Defensoría alertó por posibles desamparos a poblaciones vulnerables tras liquidación del Ministerio de la Igualdad: “Garantizar la continuidad”

La liquidación del Ministerio de la Igualdad encendió una alerta de la Defensoría del Pueblo, que advirtió en la mañana del lunes 29 de junio que el cierre de esa cartera por el Decreto 626 de 2026 podría dejar en el limbo políticas y programas dirigidos a poblaciones vulnerables.

La Defensoría advirtió a través de un comunicado que la liquidación podría afectar derechos y políticas públicas porque no está claro cómo se trasladarán las funciones del Ministerio de la Igualdad y la Equidad ni qué entidades asumirán programas, fondos y mecanismos de atención.

Según el organismo, el decreto ordena ese traspaso bajo el criterio de “costo cero”, sin garantías suficientes sobre recursos, capacidades técnicas ni coordinación institucional.

El organismo sostuvo que persiste una alta incertidumbre sobre tareas que esa cartera había asumido en materia de equidad y reducción de brechas, varias de ellas antes en otras entidades estatales. También cuestionó quién ejecutaría varias de las políticas públicas que estaban bajo su responsabilidad.

Uno de los principales reparos apunta al traslado de funciones al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social bajo ese criterio de costo cero. La Defensoría advirtió que esa fórmula no ofrece garantías claras sobre presupuesto, capacidades técnicas ni articulación institucional.

“Esa transición podría generar una desarticulación de políticas públicas, la interrupción de programas y la pérdida de capacidades estatales construidas para enfrentar desigualdades estructurales”, señala la alerta.

El Ministerio de la Igualdad y la Equidad entró en liquidación por el cumplimiento del plazo fijado por la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional. Esa decisión dio tiempo hasta el cierre de la legislatura 2025-2026 para corregir los vacíos presupuestales que originaron la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023, que creó la cartera.

La preocupación institucional se amplió tras un llamado reciente del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ese comité pidió al Estado colombiano “garantizar la continuidad y fortalecimiento de la institucionalidad de género”.

Los programas y políticas que podrían quedar en el limbo

La Defensoría expresó especial preocupación por la falta de claridad sobre la entidad que asumirá las funciones del Viceministerio de las Mujeres. Advirtió, en particular, sobre las políticas y mecanismos para prevenir, atender, sancionar y reparar las violencias contra las mujeres.

También alertó por el riesgo sobre fondos estratégicos como “No es Hora de Callar”, “Todos Somos PAZcífico” y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial. A eso sumó la posible afectación de los documentos Conpes 4080 de 2022, 4143 de 2025 y 4147 de 2025.

El organismo señaló que programas, equipos técnicos y espacios de interlocución con organizaciones sociales pueden quedar en un limbo institucional. Añadió que la transición puede reducir la capacidad estatal para garantizar derechos de poblaciones históricamente discriminadas.

Esa inquietud abarca a mujeres, personas con discapacidad, juventudes, personas mayores, población migrante, comunidades campesinas y pueblos étnicos. La Defensoría también extendió la alerta a las obligaciones estatales frente a la discriminación étnica y racial, la igualdad de género para personas Lgbt+ y la superación de la pobreza.

Frente a ese escenario, la Defensoría pidió al Gobierno adoptar y publicar una ruta integral de transición. Esa hoja de ruta debe precisar qué funciones serán trasladadas, a qué entidades, con qué respaldo presupuestal y cómo se garantizará la continuidad de programas, fondos y espacios de participación social.

Además, solicitó que el Ministerio del Interior, Prosperidad Social, el Ministerio de Hacienda y las demás entidades competentes tomen medidas para impedir retrocesos en las políticas de igualdad. La exigencia incluye preservar las capacidades técnicas acumuladas, los equipos especializados y los sistemas de seguimiento.

Para la Defensoría, el reordenamiento institucional pone a prueba la continuidad de las políticas de igualdad en el corto plazo. También condiciona el traspaso ordenado hacia la próxima administración, que deberá sostener la respuesta estatal frente a la discriminación, la pobreza y la violencia, cualquiera que sea el modelo institucional que adopte.