El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, desafió a Invías y rechazó la reversión de la concesión Ruta al Mar con una advertencia directa: “No voy a aceptar” que el municipio de San Carlos asuma la vía mientras el cobro de peajes siga en manos del Gobierno nacional.
El pronunciamiento del mandatario de Córdoba se conoció a través de su cuenta en X, en la que aseguró que, aunque está de vacaciones, sigue atento a la situación del departamento.
En ese mensaje cuestionó que Invías pretenda trasladar la responsabilidad del corredor vial al municipio y mantener para sí los ingresos de los peajes. “Ya la época de la colonia pasó”, escribió, al tiempo que sostuvo que ese esquema implicaría que “ustedes sigan cobrando el peaje para llevarse la plata a Bogotá”.
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Zuleta vinculó esa discusión con el manejo de los peajes en el departamento durante el gobierno de Gustavo Petro. En su publicación afirmó que en Córdoba no solo no se desmontó ninguna caseta, sino que, tras el fin de varias concesiones, Invías quedó a cargo del cobro en Mateo Gómez, Garzones y Carimagua, en la subregión del San Jorge.

Según su versión, esos recursos “nunca se invirtieron” en esos corredores ni en otras vías de la zona.
El gobernador cerró su mensaje con una advertencia política e institucional. “No lo vamos a aceptar”, escribió, y sostuvo que los cordobeses quedan notificados del “regalo” que, a su juicio, el Gobierno nacional quiere dejarle al departamento con la reversión de la concesión.
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El exvicepresidente Francisco Santos denuncia anomalías en Invías y el Ministerio de Cultura

El exvicepresidente Francisco Pacho Santos denunció en X que, antes de que empiece el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, se estarían presentando “serias anomalías” en entidades del Estado.
Según Santos, “están cambiando cifras y borrando información” en el Invías y el Ministerio de Cultura, y pidió que se acelere el inicio del empalme. “Empalme ya y auditorías urgentes. Se necesitan mucho más de los 400 auditores porque van hacer de todo”, escribió.
La advertencia se conoció después de que el gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta denunciara que desde el Invías se estaría buscando modificar las condiciones de la concesión Ruta Al Mar, a cargo de la vía hacia el municipio de San Carlos.
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“Le notifico al director de Invias que no se ponga creativo con Córdoba, ya la época de la colonia pasó y no voy aceptar que en el proceso de reversión de la concesión Ruta al Mar, trasladen la responsabilidad de la vía al municipio de San Carlos, y ustedes sigan cobrando el peaje para llevarse la plata a Bogotá. ¿Ese es el regalo que nos quiere dejar el gobierno de Petro en Córdoba?”, publicó el mandatario.
Zuleta agregó que, pese a la oposición del Gobierno a los peajes, en el departamento “no nos quitaron ni uno”, y sostuvo que se terminaron concesiones mientras el Invías mantuvo el cobro en los peajes de Mateo Gómez, Garzones y Carimagua en el San Jorge. “La plata de estos nunca se invirtió en estos corredores, ni mucho menos en vías estratégicas de la zona”, afirmó.
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El Ciadi ordenó al Estado colombiano pagar USD 983 millones por el laudo de Ruta al Mar

El Centro Internacional de Resolución de Disputas (Cird) ordenó al Estado colombiano pagar USD 983 millones y USD 597.696 por incumplimientos en la concesión Ruta al Mar, un laudo sobre la autopista Antioquia–Bolívar que además puede influir en la forma en que se estructuran y ejecutan otras asociaciones público–privadas en Colombia por los riesgos regulatorios que dejó expuestos.
La decisión fija también una obligación de 3,58 billones de pesos y se originó en el contrato de Asociación Público–Privada de la autopista Antioquia–Bolívar. El tribunal sustentó el desequilibrio económico del proyecto en la falta de ajuste de las tarifas del peaje de Carimagua y en la aplicación de la fórmula de liquidación por terminación anticipada del contrato.
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Según Construcciones El Cóndor, socio mayoritario y titular de la concesión, el fallo confirma la flexibilidad de los contratos APP en Colombia y la eficacia del sistema arbitral para resolver controversias. La compañía sostuvo que el laudo también dejó al descubierto debilidades estructurales del contrato.
El proceso arbitral comenzó en junio de 2023 por incumplimientos contractuales atribuidos a la Agencia Nacional de Infraestructura. La reclamación buscaba la terminación anticipada del contrato de concesión y la aplicación de la fórmula prevista para ese escenario.
En su análisis, el tribunal concluyó que la imposibilidad de terminar las obras dentro de los plazos pactados no fue imputable al concesionario. De acuerdo con la empresa, esa conclusión se apoyó en la alteración de la estructura tarifaria y de ingresos del proyecto, entre otros factores.
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La compañía afirmó: “El laudo constituye un hito relevante (...) en la medida en que reconoce múltiples incumplimientos contractuales por parte de la ANI y declara la terminación anticipada del contrato de concesión”.
Añadió: “El fallo también expone debilidades estructurales del contrato, producto de decisiones regulatorias que afectaron su equilibrio económico y de la ausencia de medidas oportunas para corregir esas desviaciones”.
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