Cerro Matoso redujo producción de ferroníquel tras la restricción de gas de Canacol Energy: miles de empleos estarían en riesgo

La mina a cielo abierto de níquel más grande de Colombia y de América Latina, además de ser la cuarta más grande de todo el mundo, enfrenta una grave crisis después de que viera reducido su suministro de gas natural como parte de las decisiones adoptadas por Canacol Energy.

Cerro Matoso, considerado como uno de los ‘caballos de troya’ del país en el ámbito minero, resulta ser uno de los principales extractores de níquel que, posteriormente, es transformado en ferroníquel, una materia prima vital para la producción de acero inoxidable en buena parte de América Latina y el mundo.

Sin embargo, en la mañana del miércoles 1 de julio el complejo minero anunció la problemática reducción del 25% del total de sus operaciones, lo que puso sobre la mesa la estabilidad laboral de cientos de trabajadores, así como la continuidad de múltiples contratos con proveedores y contratistas nacionales e internacionales.

La minera, ubicada en el municipio de Montelíbano, Córdoba, tomó la decisión luego de que Canacol disminuyera en un 55% el volumen acordado de gas, recortando el suministro en 7.000 Mbtu.

“Cerro Matoso informa a la opinión pública, a las autoridades y a la comunidad en general que, a partir de hoy, 1 de julio, se ve obligada a reducir en un 25% su operación como consecuencia de la decisión de Canacol Energy de restringir a 7.000 MBTU (55% del total contratado) el suministro de gas natural requerido para el funcionamiento de la planta.Esta medida fue adoptada de manera unilateral y desconoce las condiciones contractuales vigentes entre las partes”, señaló la compañía en un comunicado.

Según la compañía minera, este recorte compromete aportes diarios cercanos a 3.000 millones de pesos, que representan regalías, impuestos y compras locales, afectando a miles de familias en la región y al desarrollo económico nacional.

Cerro Matoso advirtió que, de persistir o agravarse la restricción, en un corto plazo se vería forzada a detener una de sus dos líneas de producción. Esto equivaldría a reducir a la mitad su capacidad operativa y tendría efectos inmediatos sobre el empleo y los ingresos de proveedores, así como sobre la recaudación fiscal.

La situación se origina en una decisión judicial tomada en Canadá. En mayo de 2026, Canacol presentó ante una corte de la provincia de Alberta una solicitud para terminar anticipadamente los contratos de suministro de gas en Colombia, incluido el celebrado con Cerro Matoso, a pesar de que el acuerdo está vigente hasta 2029.

La corte canadiense avaló la petición en primera instancia, abriendo un plazo de 21 días para que la minera solicite autorización de apelación y busque revertir la decisión en una segunda instancia.

La empresa minera expresó que participó en los espacios de conciliación propuestos por la corte, aunque consideró que las propuestas de Canacol implicaban incrementos tarifarios desproporcionados y carecían de garantías sobre los volúmenes de suministro, lo que finalmente condujo a la ruptura de las negociaciones.

Según comunicó Cerro Matoso, la compañía recurrirá a todos los mecanismos y vías jurídicas disponibles para proteger sus derechos y buscar la continuidad de sus operaciones. Al mismo tiempo, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para evitar una posible paralización, que la empresa califica como potencialmente irreversible para la industria, el empleo y las comunidades de Córdoba.

Entrentanto, la Superintendencia de Sociedades, junto con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía, han sido instados a intervenir de manera inmediata. El objetivo es salvaguardar los intereses de las más de 50.000 personas que dependen directa o indirectamente de la actividad minera en la zona.

En este contexto, la Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de decidir si la sentencia emitida por la justicia canadiense debe aplicarse en Colombia, considerando tanto la soberanía nacional como los criterios de seguridad energética.