Analistas cuestionan el anuncio de Iván Cepeda de promover desobediencia civil contra Abelardo de la Espriella: “Inconveniente bajo todo punto de vista”

El anuncio del excandidato presidencial Iván Cepeda de promover una eventual desobediencia civil contra el presidente electo Abelardo de la Espriella abrió una disputa que va más allá de una consigna opositora: el exaspirante condicionó el reconocimiento de la autoridad del futuro jefe de Estado a que renuncie a su ciudadanía de Estados Unidos, aclare presuntos vínculos con agencias de seguridad de ese país y descarte cualquier escenario de extradición del presidente saliente Gustavo Petro.

La consecuencia central de esta idea es política: si esos puntos no se cumplen, prometió convocar a sus votantes a desconocer la autoridad del futuro presidente.

La tensión creció porque Cepeda, integrante del Pacto Histórico, no solo planteó una protesta política, sino la negativa a reconocer la autoridad del hombre que, según su criterio, no garantizaría la soberanía colombiana, pero que fue legítimamente elegido por los colombianos en las urnas.

Entre sus exigencias incluyó también el cese de las supuestas persecuciones contra Petro y contra sectores opositores, además de un compromiso de no impulsar su judicialización desde el Departamento de Justicia estadounidense.

En diálogo con Infobae Colombia, dos analistas coincidieron en que el alcance del anuncio supera la discusión jurídica y se proyecta sobre la estabilidad del debate público. Los cuestionamientos apuntan a que el llamado se produce antes de la posesión del mandatario electo y sobre hipótesis que, según sostienen, no encajan con la noción clásica de desobediencia civil.

Los analistas ven un llamado anticipado a deslegitimar al próximo gobierno

El analista político Gabriel Cifuentes evaluó el anuncio como una señal de confrontación temprana. En su conversación con el medio, afirmó: “Creo que es inconveniente bajo todo punto de vista. No solo porque es cuestionable bajo un punto de vista jurídico, dado que es una figura con anclaje constitucional, sino que marca de forma anticipada cuál será la temperatura del debate público”.

Cifuentes sostuvo que el mensaje instala desde ahora una lógica de resistencia antes de que el nuevo gobierno comience su mandato.

“Un llamado a calentar prematuramente las calles, a desconocer los resultados o a condicionarlos, a deslegitimar al gobierno incluso antes de que se posesione”, explicó.

Para el analista, el problema no se agota en la legalidad del recurso. Su lectura es que el anuncio dibuja una oposición “reactiva e incendiaria” y deja atrás la idea de un acuerdo nacional que, según ratificó, antes era invocada por esos mismos sectores.

El debate jurídico se concentra en la doble nacionalidad y la extradición

El también analista político, Luis Felipe Suárez, centró su objeción en el uso mismo del concepto de desobediencia civil. En su declaración, explicó: “La desobediencia civil ha sido entendida, tanto en la teoría política como en la práctica democrática, como una forma legítima de protesta pacífica mediante la cual un grupo de ciudadanos decide incumplir una norma que considera injusta, con el propósito de promover un cambio institucional”.

A partir de ese concepto, Suárez sostuvo que el caso planteado por Cepeda se aparta de esa definición. “Su llamado se produce frente a un presidente electo que aún no ha tomado posesión del cargo”, señaló, y agregó que “la doble nacionalidad no constituye, por sí misma, un impedimento constitucional para ejercer la Presidencia de la República”.

El analista sumó un segundo punto sobre la hipótesis planteada alrededor de Petro. Según dijo, una eventual solicitud de extradición del actual presidente corresponde al ámbito de competencia de la rama judicial y no del poder ejecutivo, por lo que el planteo político dirigido contra De la Espriella perdería sustento en ese aspecto.

Los riesgos que señalan los expertos incluyen violencia y bloqueo institucional

El analista Luis Felipe Suárez advirtió que el efecto de ese discurso puede trasladarse desde la discusión conceptual hacia la convivencia democrática. En su análisis, las últimas elecciones presidenciales ya mostraron un alto grado de polarización y durante la campaña circularon registros de enfrentamientos verbales y físicos entre simpatizantes de De la Espriella y de Cepeda.

Entre esos episodios, mencionó uno en el que un seguidor de la campaña de Cepeda agredió con un arma blanca a un simpatizante del presidente electo. Para el analista, ese antecedente vuelve más delicado cualquier mensaje que pueda ser leído como una invitación a desconocer la legitimidad del resultado electoral.

En esa clave, Suárez recordó que el abogado dijo en su discurso de victoria que gobernaría para todos los colombianos. Frente a eso, ubicó la convocatoria de Cepeda en una dirección errónea, porque “parece avanzar en la dirección opuesta, al incentivar un clima de confrontación en lugar de contribuir a su desescalamiento”.

El analista cerró con una advertencia sobre las posibles derivaciones del conflicto si el tono se mantiene. “De persistir ese discurso, existe el riesgo de que una parte de sus seguidores interprete el llamado como una invitación a desconocer la legitimidad del gobierno elegido democráticamente. Ello podría traducirse en movilizaciones de alta tensión, episodios de violencia o estrategias de obstrucción política y social que afecten el normal desarrollo de la vida institucional y económica del país”.

Postura en la que coincide con María Alejandra Jaraba, otra analista política internacional consultada por Infobae Colombia, quien mencionó que la intención de la figura que representa a la izquierda y a la oposición del próximo gobierno en Colombia, Iván Cepeda, es llamar a concentraciones masivas en las calles: “Lo que busca es incentivar marchas, plantones, campañas de resistencia. Lo que preocupa es que esto es más un mecanismo de presión que negociación, lo que genera mayor polarización”.

Con relación a lo incisivo que fue en su discurso respecto de la doble nacionalidad del presidente electo, Jaraba aseguró que no hay mayores repercusiones para desempeñar su labor después de posesionarse el próximo 7 de agosto, ni mucho menos para hacer un anuncio de tal magnitud: “que Abelardo de la Espriella tenga nacionalidad estadounidense, por sí solo ese hecho no constituye una justificación jurídica para la desobediencia civil”.

La especialista también explicó, en el contexto jurídico, cómo se tipifica el concepto de desobediencia civil:

“No se encuentra en la Constitución Política colombiana. Aunque tenemos el Artículo 37 que reconoce el derecho de toda parte del pueblo a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, que es uno de los principales mecanismos constitucionales de la protesta social.

Ahora, la Corte Constitucional se ha expresado en las sentencias T-571 de 2008/ sentencia T-603 de 2012, en donde señala que la desobediencia civil es pacífica, pública, respeta el sistema democrático. La desobediencia civil solo puede justificarse cuando busca defender valores superiores, como los derechos humanos o la Constitución".

La controversia generada por el llamado a la desobediencia civil de Iván Cepeda refleja una escalada en la polarización política en Colombia, donde las demandas y objeciones planteadas por sectores opositores ponen en cuestión los límites entre la protesta legítima y la deslegitimación anticipada de las instituciones.

Las posiciones analizadas muestran que la tensión se traslada del terreno jurídico al impacto social y político, con el riesgo de profundizar divisiones y dificultar la gobernabilidad antes del inicio del nuevo mandato.