Álvaro Uribe afirmó que el proceso por las masacres de El Aro y La Granja es una persecución: “Para Petro, es un trofeo dejarme preso”

Sigue la polémica en Colombia debido a que la Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez para el 24 de julio, por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, registradas en Antioquia entre 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de ese departamento.

Uribe criticó la decisión de la Fiscalía, argumentando que fue citado sin que se practicaran pruebas y calificó el llamado como un atropello. Sostuvo que se trata de una revancha política y negó haber estado involucrado en los hechos señalados.

La investigación formal se abrió el 17 de junio de 2026, tras recopilar testimonios de exparamilitares como Francisco Villalba y Salvatore Mancuso, que aseguraron que, en una reunión, de la que Uribe tuvo conocimiento, se impartieron órdenes relacionadas con los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña, que denunciaron la relación entre agentes estatales y estructuras paramilitares en las masacres.

Expertos jurídicos han recordado que el llamado a indagatoria no implica una condena, sino que hace parte de una etapa en la que Uribe podrá ejercer su defensa y la Fiscalía continuará recopilando pruebas antes de decidir si presenta una acusación formal contra el antioqueño.

Uribe afirmó que el proceso debería ser archivado

A menos de un mes para que se lleve a cabo la indagatoria, Álvaro Uribe Vélez habló con El Tiempo para rechazar la decisión de la Fiscalía, que se anunció días antes de los comicios presidenciales.

“Nada han encontrado contra mí. Y dos días antes de elecciones o tres me llaman a indagatoria. Si nada han encontrado contra mí, y necesitaban cerrar el proceso, ¿por qué no lo archivaron? Es la pregunta que me hago“.

El exmandatario se refirió a la hacienda Guacharacas, que fue una de las bases de las AUC en los 90, para recordar que ese predio fue vendido por su familia a los hermanos Gallón Henao (responsables del asesinato de Andrés Escobar), y que fueron ellos los que aceptaron haber financiado a las estructuras paramilitares de la región.

“Mi familia, ante la imposibilidad de tener la hacienda, la vendió, como está demostrado. Y después aparecen que dizque teníamos un grupo paramilitar. En ese proceso contra mí, por ese testigo Monsalve, si algo quedó claro es que mi familia nunca tuvo grupos paramilitares allá, ni los patrocinó”.

El expresidente defendió la honra de su familia y aseguró que ha sido víctima de una persecución judicial, a la que añadió el caso protagonizado por su hermano Santiago Uribe, condenado en última instancia por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

“Mi hermano es un hombre básico, de buena moral, fue buen hijo, buen hermano, es buen esposo, buen padre, y lo meten preso”, fueron las palabras de Uribe Vélez, que responsabilizó al Gobierno nacional por lo que está viviendo en la actualidad.

“A mí, como gobernador, me sorprendieron ambas masacres. No hay una sola prueba con la que puedan decir que yo tuve información anticipada de esas masacres... Para Petro es un trofeo dejarme preso. Ya pusieron preso a mi hermano. Ahora me toca a mí".

¿Cómo fueron las masacres de El Aro y La Granja?

La masacre de El Aro se registró entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango, Antioquia. Un grupo de aproximadamente 150 paramilitares ingresó a la zona, asesinó a por lo menos 17 personas, quemó viviendas y desplazó a decenas de familias.

Las víctimas fueron señaladas de colaborar con la guerrilla y sufrieron torturas y despojo de sus bienes. Además de los asesinatos, hubo saqueos y destrucción generalizada, lo que generó un desplazamiento masivo de los habitantes.

En la masacre de La Granja, registrada en junio de 1996, también en Ituango, paramilitares asesinaron a cinco personas, la mayoría de ellas líderes sociales y campesinos. Las víctimas fueron seleccionadas y señaladas por supuestos vínculos con grupos armados ilegales. Ambas acciones generaron temor, desplazamiento forzado y un profundo impacto social en las comunidades rurales afectadas.

Tras estos hechos, el abogado José María Valle denunció que había una alianza entre la fuerza pública y las AUC que permitía que el grupo paramilitar ejerciera varios tipos de violencia contra la población civil de la región, mientras la gobernación y las alcaldías municipales se mantenían en silencio. El 27 de febrero de 1998, dos sicarios ingresaron a su oficina en el centro de Medellín y le dispararon en varias ocasiones.