Defensoría propone paridad en las altas cortes y fortalecer el Sistema Nacional de Cuidado

La participación de las mujeres en los espacios de poder, el reconocimiento del trabajo de cuidado y el fortalecimiento de las medidas contra las violencias basadas en género hacen parte de las prioridades que la Defensoría del Pueblo quiere impulsar en la nueva legislatura. La entidad considera que estos temas ya no admiten más aplazamientos y pidió convertirlos en políticas de Estado.

Como parte de esa agenda, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, anunció la presentación de un proyecto de ley para garantizar la paridad de género en la conformación de las altas cortes. La iniciativa estará acompañada de propuestas orientadas a fortalecer el Sistema Nacional de Cuidado y a mejorar la respuesta institucional frente a las violencias que afectan a las mujeres y a la población LGBTIQ+.

Los planteamientos fueron expuestos durante la “Cumbre: Liderazgo y desarrollo económico, pilares para una agenda de igualdad en Colombia”, escenario en el que Marín aseguró que las decisiones que adopte el Congreso en las próximas semanas serán determinantes para avanzar en materia de derechos humanos e igualdad. “Las decisiones que se adopten en estos próximos dos meses por parte del Congreso de la República marcarán la posibilidad real de avanzar hacia una Colombia más igualitaria, más democrática y más garante de los derechos humanos”, señaló.

Uno de los principales mensajes de la defensora estuvo enfocado en el Sistema Nacional de Cuidado. A su juicio, esta política debe consolidarse como un compromiso permanente del Estado y no depender de los cambios de gobierno, pues constituye una herramienta esencial para reducir las brechas que aún enfrentan millones de mujeres en el país.

Marín recordó que las responsabilidades del cuidado siguen recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres. Según las cifras expuestas durante el encuentro, ellas dedican, en promedio, cuatro horas y 21 minutos más al día que los hombres a labores domésticas y de cuidado no remuneradas.

Esa diferencia, explicó, limita el acceso de muchas mujeres al mercado laboral, dificulta la continuidad de sus estudios, reduce su participación en escenarios políticos y restringe las posibilidades de desarrollar proyectos personales y profesionales en igualdad de condiciones.

Por esa razón insistió en que esta política debe contar con respaldo institucional y recursos suficientes para garantizar su funcionamiento en todo el territorio nacional, además de promover una distribución más equitativa de las responsabilidades dentro de los hogares. “El sistema de cuidado debe ser ser una prioridad del Estado colombiano, debe contar con financiación, gobernanza territorial, participación efectiva de las mujeres e involucrar a los hombres en las labores de cuidado”, afirmó.

Otro de los temas que preocupan a la Defensoría del Pueblo es el deterioro de las condiciones de seguridad para las mujeres y la población LGBTIQ+. La entidad advirtió que identificó un aumento de los riesgos para estas poblaciones y llamó a fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y responder a las violencias basadas en género.

En ese contexto, Marín pidió al Congreso impulsar medidas que permitan reforzar la institucionalidad encargada de atender estos casos. El objetivo, explicó, es mejorar los procesos de prevención, investigación y sanción, además de garantizar que las políticas públicas cuenten con los recursos necesarios para su implementación.

La defensora también hizo énfasis en la importancia de fortalecer mecanismos como las rutas de atención, las casas refugio y el acceso efectivo a la justicia, herramientas que, según indicó, siguen siendo fundamentales para brindar protección a las víctimas y garantizar el restablecimiento de sus derechos. La representación femenina en las altas cortes fue otro de los ejes centrales de su intervención. Marín recordó que, pese a los avances alcanzados en distintos sectores, la participación de las mujeres en los máximos escenarios de decisión judicial aún enfrenta importantes desafíos.

En ese sentido anunció que la Defensoría promoverá un proyecto de ley para establecer la paridad de género en esos tribunales. La propuesta busca incorporar reglas obligatorias y acciones afirmativas durante los procesos de postulación y elección de magistrados, incluyendo criterios de diversidad territorial, étnica, racial, generacional y social. “La paridad en las altas cortes no es una concesión, es una medida de igualdad sustantiva compatible con el mérito y una garantía democrática”, expresó.