Congresista denunció ante la Fiscalía a Iván Velásquez y Danilo Rueda tras explosiva revelación sobre el Clan del Golfo

El representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, anunció que radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano y exministro de Defensa, contra Danilo Rueda, excomisionado de paz, y contra Ricardo Rey Rosanía, el exsubdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntos delitos que habrían puesto en jaque la seguridad nacional.

La acción judicial se interpuso por el presunto delito de concierto para delinquir, tras la polémica revelación de unos audios que exponen supuestos beneficios e intercambios de favores entre el arranque del Gobierno y el Clan del Golfo.

La denuncia penal del congresista se dio como una reacción a la revelación realizada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol; el informe periodístico desató un desconcierto nacional al evidenciar polémicas gabelas que habrían frenado el accionar de la fuerza pública para favorecer la expansión de la estructura criminal.

A través de un comunicado, Garcés confirmó la radicación del documento ante el ente acusador y exigió que la justicia actúe con celeridad para determinar las responsabilidades penales de los exfuncionarios involucrados en la mesa exploratoria.

La denuncia presentada por el congresista busca que las autoridades investiguen a fondo una serie de conductas delictivas de extrema gravedad que se habrían configurado a puerta cerrada, entre las cuales se destacan los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y por omisión, revelación de secreto, utilización indebida de información oficial privilegiada, tráfico de influencias, espionaje, favorecimiento y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Un llamado urgente a la justicia y la inminente mención al presidente Gustavo Petro

Ante el revuelo que provocó el informe periodístico, el congresista Christian Garcés solicitó formalmente al ente acusador que se recauden de manera urgente todos los audios, registros oficiales y documentos pertinentes para esclarecer el alcance real de los implicados.

Asimismo, en el documento del legislador del Centro Democrático se hizo petición trascendental que escala el conflicto al plano presidencial, pues solicitó compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para establecer si el presidente Gustavo Petro tuvo conocimiento, intervención o responsabilidad en estos hechos.

“Las revelaciones de Noticias Caracol describen hechos de una gravedad sin precedentes. Si desde el Gobierno se comprometieron decisiones militares, operaciones de inteligencia o beneficios institucionales para favorecer al Clan del Golfo, Colombia estaría frente a una posible utilización del poder público en beneficio de una organización criminal. La Fiscalía debe actuar con celeridad y llegar hasta las últimas consecuencias para proteger la seguridad nacional, la legalidad y la confianza de los colombianos en las instituciones”, afirmó Garcés en las declaraciones citadas en el comunicado.

¿Qué revelan las grabaciones divulgadas que salpicaron al Gobierno con el Clan del Golfo?

La base que sustenta esta tormenta jurídica se remonta al 2 de septiembre de 2022, pocas semanas después de arrancar el actual Gobierno de Gustavo Petro, cuando Danilo Rueda se reunió en secreto con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, jefe político del grupo armado que comanda Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo.

En dicho encuentro, que quedó registrado en cintas de audio —que fueron reveladas por la fuente de noticias el miércoles 24 de junio de 2026—, el entonces comisionado ofreció gabelas que se ajustarían perfectamente a los intereses de la organización delincuencial, incluyendo el cese de bombardeos aéreos y una cuestionable limpieza en la inteligencia policial.

Mientras el alto funcionario negociaba suspender las operaciones aéreas con los delegados de la mafia, el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, le decía públicamente al país que los bombardeos solo estaban restringidos si se detectaba la presencia de menores de edad.

En esa misma cita, alias Jerónimo exigió que la fuerza pública retirara de inmediato todos los operativos y grupos de infiltración de las zonas de influencia criminal a cambio de mantener un cese al fuego unilateral. “Esto no es fácil porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo”, se le escucha decir a Rueda en las grabaciones transmitidas por televisión, al hacer alusión a la destitución de 35 generales y coroneles que el Gobierno ejecutó al inicio de su gestión.

El escándalo estalló en un momento crítico para la política de ‘Paz Total’, justo cuando el actual comisionado Otty Patiño busca el traslado de los delincuentes a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) —son áreas temporales donde grupos armados se concentran para avanzar en su proceso de desmovilización y transición a la vida civil—.

Para facilitar este proceso, el Gobierno le solicitó a la Fiscalía suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo, incluyendo a alias Chiquito Malo, que es requerido en extradición por los Estados Unidos. Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo negó la solicitud al considerar que no existen avances concretos ni compromisos verificables por parte del grupo criminal.