
La justicia de Barranquilla legalizó la captura de Luis Mariano Díaz González, hijo del reconocido cantante de vallenato Diomedes Díaz, junto con otras cinco personas por su presunta vinculación con una estructura de préstamos ilegales conocidas como “gota a gota”.
Su captura se produjo el miércoles 24 de junio en la ciudad de Barranquilla (norte de Colombia), donde fue trasladado a la sede de la URI de la Fiscalía Seccional Atlántico para realizar las diligencias correspondientes.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron armas de fuego y varios dispositivos móviles. Esos elementos pasaron a integrar el material probatorio que será expuesto en las siguientes diligencias judiciales.
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El expediente judicial también detalla que el hombre estaría involucrado en un presunto caso de secuestro y extorsión ligado al negocio ilegal.
En el desarrollo de la audiencia judicial, se dieron detalles sobre la manera en el que el hijo del ‘Cacique de la Junta’ y los otros cinco integrantes de la red criminal habrían efectuado la retención de una víctima en la capital atlanticense.
Detalles de la investigación
Según información conocida por Noticias RCN, los hechos por los que se acusa a Luis Mariano Díaz ocurrieron el 23 de agosto de 2025 en el barrio Las Granjas de Barranquilla, en un caso de secuestro y tortura contra Carlos Alfredo Mejía Vargas.
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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, citado por el noticiero nacional, el grupo habría actuado con hombres vinculados a préstamos “gota a gota” y, “bajo amenazas de muerte y portando armas de fuego”, retuvo a la víctima y la llevó a una vivienda desocupada.
“Llegaron 10 motocicletas, con 20 hombres, aproximadamente, dedicados a préstamos de los llamados gota a gota, quienes, bajo amenazas de muerte y portando armas de fuego, lo retuvieron y condujeron hasta un inmueble desocupado en el barrio Las Granjas, al señor Carlos Alfredo Mejía Vargas”, indicó el fiscal del caso durante la audiencia.
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Mejía Vargas, que también trabaja en el negocio de cobradiario, habría permanecido retenido varias horas y fue sometido a torturas por los integrantes de la organización ilegal, a raíz de una presunta apropiación de 15 millones de pesos.

“Hasta aproximadamente a las 11:00 a. m. fue sometido a dolores y sufrimientos físicos y psíquicos como castigo por un acto presuntamente cometido por él o que sospechaban había cometido (...) en el entendido, su señoría, que hay un informe ejecutivo de FPJ del 25, deja a su despacho el criterio”, manifestó el delegado de la Fiscalía.
En medio de la audiencia, se observó que algunos de los integrantes de la organización de prestamos irregulares no ocultan su risa o consumen alimentos durante la exposición del caso por parte de las autoridades competentes.
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La audiencia de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento quedaron programadas para el jueves 2 de julio de 2026 donde se definirá la suerte del hijo del fallecido compositor colombiano.

Por ahora, el expediente sigue entre la reserva y las primeras actuaciones públicas. La presunción de inocencia continúa vigente para los seis capturados.
Luis Mariano Díaz González es uno de los tres hijos que tuvo la unión entre Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, conocida como La Doctora.
La captura del hijo de volvió a poner la atención sobre el fenómeno del “gota a gota” en Barranquilla y su área metropolitana. Se trata de una práctica que suele dirigirse a personas que buscan acceso rápido a dinero y terminan enfrentando cobros altos y métodos de presión para pagar.
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Este tipo de préstamo ofrece dinero inmediato a quienes no pueden acceder al sistema financiero formal, pero suele imponer tasas mensuales superiores al 20% o 40%, con pagos diarios difíciles de sostener. La modalidad se ha expandido entre comerciantes y trabajadores informales, impulsada por la dificultad para obtener créditos legales.
En Colombia, este tipo de préstamos puede derivar en penas de 32 a 90 meses de prisión y multas de hasta 300 salarios mínimos cuando se configura usura. Si el cobro se ejecuta con amenazas o intimidación, la conducta puede ser considerada extorsión, con condenas de cuatro a ocho años, o de ocho a 15 años si intervienen varias personas, víctimas vulnerables o delitos organizados.
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