La extinción de dominio alcanzó 47 bienes que la Fiscalía General de la Nación vincula con el patrimonio ilícito de una red señalada de facilitar el tráfico de migrantes en el golfo de Urabá.
El avalúo preliminar de los activos asciende a $29.106 millones, según informaó un comunicado de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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La Fiscalía afectó con fines de extinción de dominio ocho inmuebles, tres sociedades, cuatro establecimientos de comercio, ocho vehículos y 24 embarcaciones.
Según el comunicado, esos activos habrían estado al servicio del traslado irregular de extranjeros desde las costas del golfo de Urabá hasta Centroamérica.
Qué bienes fueron afectados y para qué habrían sido usados
En esa misma explicación, el ente señaló que esos activos habrían servido a la organización para asegurar el transporte irregular de extranjeros hasta Centroamérica.
La red movilizaba migrantes de distintas nacionalidades por el golfo de Urabá. Ese recorrido, según la revista, terminaba con personas a bordo de lanchas que en algunos casos quedaban a la deriva.
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La misma revista señaló que a las víctimas les cobraban sumas millonarias por llegar hasta Panamá. El Tiempo, por su parte, detalló que entre los bienes que administrará la SAE hay edificios, casas, medios de transporte y hasta un par de estaciones de gasolina.
Qué dice la investigación sobre la red y los migrantes trasladados
Sobre el alcance de la operación ilegal, Semana, al citar a Juan Felipe Cárdenas, director de extinción de dominio, señaló que la investigación documentó el traslado irregular de por lo menos 800.000 ciudadanos.
Esa última cifra y la atribuyó a la investigación de la Fiscalía. Ambas publicaciones mencionaron que entre los migrantes había personas de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.
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“Los elementos materiales probatorios obtenidos en la investigación indican que parte de las propiedades también habrían sido adquiridas para ocultar y evitar el rastreo de los dineros obtenidos por el traslado irregular de, por lo menos, 800.000 ciudadanos de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países”, afirmó al medio citado.
Cárdenas afirmó que una parte de las propiedades habría sido adquirida para ocultar y dificultar el rastreo del dinero obtenido por esa actividad, por lo que la investigación ubica esos bienes como producto del negocio ilegal y como instrumento para mover y resguardar recursos.
Dónde se ejecutaron las medidas y qué pasará con los activos
Las medidas cautelares fueron ejecutadas por la Fiscalía en coordinación con unidades de la Dijín de la Policía Nacional, según informaron ambos medios. Las diligencias se realizaron en Medellín, Apartadó y Necoclí, en Antioquia, y en Unguía y Quibdó, en Chocó.
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Los bienes pasarán a la SAE, que podrá administrarlos mediante arriendo o subasta; según la investigación, parte de esos activos respaldaba el traslado irregular de migrantes.
La directora Amelia Pérez anunció que los bienes incautados se destinarán a reparar a víctimas
La SAE recuperó 32 inmuebles avaluados en $19.500 millones que estaban vinculados a las operaciones financieras del narcotraficante Francisco Javier Piedrahita Sánchez en Antioquia, en un procedimiento ejecutado el 1 de junio que, responde a medidas cautelares de la justicia colombiana y busca desmontar bienes ilícitos asociados al paramilitarismo y al narcotráfico para destinarlos a reparación de víctimas y fines sociales.
Uno de los bienes recuperados será destinado a la creación de un refugio para 146 animales domésticos en condición de abandono. El proyecto será desarrollado junto con la Alcaldía de Guarne y prevé instalaciones y atención para perros y gatos rescatados en la región.
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La Sociedad de Activos Especiales informó que las propiedades permanecían ocupadas por particulares pese a estar bajo administración estatal.
Los inmuebles, ubicados en distintas zonas de Antioquia, estaban ligados a procesos de extinción de dominio abiertos por la Fiscalía General de la Nación.
Durante la verificación, la entidad detectó que los predios seguían en poder de Ana Paulina Uribe Lopera, excompañera sentimental de Piedrahita Sánchez, y de otros familiares. Parte de esos activos, además, habrían sido subarrendados y generado presuntos beneficios económicos para su entorno, aunque estaban sometidos a medidas judiciales.
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