Exgobernador de San Andrés fue judicializado por presuntas irregularidades en contrato vial por más de $2.300 millones

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Ronald Housni Jaller, exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por su presunta participación en una serie de irregularidades relacionadas con la contratación de obras para la rehabilitación y mantenimiento de vías en el barrio Los Corales.

El proyecto, que superó los 2.393 millones de pesos entre obra e interventoría, habría sido adjudicado sin contar con los estudios y diseños técnicos indispensables para su ejecución.

La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La investigación se centra en hechos ocurridos durante la administración departamental de Housni Jaller, quien ejerció como gobernador entre enero de 2016 y abril de 2018.

Según la Fiscalía, la contratación fue adelantada pese a que los documentos técnicos que debían servir de soporte para la ejecución de las obras no estaban aprobados ni completos al momento de adjudicar el proyecto y los hallazgos indicarían que la administración avanzó con el proceso contractual ignorando varias exigencias fundamentales establecidas por la ley.

Durante la audiencia, la fiscal encargada del caso explicó cómo se habría desarrollado el proceso que hoy es objeto de investigación judicial.

“El año 2017, la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina adelantó el contrato once treinta y cinco de 2017 para elaborar los estudios y diseños de las vías priorizadas del Plan Vial Departamental y el contrato once cero tres de 2017 para su interventoría. No obstante, para noviembre y diciembre del año 2017, dichos estudios y diseños no habían sido aprobados. Pese a ello, la administración departamental, encabezada por el aquí presente, adelantó la licitación pública cero cuarenta y ocho de 2017, la adjudicó mediante resolución cero seis sesenta y ocho sesenta y siete del 27 de diciembre de 2017 y celebró ese mismo día el contrato dieciocho ochenta de 2017, por valor de dos mil ciento doce millones ciento ochenta y dos mil trescientos setenta y seis pesos para la rehabilitación y mantenimiento de vías internas del barrio Los Corales. Igualmente, y en esa misma fecha, celebró el contrato dieciocho ochenta y seis por un valor de doscientos noventa y un millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos para el contrato de interventoría”, indicó en la audiencia.

La investigación reveló además que los estudios y diseños necesarios para desarrollar la obra habían sido contratados previamente por cerca de 408 millones de pesos. Sin embargo, dichos documentos fueron entregados de forma parcial e incompleta, situación que habría impedido contar con los soportes técnicos requeridos para ejecutar adecuadamente el proyecto.

A estas inconsistencias se sumarían otras anomalías detectadas por los investigadores, entre ellas la ausencia de presupuesto suficiente, la falta de un plan de manejo ambiental y la inexistencia de varios documentos técnicos considerados indispensables para garantizar la viabilidad de la iniciativa.

Pese a este panorama, la Fiscalía aseguró que durante la ejecución contractual se autorizó el desembolso del 50% del anticipo pactado para las obras y la interventoría. En total, se giraron más de 1.178 millones de pesos, recursos cuyo destino también es objeto de investigación.

Al respecto, la fiscal del caso expuso durante la diligencia judicial algunos de los hallazgos que sustentan la imputación: “Durante la ejecución contractual, el contratista requirió formalmente a la administración la entrega de los diseños necesarios para ejecutar las obras contratadas, manifestando que no disponía de ellos. A pesar de no contarse con los estudios y diseños aprobados, se giró un anticipo superior a los mil cincuenta y seis millones de pesos y el contrato fue declarado incumplido y liquidado por la misma administración departamental”.

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, los recursos desembolsados habrían sido transferidos posteriormente a una tercera empresa que, presuntamente, no los destinó al desarrollo de las obras previstas en el contrato.

La situación terminó agravándose cuando la administración que sucedió a Housni Jaller decidió liquidar unilateralmente el contrato debido a los incumplimientos detectados. Para ese momento, según los registros oficiales, el avance físico de la obra apenas alcanzaba el 2,37%, una cifra considerablemente baja frente a los recursos que ya habían sido entregados.

El caso se convierte en uno de los procesos más relevantes relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública del archipiélago y ahora será la justicia la encargada de determinar si existieron responsabilidades penales en la adjudicación y ejecución de este proyecto vial que buscaba mejorar la movilidad en uno de los sectores residenciales de San Andrés.

Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía mantiene la tesis de que la contratación se realizó desconociendo requisitos esenciales de planeación, lo que habría generado un presunto detrimento de recursos públicos destinados al mejoramiento de la infraestructura vial de la isla.