FLA llevó ante un juez el pleito con la Superintendencia de Salud por polémica auditoría: pidió aclarar si reviste de legalidad

El reciente enfrentamiento entre la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) y la Superintendencia Nacional de Salud ya traspasó la barrera de lo judicial, después de que la licorera instaurara acciones legales contra el Estado.

Y es que despues de que la FLA alertara sobre los límites de la vigilancia estatal en Colombia, el conflicto ahora se centra en la solicitud ante un juez constitucional para definir si la Supersalud puede exigir información que la licorera considera ajena a su función y objeto social.

La empresa estatal interpuso una acción de tutela después de que la Superintendencia le requiriera 77 documentos, algunos relacionados con aspectos como caja menor, tarjetas de crédito y viáticos. Según la FLA, varios de estos requerimientos no tienen una relación directa con la auditoría en curso ni con las competencias legales del ente de control.

“La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia radicó una acción de tutela con ocasión de la auditoría que adelanta la Superintendencia de Salud, como ejercicio legítimo de su derecho a la defensa y con el propósito de que un juez constitucional determine el alcance de dicha entidad para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre una empresa que no administra recursos del sistema nacional de salud”, señaló la compañía.

La tensión creció cuando la licorera advirtió que la actuación de la Supersalud podría exceder las facultades de inspección y vigilancia que le otorga la ley. La compañía sostiene que su actividad principal es la producción y comercialización de licores, y no la gestión de fondos sanitarios, motivo por el cual cuestiona el alcance de la supervisión ejercida.

La acción judicial busca que un juez determine con claridad hasta dónde puede llegar la Superintendencia al ejercer sus funciones sobre empresas industriales y comerciales del Estado que, como la FLA, no administran recursos de salud pública.

“El propósito es obtener una definición judicial precisa sobre las competencias de la Superintendencia en este tipo de empresas”, explicó la compañía en un comunicado oficial.

Directivos de la licorera han señalado que la solicitud masiva de información podría sentar un precedente que afecte el funcionamiento de otras entidades estatales, especialmente aquellas que no participan en sectores regulados por la Supersalud.

La FLA advirtió que su decisión de recurrir a la justicia no implica una ruptura institucional ni una negativa a colaborar con las autoridades. Por el contrario, reafirmó su disposición a atender los controles que correspondan, siempre dentro del marco legal y con respeto a sus competencias. La empresa ha reiterado su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del patrimonio público.

“La FLA reitera su respeto por las instituciones, mantiene su disposición para atender las actuaciones de control que correspondan dentro del marco de la ley, así como su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del patrimonio público de los antioqueños”, concluyó la compañía.

Entretanto, la Superintendencia Nacional de Salud extendió su auditoría a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud de Antioquia entre el 30 de junio y el 3 de julio, una actuación que amplió la controversia abierta por su visita a la Fábrica de Licores de Antioquia y elevó la tensión con las autoridades locales por las dudas sobre la imparcialidad del organismo y el alcance de sus funciones de vigilancia.

Según Blu Radio, la inspección en el nivel regional estará a cargo de 11 personas en representación de la entidad. La visita confirmó que la revisión no quedó concentrada en la Fábrica de Licores de Antioquia, sino que se trasladó también al sistema de salud de la ciudad y del departamento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó en su cuenta de X que funcionarios de la Supersalud llegaron hacia las 9:30 a. m. a las instalaciones de la Alcaldía. De acuerdo con el mandatario, el propósito era adelantar vigilancia sobre el sistema de salud de la ciudad.

La respuesta de la administración distrital fue una recusación contra la actuación de la Superintendencia. Gutiérrez sostuvo que la entidad “no tiene la idoneidad ni las garantías de imparcialidad que la ciudad merece” y dijo que espera una respuesta del Ministerio de Salud.