El Concejo Municipal de Campamento y la Agencia de Renovación del Territorio rechazaron las declaraciones del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez y le exigieron retractarse por sus señalamientos contra municipios de Antioquia donde Iván Cepeda obtuvo mayorías electorales. Las entidades advirtieron que sus palabras estigmatizan a comunidades que han sufrido violencia y pueden poner en riesgo a la población civil.
La información publicada por Blu Radio señala que la polémica surgió después de que Rodríguez pidiera al Gobierno nacional electo concentrar acciones ofensivas de la fuerza pública en territorios que estuvieron bajo vigilancia especial antes de los comicios del 21 de junio, por presuntos constreñimientos de grupos armados.
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El concejal afirmó que los próximos “ataques, bombardeos y demás” debían dirigirse hacia esas zonas, porque, según dijo, allí estarían “los bandidos de este país”. Sus palabras provocaron una oleada de críticas en redes sociales y motivaron pronunciamientos institucionales contra lo que fue calificado como un discurso estigmatizante.
Reclamo del Concejo Municipal
Rodríguez mencionó de manera específica a Campamento, municipio del Norte de Antioquia. Según dijo, allí Cepeda pasó de 400 votos a 2.500, y relacionó ese resultado con alertas previas sobre presuntas amenazas de las Farc para favorecer al candidato. También aseguró que se podían iniciar “fumigaciones” y “ataques del Ejército y la Policía” en esa zona.
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El Concejo Municipal de Campamento respondió mediante un comunicado público en el que pidió respeto por sus habitantes y rechazó que el municipio sea usado como referencia para promover acciones violentas. La corporación también solicitó al concejal rectificar sus declaraciones.
“Campamento no puede ser señalado como escenario de confrontación ni utilizado como referencia para promover discursos violentos. Nuestra gente merece ser reconocida por su dignidad, su trabajo y su esperanza”, señaló el Concejo Municipal en el pronunciamiento.
Para la corporación, asociar a toda una comunidad con estructuras ilegales por el comportamiento electoral de sus habitantes desconoce las condiciones que enfrentan los territorios afectados por el conflicto. Además, el señalamiento puede profundizar la vulnerabilidad de poblaciones que han tenido que vivir bajo presión de actores armados.
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Agencia de Renovación pidió no revictimizar
La Agencia de Renovación del Territorio también se sumó al rechazo y cuestionó directamente al concejal Rodríguez. La entidad expresó preocupación por este tipo de solicitudes, especialmente porque varios municipios mencionados hacen parte de territorios priorizados por haber sufrido violencia, pobreza, cultivos de uso ilícito y debilidad institucional.
“Rechazamos tajantemente las irresponsables declaraciones del concejal Rodríguez”, indicó la Agencia en una carta. La entidad sostuvo que esas afirmaciones constituyen un hecho de revictimización contra comunidades y territorios de 170 municipios del país que fueron priorizados como beneficiarios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.
La Agencia recordó que en esos municipios habitan más de cinco millones de personas, en su mayoría comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que han padecido el rigor del conflicto armado y el abandono estatal. Por eso, advirtió que los discursos que los señalan de manera colectiva desconocen su historia y sus necesidades.
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Tras la controversia, varias figuras políticas y líderes sociales indicaron en redes sociales que interpondrán acciones legales por las declaraciones del concejal. Tampoco se descarta algún tipo de intervención de la Procuraduría General u otras entidades que ejercen control sobre la función pública.
El caso dejó abierta una discusión sobre la responsabilidad de los funcionarios al referirse a territorios con antecedentes de violencia. La reclamación del Concejo Municipal y de la Agencia de Renovación del Territorio apunta a que los resultados electorales no sean usados para señalar comunidades enteras ni para justificar discursos que puedan aumentar los riesgos sobre la población civil colombiana.
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