El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el presupuesto de 2027 dependerá de una reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que el Presupuesto General de la Nación de 2027 volverá a depender de una reforma tributaria o de una ley de financiamiento, porque el Gobierno considera que sin nuevos ingresos no podrá sostener la viabilidad fiscal ni corregir el desequilibrio de las cuentas públicas.

El diagnóstico oficial parte de una restricción concreta: el gasto es inflexible en un 93%, según explicó el funcionario durante una rueda de prensa del Banco de la República.

A juicio del ministro, ese margen limitado para recortar erogaciones obliga a concentrar la discusión en el aumento del recaudo.

Ávila dijo que la propuesta será presentada con la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso, el próximo 20 de julio. El objetivo es que la discusión tributaria de finales de este año responda tanto a las necesidades inmediatas de caja como a una estrategia que vaya más allá de la vigencia de 2026.

El ministro sostuvo que la iniciativa retomará elementos ya trabajados en la anterior ley de financiamiento y en propuestas formuladas durante emergencias económicas. Según planteó, el texto buscará una reforma progresiva que aumente el recaudo sin golpear a los hogares de menores ingresos.

Uno de los puntos centrales de la propuesta será recuperar cerca de $16 billones en ingresos tributarios que no quedaron incorporados en el Presupuesto General de la Nación de 2026. Ávila señaló que la reforma no solo deberá cubrir ese faltante, sino fortalecer de manera más amplia los ingresos de 2027.

“Vamos a retomar muchos los elementos que hemos trabajado en la pasada ley de financiamiento y en las emergencias económicas, con el fin de proponer una alternativa de una reforma tributaria progresiva, que no atente contra sectores de menores ingresos en el país”. dijo el ministro Germán Ávila.

Ese faltante aparece en un escenario marcado por las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que, según el Gobierno, exigen recuperar ingresos para recomponer el equilibrio de las finanzas públicas.

La nueva discusión tributaria, de acuerdo con el funcionario, deberá atender al mismo tiempo la vigencia inmediata y una corrección estructural.

El Ejecutivo atribuye parte del déficit a la caída de la ley de financiamiento

El jefe de la cartera de Hacienda Germán Ávila recordó que el presupuesto de 2026 fue aprobado por el Congreso bajo la condición de que estuviera acompañado por una ley de financiamiento.

Según explicó, el Legislativo conocía desde entonces que esa herramienta era necesaria para cubrir las necesidades operativas previstas para ese año.

Después, añadió el ministro, el mismo Congreso negó esa iniciativa y dejó un efecto directo sobre la situación fiscal. “Posteriormente el mismo Congreso, el que había aprobado ese Presupuesto, tomó la decisión de negar la ley de financiamiento creando un problema fiscal, evidente, notorio y complejo en las finanzas públicas, que explican una parte del actual déficit fiscal y primario”, afirmó.

Esa es la razón por la que el Ejecutivo insiste en que el presupuesto de la próxima vigencia debe llegar acompañado de una fuente adicional de ingresos. Para el Gobierno, esa combinación es uno de los pilares para respaldar las apropiaciones contempladas para 2027.

El titular del Ministerio de Hacienda también rechazó la idea de que el ajuste pueda descansar solo en recortes. “El problema fiscal colombiano es imposible de resolver si no se logran nuevos ingresos tributarios a partir de una ley de financiamiento o una reforma tributaria”, señaló.

Ávila añadió que habrá algunos ajustes por el lado del gasto, pero sostuvo que el problema principal es estructural y está ligado a la capacidad de generación de ingresos.

En esa línea, concluyó: “El problema estructural fiscal colombiano es un problema de ingresos, ya que entre otras cosas los gastos son altamente inflexibles. No dependen del Gobierno la posibilidad de una reducción significativa del gasto; el gasto es inflexible en un 93% y está sujeto a normas legales y constitucionales que no está en manos del Gobierno modificarlas”.