Abogado del Pacto Histórico, Luis Guillermo Pérez, rechazó la denuncia penal de Thomas Greg & Sons y aseguró que se trata de una “persecución política”

El abogado del Pacto Histórico y senador electo Luis Guillermo Pérez rechazó la denuncia penal presentada en su contra por la empresa Thomas Greg & Sons, que lo señala por los presuntos delitos de perturbación de certamen democrático, hostigamiento, injuria, calumnia y falsedad en documento privado.

La reacción de Pérez se produjo luego de que la firma informara que radicó la acción judicial ante la Fiscalía General de la Nación, por intermedio del abogado Mauricio Pava Lugo, al considerar que el dirigente político habría impulsado una campaña de difusión de información que, según la empresa, contribuyó a generar cuestionamientos sobre la transparencia de las elecciones presidenciales de 2026 mediante interpretaciones que considera erróneas sobre el funcionamiento del sistema de escrutinio.

En el video divulgado en su cuenta de X, Luis Guillermo Pérez negó haber incurrido en las conductas que le atribuye la empresa y aseguró que la denuncia no tiene sustento. “Thomas Greg & Sons me ha denunciado por presuntamente haber cometido el delito de perturbación del certamen democrático, de hostigamiento, calumnia, injuria y falsedad en documento privado. Esto es totalmente infundado. Es una falsa denuncia”, manifestó.

El senador electo explicó que las publicaciones realizadas en sus redes sociales se basaron, según afirmó, en información oficial del proceso electoral. “¿Sobre qué me he basado yo para hacer mis denuncias en mis redes sociales? En los testigos digitales, en formularios C-14 que bajaron, ¿de dónde? No de sus páginas web, de las páginas web de la Registraduría”, señaló.

Asimismo, sostuvo que sus actuaciones estuvieron respaldadas por derechos consagrados en la Constitución Política. “¿Y sobre qué derechos me he amparado? Sobre varios derechos consagrados en la Constitución Política: la libertad de expresión, artículo veinte, el debido proceso, artículo veintinueve, los derechos políticos, artículo cuarenta, que implican resultados electorales genuinos, transparentes, y en el artículo noventa y cinco de la Constitución Política, que nos impone el deber ciudadano de defender los derechos humanos y la democracia colombiana”, afirmó.

La denuncia de Thomas Greg & Sons

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, Pérez habría realizado más de veinte publicaciones y pronunciamientos públicos en los que denunció supuestas irregularidades electorales, cuestionó la legitimidad de los resultados y promovió llamados para suspender el escrutinio nacional y excluir determinadas mesas de votación.

Según la posición expuesta por Thomas Greg & Sons, esas actuaciones contribuyeron a construir una narrativa de fraude electoral que carecía de sustento y terminó afectando el desarrollo del proceso democrático y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar las elecciones.

La empresa reiteró que su participación en los comicios se limita a funciones técnicas y logísticas contratadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y sostuvo que no interviene en el conteo ni en la consolidación de los votos. También argumentó que las publicaciones y pronunciamientos realizados por Pérez ocasionaron afectaciones reputacionales al convertir a la compañía en objeto de acusaciones relacionadas con un supuesto fraude electoral.

Al referirse a la denuncia, Mauricio Pava afirmó que la condición de senador electo y representante electoral del Pacto Histórico otorgó mayor alcance a las afirmaciones realizadas por Luis Guillermo Pérez. “Luis Guillermo Pérez Casas no es un ciudadano cualquiera. Es senador electo y fue representante electoral de la campaña del Pacto Histórico. Desde esa posición amplificó narrativas de fraude desvirtuadas por las autoridades competentes y contribuyó a sembrar desconfianza sobre la integridad de las elecciones”, señaló el abogado.

Pava agregó que, cuando una persona con influencia política difunde información que considera falsa o engañosa sobre los resultados electorales, el impacto puede trascender el debate político y afectar la percepción pública sobre los procesos democráticos.

Como parte de los argumentos expuestos, la defensa de Thomas Greg & Sons también hizo referencia a una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, según indicó el abogado, desde abril de 2026 ordenó corregir afirmaciones relacionadas con presuntas vulnerabilidades del software electoral y abstenerse de reiterarlas.