricamente se han contratado con proveedores diferentes.

Dentro de esa estructuración, se adelantó la Solicitud de Información a Proveedores (SIP) No. 050 de 2026. Esa invitación se publicó el 23 de junio de 2026 a las 9:40 p m. y cerró el 26 de junio a la misma hora, con envíos a MegaTic S.A.S., Infotic S.A., Corporación Colombia Digital y Red Summa.

Ante la consulta de El Tiempo, Agudelo afirmó al diario: “Como actualmente aún no se encuentra en curso un proceso de contratación con el objeto consultado, por tal motivo dicho proceso no aparece registrado en el Secop II”. Agudelo explicó a El Tiempo que la entidad ha tenido intermitencias de conectividad en ciertas horas de días recientes, con afectación del servicio registral. “Con el fin de subsanar esta situación, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información adelanta un estudio de mercado para la adquisición de bienes y servicios especializados, el cual requiere atención prioritaria”, señaló.

En otra respuesta recogida por el medio citado, el funcionario detalló el criterio de consulta a proveedores. “Se seleccionan al menos tres entidades públicas, con base en el análisis histórico de contratos suscritos y en la consulta de la herramienta de datos del Sistema de Compra Pública de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente”, dijo.

Cuánto cobran los notarios y por qué el cargo es codiciado

La sensibilidad de esos nombramientos también se explica por el esquema de ingresos de las notarías. Según Noticias RCN y Asuntos Legales, los notarios no reciben un salario fijo del Estado, sino que su remuneración depende del volumen de trámites, de la ubicación y del tamaño de la notaría.

Según un registro del Ministerio de Justicia de 2023, según el cual en notarías financiadas por el Estado los ingresos pueden estar entre $5 millones y $9 millones mensuales, mientras que en grandes notarías privadas pueden ir de $80 millones a $120 millones al mes. Noticias RCN coincidió en que las notarías de ciudades grandes pueden alcanzar ese rango. El panorama no es uniforme en todo el país.

Ámbito Jurídico informó que la Resolución 5123 fijó subsidios de entre $4,7 millones y $7,6 millones para notarios que el año pasado tuvieron un ingreso bruto promedio mensual de hasta 20 salarios mínimos y una escrituración no superior a 1.496 unidades.

Ese mismo medio añadió que la ayuda busca sostener el servicio en notarías de ingresos insuficientes y que exige el envío oportuno del Informe Estadístico Notarial.