
Una pelea a golpes entre usuarios y vigilantes en la estación Calle 76 del sistema Transmilenio, en el norte de Bogotá, volvió a poner en el centro del debate la creciente violencia y evasión del pago en el transporte público.
El incidente comenzó cuando los vigilantes intentaron detener a dos personas que trataban de ingresar sin pagar el pasaje. Ante el control, los infractores respondieron con agresiones físicas, lo que derivó en una riña que interrumpió el flujo habitual de usuarios y expuso, una vez más, el riesgo al que se enfrentan los funcionarios del sistema.
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Durante el último año, el número de ataques físicos a los vigilantes de Transmilenio ha superado los 180 casos documentados, según datos oficiales.
Esta cifra revela un patrón de violencia constante que afecta tanto a la operación del sistema como a la seguridad de los trabajadores.

La directora técnica de seguridad de Transmilenio, Natalia Tinjacá, destacó la gravedad de los hechos: “Hemos tenido más de 180 agresiones a vigilantes, lo cual es inaceptable porque son servidores públicos que están prestando un servicio”. La funcionaria hizo un llamado a pagar el pasaje no solo por el impacto económico en el sistema, sino para “prevenir lesiones y muertes innecesarias”.
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Las autoridades recordaron que atacar a un funcionario de Transmilenio es considerado agresión a servidor público, una figura penal que puede derivar en importantes sanciones judiciales para los responsables.
Este tipo de delitos no solo afecta a los trabajadores, sino que también altera el funcionamiento del sistema y genera sensación de inseguridad entre los usuarios.
De acuerdo con la normativa vigente, quienes incurren en este tipo de agresión enfrentan procesos legales y penas que buscan disuadir este comportamiento. La reiteración de estos incidentes ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia y a insistir en la importancia del respeto a las normas dentro del sistema.
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