Abelardo de la Espriella estaría estudiando fusionar los ministerios de Justicia e Interior: cuál sería la razón

El presidente electo Abelardo de la Espriella evalúa fusionar el Ministerio de Justicia con el del Interior y convertirlo en un viceministerio, una reforma que busca achicar el Estado en cerca de 40% y recortar gasto, aunque el mismo modelo ya fue aplicado en Colombia y el propio Estado lo desmontó en 2011 por falta de ahorro y por el deterioro de la autonomía del sector justicia.

Según reveló Cambio, la campaña del mandatario cifró ese ajuste entre 25 y 30 billones de pesos y sostuvo que en el aparato estatal sobran más de 700.000 funcionarios y contratistas.

En ese esquema, Justicia no perdería sus funciones, pero sí su condición de cartera independiente, su asiento en el consejo de ministros y su interlocución autónoma con las altas cortes.

La publicación señaló que esa posibilidad ya fue discutida en reuniones del equipo más cercano del presidente electo, dentro de la reorganización con la que pretende pasar de 19 ministerios a nueve o 10. La cartera de Justicia aparece entre las primeras que podrían salir del organigrama.

La fórmula no es nueva. En 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una reforma fusionó los ministerios del Interior y de Justicia en una sola entidad, al tiempo que unió Salud y Trabajo en el entonces Ministerio de la Protección Social.

Aquel rediseño se presentó como una apuesta por menos entidades, menos burocracia y una administración más eficiente. Incluso incluyó un Viceministerio de Justicia y del Derecho, con funciones que antes estaban concentradas en un ministerio propio.

En ese momento, los medios informaron: “Mediante 18 decretos, firmados por el presidente Álvaro Uribe Vélez, ayer quedó reglamentada la fusión de seis ministerios y la supresión de 714 cargos de esas carteras”.

Ocho años después, el Estado cambió de criterio. En 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió separar otra vez ambas carteras y restablecer el Ministerio de Justicia y del Derecho como entidad independiente el 4 de mayo de ese año.

La razón quedó consignada en los documentos de la reforma: no se cumplieron los objetivos de ahorro fiscal ni se produjo una mayor eficacia institucional. El Ejecutivo también concluyó que la agenda de justicia había quedado subordinada a las prioridades políticas del Ministerio del Interior.

Ese diagnóstico agregó un punto sensible para el diseño institucional: el país necesitaba un interlocutor dedicado de manera exclusiva a la relación con las altas cortes y a la política pública del sector. La experiencia mostró que la promesa de hacer más con menos chocó con la necesidad de que la justicia tuviera voz propia dentro del gabinete.

La eventual desaparición del ministerio responde a la lógica económica que De la Espriella expuso durante la campaña. Además de cuestionar la duplicación de funciones entre carteras, el presidente electo calificó de “absurdo” al Ministerio de la Igualdad y señaló cruces de competencias entre Interior y Defensa como ejemplo de lo que quiere simplificar.

La victoria con la que llegó al poder fue estrecha. El 21 de junio se impuso en segunda vuelta con 49,66% de los votos frente al 48,69% de Iván Cepeda, el margen más ajustado de un balotaje en la historia del país.

Ese resultado le da mandato para intentar la reforma, pero no le evita los obstáculos. Suprimir o fusionar un ministerio no depende solo de la voluntad presidencial: requiere una ley o facultades extraordinarias del Congreso, como ocurrió tanto en 2002 como en 2011.

La discusión también tiene una carga simbólica. De la Espriella construyó su trayectoria como abogado penalista, de modo que la posibilidad de rebajar Justicia a un viceministerio dentro de la cartera política del Ejecutivo abre una controversia en el mundo jurídico, en un país en el que la tensión entre el poder político y las cortes ha sido persistente.

Cambio advirtió que el gobierno entrante tendría que construir mayorías en un Congreso fragmentado para sacar adelante esa modificación.

El problema adicional es político: recortar burocracia reduce el margen de negociación con el Legislativo, justo cuando la reforma exigiría acuerdos con sectores que se benefician del sistema que el presidente electo dice querer desmontar.

Por ahora, el Ministerio de Justicia integra la lista corta de entidades que podrían desaparecer si prospera la reorganización estatal que estudia el nuevo gobierno.