Las razones detrás del hundimiento del proyecto de licencia por puntos y nueva póliza: concejal Forero advirtió riesgos y falta de controles

La Cámara de Representantes archivó el proyecto de ley que pretendía implementar la licencia de conducción por puntos y una nueva póliza obligatoria para conductores en Colombia, frustrando una de las reformas más ambiciosas en seguridad vial y generando un debate sobre los riesgos de posibles abusos, costos adicionales y falta de controles, según explicó el concejal de Bogotá Julián Forero “Fuchi”.

El hundimiento del proyecto ocurrió tras el rechazo del informe de conciliación con el Senado, con 56 votos en contra y 43 a favor en la plenaria de la Cámara. Este informe, que habitualmente es un trámite formal para unificar los textos aprobados por ambas corporaciones, se convirtió en el escollo definitivo, dejando sin efecto la iniciativa que había sido defendida como una herramienta clave para reducir la reincidencia en las vías y modificar hábitos de conducción peligrosos.

Claves de la propuesta y sus aspectos positivos

El proyecto proponía un sistema de licenciamiento por puntos, similar a modelos vigentes en otros países. Cada conductor comenzaría con una cantidad de puntos: 26 para usuarios de vehículos particulares y 36 para conductores de servicio público. Por cada infracción de tránsito, se descontarían entre cuatro y 10 puntos según la gravedad de la falta.

Al llegar a cero puntos, el conductor perdería la licencia, aunque el esquema contemplaba medidas progresivas para corregir conductas riesgosas antes de la cancelación definitiva del permiso.

Entre los aspectos positivos, el concejal Forero destacó el fortalecimiento de los requisitos para la expedición de licencias a conductores novatos y la posibilidad de otorgar incentivos a quienes mantuvieran buenos antecedentes. Forero reconoció que “en Colombia necesitamos mejores procesos de formación para quienes obtienen una licencia de conducción y también mecanismos que reconozcan a los conductores responsables”.

Nuevas cargas y riesgos para los conductores

Sin embargo, el proyecto también incluía medidas que generaron rechazo, especialmente por el potencial de convertirse en una nueva carga económica para millones de colombianos. Una de las disposiciones más polémicas fue la incorporación, durante el trámite legislativo, de una nueva póliza obligatoria para todos los conductores, entendida por muchos como un segundo Soat, lo que suponía un gasto adicional significativo.

Aunque el Senado decidió eliminar este artículo antes de aprobar el texto final, la medida no logró recuperar los apoyos perdidos en la Cámara.

El sistema propuesto implicaba que los conductores que perdieran puntos tendrían que realizar cursos para recuperarlos, gestionados por los Centros Integrales de Atención (CIA) y operadores privados. Para Forero, esto abría la puerta a que la recuperación de puntos se convirtiera en “un negocio permanente alrededor de cursos y trámites, generando más cargas a los conductores” y fortaleciendo estructuras de recaudo ajenas a la mejora de la seguridad vial.

Otro punto de preocupación era la administración del sistema por parte del Simit, la entidad encargada del registro nacional de comparendos, cuya falta de controles y transparencia ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones. El temor a abusos y actuaciones indebidas por parte de las autoridades de tránsito fue central en el rechazo.

Forero advirtió que “cuando se crean sistemas que tienen la capacidad de suspender licencias, sacar conductores de las vías o restringir derechos, también deben existir controles estrictos sobre quienes imponen las sanciones”.

Debate por la seguridad vial y el riesgo de nuevos cobros

El proyecto había sido promovido como un mecanismo para castigar la reincidencia y salvar vidas en las vías, pero para sus detractores, los riesgos de convertir la reforma en una excusa para nuevos cobros y la falta de garantías de control riguroso sobre las autoridades pesaron más. Forero señaló que “la seguridad vial debe ser una política seria para salvar vidas, no una excusa para crear nuevos cobros, fortalecer estructuras de recaudo o abrir espacios para abusos”.

Durante el trámite legislativo, la iniciativa enfrentó resistencias por parte de congresistas preocupados por el impacto en empresas de transporte y en los costos de implementación, así como por los cambios introducidos en las etapas finales. La mayor controversia surgió con el artículo de la nueva póliza y el temor a la duplicidad de seguros obligatorios, lo que terminó de fracturar el apoyo en la Cámara de Representantes.

Con la votación negativa, el proyecto de licencia por puntos quedó oficialmente archivado y fuera del trámite legislativo. Los promotores, como la senadora Angélica Lozano, lamentaron la decisión señalando que en el último año cerca de 8.900 personas murieron en siniestros viales y que la reforma buscaba reducir esa cifra.

Para los críticos, el archivo representa un freno a medidas que podían derivar en abusos y cargas excesivas sin solucionar los problemas estructurales de control y transparencia.