La extinción de dominio alcanzó 47 bienes que la Fiscalía General de la Nación vincula con el patrimonio ilícito de una red señalada de facilitar el tráfico de migrantes en el golfo de Urabá.
El avalúo preliminar de los activos asciende a $29.106 millones, según informaó un comunicado de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La Fiscalía afectó con fines de extinción de dominio ocho inmuebles, tres sociedades, cuatro establecimientos de comercio, ocho vehículos y 24 embarcaciones.
Según el comunicado, esos activos habrían estado al servicio del traslado irregular de extranjeros desde las costas del golfo de Urabá hasta Centroamérica.
Qué bienes fueron afectados y para qué habrían sido usados
En esa misma explicación, el ente señaló que esos activos habrían servido a la organización para asegurar el transporte irregular de extranjeros hasta Centroamérica.
La red movilizaba migrantes de distintas nacionalidades por el golfo de Urabá. Ese recorrido, según la revista, terminaba con personas a bordo de lanchas que en algunos casos quedaban a la deriva.
PUBLICIDAD
La misma revista señaló que a las víctimas les cobraban sumas millonarias por llegar hasta Panamá. El Tiempo, por su parte, detalló que entre los bienes que administrará la SAE hay edificios, casas, medios de transporte y hasta un par de estaciones de gasolina.
Qué dice la investigación sobre la red y los migrantes trasladados
Sobre el alcance de la operación ilegal, Semana, al citar a Juan Felipe Cárdenas, director de extinción de dominio, señaló que la investigación documentó el traslado irregular de por lo menos 800.000 ciudadanos.
Esa última cifra y la atribuyó a la investigación de la Fiscalía. Ambas publicaciones mencionaron que entre los migrantes había personas de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.
PUBLICIDAD
“Los elementos materiales probatorios obtenidos en la investigación indican que parte de las propiedades también habrían sido adquiridas para ocultar y evitar el rastreo de los dineros obtenidos por el traslado irregular de, por lo menos, 800.000 ciudadanos de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países”, afirmó al medio citado.
Cárdenas afirmó que una parte de las propiedades habría sido adquirida para ocultar y dificultar el rastreo del dinero obtenido por esa actividad, por lo que la investigación ubica esos bienes como producto del negocio ilegal y como instrumento para mover y resguardar recursos.
Dónde se ejecutaron las medidas y qué pasará con los activos
Las medidas cautelares fueron ejecutadas por la Fiscalía en coordinación con unidades de la Dijín de la Policía Nacional, según informaron ambos medios. Las diligencias se realizaron en Medellín, Apartadó y Necoclí, en Antioquia, y en Unguía y Quibdó, en Chocó.
PUBLICIDAD
Los bienes pasarán a la SAE, que podrá administrarlos mediante arriendo o subasta; según la investigación, parte de esos activos respaldaba el traslado irregular de migrantes.
La directora Amelia Pérez anunció que los bienes incautados se destinarán a reparar a víctimas
La SAE recuperó 32 inmuebles avaluados en $19.500 millones que estaban vinculados a las operaciones financieras del narcotraficante Francisco Javier Piedrahita Sánchez en Antioquia, en un procedimiento ejecutado el 1 de junio que, responde a medidas cautelares de la justicia colombiana y busca desmontar bienes ilícitos asociados al paramilitarismo y al narcotráfico para destinarlos a reparación de víctimas y fines sociales.
Uno de los bienes recuperados será destinado a la creación de un refugio para 146 animales domésticos en condición de abandono. El proyecto será desarrollado junto con la Alcaldía de Guarne y prevé instalaciones y atención para perros y gatos rescatados en la región.
PUBLICIDAD
La Sociedad de Activos Especiales informó que las propiedades permanecían ocupadas por particulares pese a estar bajo administración estatal.
Los inmuebles, ubicados en distintas zonas de Antioquia, estaban ligados a procesos de extinción de dominio abiertos por la Fiscalía General de la Nación.
Durante la verificación, la entidad detectó que los predios seguían en poder de Ana Paulina Uribe Lopera, excompañera sentimental de Piedrahita Sánchez, y de otros familiares. Parte de esos activos, además, habrían sido subarrendados y generado presuntos beneficios económicos para su entorno, aunque estaban sometidos a medidas judiciales.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Gabinete de Abelardo de la Espriella envió duro mensaje a Iván Cepeda por promover la desobediencia civil: “Hay que respetar la democracia”
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, señalaron que el líder del movimiento Defensores de la Patria ganó justamente las elecciones de 2026
Petro vinculó los negocios de la familia Char con la ola de violencia urbana que vive Barranquilla por las bandas criminales: “Banco paralelo”
El presidente de la República atribuyó el deterioro de la seguridad en la capital del Atlántico a un esquema de financiación y cobro agresivo que, conforme a su versión, rodea a la familia del alcalde local
El Gobierno colombiano repatrió a 92 connacionales tras los potentes terremotos en Venezuela
El operativo movilizó recursos y personal para el rescate, la entrega de suministros y la localización de personas no identificadas
Políticos reaccionaron al fallecimiento de Gustavo Gallón y resaltaron su legado en los derechos humanos: “Le debemos lo que hemos logrado”
Senadores, ministros y exmandatarios expresaron su pesar por la muerte del embajador de Colombia ante la ONU, resaltando su rol diplomático en escenarios internacionales
Colombia figura como el país de la Ocde en el que más tiempo se debe trabajar para ganar USD1.000: esto dice el análisis
El cálculo, basado en datos de la Ocde y Our World in Data, estima que un empleado medio requiere unas 86 horas para llegar a esa suma equivalente, con ajuste por paridad de poder adquisitivo y sin descontar impuestos
