ExFarc pidieron garantías a Abelardo de la Espriella tras balance negativo de la Paz Total de Petro: “Le corresponde hacer cumplir la palabra”

Los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 enviaron una carta abierta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que le solicitaron garantizar la continuidad del proceso de reincorporación y cumplir los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con quienes dejaron las armas.

En el documento, suscrito y divulgado a través del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), los excombatientes sostienen que, aunque los gobiernos cambian, “la palabra del Estado debe permanecer”, por lo que consideran que la implementación del acuerdo de paz trasciende las diferencias políticas.

“Usted no negoció este acuerdo, pero como Presidente de la República le corresponde garantizar que el Estado colombiano cumpla la palabra que comprometió. Ese será también un mensaje de confianza para millones de colombianos: que en nuestro país los compromisos de Estado se honran, independientemente de quién gobierne“, señala la carta.

Los firmantes destacaron que, a casi diez años de la firma del acuerdo final, el 85% de las personas que dejaron las armas continúa en la legalidad y activa en su proceso de reincorporación, cifra que califican como un referente internacional en materia de procesos de paz.

Según el documento, más de 13.000 colombianos se acogieron al proceso de reincorporación; sin embargo, advirtieron que aún persisten importantes dificultades sociales y económicas. Indicaron que el 25,45% de los firmantes permanece desempleado, porcentaje que supera ampliamente la tasa nacional, y señalaron que de más de 11.000 personas únicamente 2.459 registran aportes activos al sistema de seguridad social.

La seguridad también ocupa un lugar central en la carta. Los excombatientes afirmaron que desde la firma del acuerdo de paz 489 firmantes han sido asesinados, mientras que el 94% considera que la débil presencia institucional en los territorios es la principal causa de la inseguridad.

Asimismo, expusieron las dificultades para acceder a vivienda y tierra. De acuerdo con las cifras presentadas, solo el 27% de los firmantes que viven en zonas rurales y el 11% de quienes residen en áreas urbanas son propietarios de una vivienda.

En el documento también hicieron un balance de los últimos años y afirmaron que durante la política de “Paz Total” la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 dejó de ocupar el lugar prioritario que debía tener dentro de la agenda nacional, debido a que el Estado concentró gran parte de sus esfuerzos en nuevos procesos de negociación con organizaciones que permanecían en armas.

“Mientras el Estado concentraba buena parte de sus esfuerzos en nuevos procesos con organizaciones que aún permanecían en armas, miles de firmantes vimos cómo el acuerdo perdía impulso. Ello significó una mayor estigmatización, el deterioro de las condiciones de seguridad y el desplazamiento forzado de firmantes de paz“, expresaron.

No obstante, reconocieron que durante ese periodo hubo avances gracias al trabajo de las comunidades, la cooperación internacional, servidores públicos e instituciones que continuaron apoyando la implementación del Acuerdo.

Los firmantes reiteraron además su disposición para participar en los espacios institucionales de diálogo, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), con el propósito de evaluar los avances y acordar las decisiones necesarias para fortalecer la implementación.

Finalmente, invitaron al nuevo Gobierno a convertir el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 en el instrumento para cerrar las brechas existentes entre lo pactado y lo ejecutado, insistiendo en que la paz debe reflejarse en resultados concretos.

"La paz se mide en vidas protegidas, en víctimas reparadas, en tierra adjudicada, en vivienda digna, en empleo formal y en la confianza que los colombianos depositan en sus instituciones”, concluye la carta.

Los firmantes cerraron el documento reiterando que “la reincorporación es un compromiso de Estado que ya ha sido refrendado por dos gobiernos de distinto signo político. Retroceder no es una opción”.