Una investigación académica de la Universidad de los Andes sobre los ceses al fuego en Colombia concluyó que la política de Paz Total no redujo homicidios, masacres ni atentados terroristas, pero sí coincidió con aumentos de extorsión, amenazas, reclutamiento forzado de menores y gobernanza criminal en municipios del país.
De acuerdo con la investigación difundida por El Tiempo, el estudio analizó los ceses al fuego decretados entre 2022 y 2023 y concluyó que la medida no produjo bajas en los principales indicadores de violencia letal. En zonas con presencia de grupos armados beneficiados por esos acuerdos, aumentaron formas de coerción contra la población civil.
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La investigación fue elaborada por Daniel Mejía, Juan Fernando Vargas y Andrés Rivera, quienes examinaron la evolución de la violencia en cientos de municipios colombianos antes y después de la entrada en vigor de los ceses. La investigación fue publicada por la Facultad de Economía y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes.
La conclusión general del análisis es que los homicidios, las masacres y los atentados terroristas no mostraron reducciones significativas tras la aplicación de la medida. El estudio señaló que el efecto fue distinto en territorios bajo control de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
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El repunte de la violencia menos visible
La extorsión aumentó 337% en los municipios con presencia de grupos cobijados por los ceses al fuego, de acuerdo con los investigadores. Las amenazas contra la población civil subieron 70% y el reclutamiento forzado de menores, 168%.
Los autores describieron ese patrón como una “sustitución estratégica”, en la que los grupos armados reemplazaron formas de violencia con exposición pública por mecanismos de control. “Los grupos explotaron el cese al fuego para consolidar el control territorial mediante formas de coerción”, concluyeron, según el periódico.
El mayor control territorial de los grupos armados
La investigación también midió la gobernanza criminal a partir de indicadores como retenes ilegales, confinamientos, desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones y reclutamiento de menores. El resultado fue un incremento de 32% en los municipios analizados.
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Para los investigadores, ese dato muestra que los ceses al fuego generaron incentivos para que las organizaciones armadas ampliaran su influencia territorial sin recurrir a acciones visibles. Ese hallazgo coincidió con un informe de la Contraloría General de la República citado por el mencionado medio.
Ese informe, divulgado el 23 de junio, señaló que la presencia de actores armados ilegales pasó de 195 municipios en 2019 a 518 en 2025. El aumento superó 165% y reflejó la expansión de esas estructuras en regiones de Colombia.
La menor presión militar del Estado
El análisis también registró una caída de 73% en los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y los grupos armados después de la entrada en vigor de los ceses. Las bajas en combate de integrantes de organizaciones ilegales también descendieron 46%.
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Los autores interpretaron esos resultados como una reducción de la presión estatal sobre esas estructuras. El estudio aclaró que las operaciones contra economías ilegales, como narcotráfico o minería ilegal, no mostraron cambios estadísticamente significativos durante el periodo evaluado.
Los investigadores pusieron en duda que el mismo modelo de negociación sirva para organizaciones centradas en rentas ilegales y para grupos insurgentes con reivindicaciones políticas. También advirtieron que la arquitectura de los ceses tuvo debilidades por la falta de monitoreo y verificación independientes.
Como salida, propusieron que futuros acuerdos incluyan sistemas capaces de detectar extorsión, amenazas y reclutamiento forzado de menores.
Sus simulaciones, recogidas por El Tiempo, indicaron que elevar en 50% esa capacidad de detección permitiría neutralizar los efectos negativos observados y devolver los niveles de violencia a registros cercanos a los previos a la medida.
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