
El Ministerio del Trabajo anunció la creación de una mesa de garantías laborales para acompañar a más de 700 trabajadores del Ministerio de Igualdad y Equidad durante el proceso de liquidación de esa entidad, una etapa que se extenderá por un plazo máximo de un año y que fue ordenada por el Gobierno nacional tras el vencimiento del término otorgado por la Corte Constitucional para corregir los problemas jurídicos de la ley que dio origen a la cartera.
La nueva instancia tendrá como propósito principal hacer seguimiento a las garantías laborales de los servidores públicos vinculados al ministerio, resolver inquietudes sobre su situación contractual y promover espacios de diálogo y concertación durante la transición institucional.
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De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la mesa estará integrada por representantes de la cartera laboral, las organizaciones sindicales, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el agente liquidador que será designado por el presidente de la República para dirigir el cierre administrativo del Ministerio de Igualdad y Equidad.
La decisión se adoptó en medio de la creciente incertidumbre de cientos de trabajadores frente a su futuro laboral.
Cifras citadas por la revista Semana señalan que cerca de 700 empleados se encuentran a la expectativa de las decisiones que se adopten durante el proceso, mientras que organizaciones sindicales han advertido que más de 650 personas podrían quedar sin empleo una vez avance la liquidación.
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El anuncio se produjo luego de una reunión entre el Ministerio del Trabajo, representantes de los sindicatos Sunet y Sintraigualdad, así como delegados de Función Pública. Según la información oficial, el encuentro permitió establecer una hoja de ruta para acompañar a los trabajadores y garantizar que el proceso se adelante con respeto por sus derechos laborales.
Durante la reunión, las organizaciones sindicales expresaron sus preocupaciones sobre la aplicación de las circulares 045 y 047, expedidas en el marco del proceso de cierre de la entidad. Estos lineamientos establecen actividades relacionadas con la reorganización administrativa, el levantamiento de inventarios, la organización documental y la transferencia de bienes, archivos e información institucional.
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Gobierno asegura que las medidas administrativas no implican despidos automáticos
Uno de los principales mensajes entregados por el Gobierno es que las disposiciones contenidas en las circulares no constituyen, por sí mismas, decisiones de desvinculación laboral.
El Ministerio del Trabajo explicó que dichas actuaciones corresponden a procedimientos administrativos necesarios para garantizar una liquidación ordenada y transparente, pero aclaró que cualquier determinación relacionada con la terminación de vínculos laborales deberá ser adoptada por el agente liquidador una vez sea oficialmente designado.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que las inquietudes expresadas por los trabajadores serán trasladadas directamente al presidente Gustavo Petro con el propósito de construir una ruta concertada para la transición institucional.
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“No escatimaremos el menor esfuerzo de llevar estas preocupaciones directamente al presidente de la República. Nuestro propósito es que la ruta para la transición del MinIgualdad se construya con las organizaciones sindicales y los trabajadores, de manera que se generen capacidades para el futuro que fortalezcan la institucionalidad y los derechos laborales”, afirmó el funcionario.

En declaraciones recogidas por Semana, Sanguino reiteró que los procedimientos administrativos actualmente en marcha no pueden interpretarse como decisiones definitivas sobre la permanencia de los trabajadores.
“Estos procedimientos no constituyen por sí mismos actos de desvinculación laboral, ni sustituyen las decisiones que deberán ser adoptadas por el agente liquidador que designe el Gobierno nacional”, señaló.
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Asimismo, el Ministerio del Trabajo aseguró que mantendrá el acompañamiento a los empleados y organizaciones sindicales durante todo el proceso de cierre y hasta la finalización del actual Gobierno.
Ese acompañamiento incluirá el seguimiento a garantías laborales, derechos sindicales, estabilidad laboral reforzada y demás mecanismos de protección previstos en la legislación para este tipo de procesos administrativos.
La liquidación responde a una orden derivada de la Corte Constitucional
La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad se produce en cumplimiento de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual el alto tribunal declaró inexequible la ley que creó la entidad.

La decisión judicial estableció que durante el trámite legislativo de la iniciativa se presentaron vicios de procedimiento, especialmente relacionados con la ausencia de un análisis adecuado sobre el impacto fiscal de la creación de la cartera.
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Aunque la Corte otorgó un plazo de dos años para que el Gobierno y el Congreso corrigieran esas irregularidades mediante un nuevo trámite legislativo, dicho término expiró sin que se lograra aprobar una nueva ley.
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