Gobierno de Abelardo de La Espriella deberá defender en el Congreso el Presupuesto de 2027 que será presentado por el de Petro

El Presupuesto de 2027 entrará al Congreso entre el 20 y el 29 de julio, y fue elaborado por el gobierno saliente (Gustavo Petro), pero será el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella el que deba defenderlo desde el 7 de agosto, en una transición marcada por un cambio de rumbo económico, un plan de austeridad de $70 billones y la urgencia de corregir unas cuentas fiscales tensionadas.

El margen de maniobra será estrecho desde el comienzo. El anteproyecto contempló $597 billones, de los cuales 124,5 billones de pesos se destinarían al pago de la deuda, mientras el Marco Fiscal de Mediano Plazo del actual Gobierno proyecta bajar el déficit fiscal al 4,5% en 2027 desde 5,3% al cierre previsto de 2026.

La dificultad adicional es estructural: “El presupuesto es inflexible en cerca del 90 por ciento”, según la frase citada por Semana, lo que reduce el espacio para reorientar el gasto hacia las prioridades del nuevo gobierno.

A eso se suma la intención anunciada por De la Espriella de recortar el tamaño del Estado, que en mayo de 2026 registró 170.000 contratos de prestación de servicios.

La propuesta de austeridad del presidente electo plantea un recorte de $70 billones, pero las estimaciones técnicas van más allá.

Juan Sebastián Betancur, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), calcula que cumplir la meta fiscal del actual Gobierno exige un ajuste en ingresos o gastos cercano a $80 billones.

Betancur añadió que, sin medidas de contención, el gasto sería superior en 46 billones de pesos a lo previsto en el Marco Fiscal. En su análisis, evitar un deterioro de la deuda pública requeriría medidas por alrededor de cinco puntos del PIB, equivalentes a cerca de $100 billones.

El técnico del Carf planteó que la consolidación no depende solo del tamaño del ajuste, sino también de su velocidad y composición. “Lo que evaluamos en el Carf es cuál debe ser el tamaño del ajuste para estabilizar las finanzas públicas y evitar un evento grave de estrés financiero. De acuerdo con nuestro análisis, es necesario adoptar medidas en ingresos y gastos por alrededor de 5 puntos del PIB (cerca de $100 billones) para evitar un comportamiento explosivo de la deuda pública”, afirmó al medio citado.

Para Betancur, ese camino obliga a combinar gradualidad, protección a los hogares más vulnerables y una mezcla de recortes de gasto con medidas de ingreso. También implica gestionar las rigideces legales y políticas de un presupuesto cuya estructura deja poco espacio para movimientos rápidos.

La discusión sobre retirar o no el proyecto para rehacerlo ya tuvo una primera respuesta política. El representante Óscar Darío Pérez sostuvo que el nuevo Gobierno no podría simplemente desmontarlo y que la discusión natural será en las comisiones económicas del Congreso, en las que podrá revisarse primero el monto total y luego la distribución sectorial.

La otra gran apuesta es gastar mejor, no solo gastar menos. El viceministro de Hacienda Leonardo Pazos sostuvo que la eficiencia del gasto público está limitada por normas que lo atan a intermediaciones y procedimientos que impiden que el beneficio llegue de manera efectiva al ciudadano.

Pazos explicó que el enfoque de presupuesto por resultados no siempre resuelve el problema de fondo. “Usamos un enfoque de resultados para priorizar el gasto y las entidades terminan ajustándose a ese criterio, sin tener en cuenta otros, lo que conduce a que no siempre se llegue a soluciones reales”, dijo a Semana.

Como ejemplo mencionó un acueducto correctamente diseñado y entregado, pero construido en un lugar donde no hay agua potable. La obra cumplió formalmente con el criterio presupuestal, aunque no resolvió la necesidad pública que debía atender.

El funcionario también señaló que hay inversiones con potencial de ahorro futuro que suelen quedar relegadas porque son menos visibles, como las relacionadas con cultura ciudadana.

Mencionó el caso de los enfrentamientos a la salida de un partido de fútbol, que derivan en mayores costos de vigilancia, horas nocturnas y pagos extra para la Policía.

Ese tipo de correcciones exige cambios normativos y estrategias que podrían resultar impopulares. El problema para la nueva administración es que la presión social y fiscal será inmediata, mientras las reformas de calidad del gasto suelen producir resultados en plazos más largos.

La credibilidad del presupuesto de 2027 también dependerá de una reforma tributaria, pero el jefe de BTG Pactual, Munir Jalil consideró que su ejecución tiene alto riesgo.

Según su lectura, el diseño que se ha mencionado hasta ahora apunta a simplificar el sistema sin aumentar impuestos, lo que limita el margen para obtener recursos frescos en el corto plazo.

Entre las medidas discutidas figura la eliminación del 4 x 1.000, un gravamen que recaudó 16,3 billones de pesos en 2025. Jalil recordó además que la propuesta incluye reducción de cargas para empresas que generen empleo formal, digitalización del cumplimiento tributario, ampliación de la base y eliminación de exenciones consideradas ineficientes.

El economista advirtió que cualquier reforma que reduzca ingresos permanentes necesitará aprobación legislativa, coherencia con la regla fiscal y fuentes alternativas de recaudo que sean creíbles. En ese punto, la gobernabilidad aparece como una condición tan importante como el diseño técnico.

De la Espriella también ha hablado de reactivar el sector de hidrocarburos, incluido el fracking, para elevar el crecimiento a un rango entre 5% y 7%. Jalil matizó ese supuesto y señaló que “su impacto debe leerse como un estabilizador de producción de mediano plazo, no como un choque inmediato de crecimiento”, dijo al medio citado.