La revocatoria de mandato contra la alcaldesa del municipio de La Mesa, Cundinamarca, Laura Londoño Rodríguez, será archivada luego de que el equipo impulsor de la iniciativa no alcanzó el umbral de firmas requeridas.
A solo tres días de que se venciera el plazo para la entrega de los apoyos, el comité promotor de la iniciativa desistió formalmente y solicitó el archivo del proceso ante las autoridades electorales.
Los impulsores de la propuesta argumentaron que querían revocar el mandato de Londoño por “factores asociados al clima político local”, que influyeron en la decisión de desistir, mientras que la mandataria municipal, a su juicio, vio una “revancha política”.
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Los integrantes del comité alegaron una falta de confianza en la maniobrabilidad de la funcionaria, y en diciembre de 2025, la Registraduría aceptó los documentos para la instalación del comité promotor de la revocatoria. También se desarrolló una audiencia pública con habitantes del municipio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que cuestionaron la aparente falta de resultados y la baja ejecución presupuestal de Londoño.

También alegaron que posiblemente estaba desconectada de las realidades del territorio y que, en los primeros 24 meses de mandato, había incumplido con el Plan de Desarrollo - Juntos recuperamos La Mesa con Compromiso y Equidad Social 2024-2027.
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Sin importar las razones iniciales, el trámite concluyó sin el respaldo ciudadano mínimo necesario para avanzar a la siguiente etapa, ya que, de acuerdo con la normativa vigente, y en el caso del municipio, los impulsores de un proceso de revocatoria debieron reunir al menos 1.202 firmas válidas de ciudadanos habilitados para votar en el municipio, en un lapso de seis meses.
Esta cifra es el equivalente al 30% de los votos obtenidos por la mandataria en las elecciones de 2023, dado que el proceso exige recursos institucionales y económicos.

Como la iniciativa no pasó el primer filtro democrático, el proceso cerró, pero con un rastro de desgaste institucional y serios episodios de confrontación política que detuvieron el avance del plan de la alcaldesa en todo el territorio del municipio.
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La alcaldesa Laura Londoño Rodríguez, además de agradecer a los habitantes de La Mesa por su apoyo y confirmar que la ejecución de sus propuestas sigue en firme, sugirió que este tipo de trámites significa una erosión administrativa fuerte para que no se obtenga el respaldo ciudadano necesario.
“Siempre he respetado los mecanismos de participación ciudadana porque son una expresión legítima de nuestra democracia. Sin embargo, considero que estas herramientas no deben utilizarse como escenarios de revancha política después de unas elecciones, especialmente cuando generan un desgaste institucional que termina afectando el desarrollo de los territorios”, sostuvo.
“Hoy quiero agradecer a los miles de mesunos que, de manera libre y democrática, decidieron no acompañar esta iniciativa. Nosotros continuaremos concentrados en consolidar el cambio en nuestro municipio”, expresó la mandataria.
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Londoño Rodríguez también destacó que el resultado representa una oportunidad para dejar atrás las divisiones políticas y centrar los esfuerzos en los retos colectivos de La Mesa. Invitó a todos los sectores sociales, políticos y comunitarios a trabajar de manera conjunta por el desarrollo local.
Qué es una revocatoria de mandato
De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la revocatoria del mandato constituye un derecho político que habilita a los ciudadanos para dar por terminado el mandato conferido a un gobernador o alcalde.
Este mecanismo, regulado por la legislación colombiana, puede activarse siempre que hayan transcurrido al menos doce meses desde la posesión de la autoridad y no reste menos de un año para la finalización del período constitucional, según lo establece la Registraduría. La Sentencia C-150 de 2015 de la Corte Constitucional reafirmó que no pueden adelantarse trámites ni votaciones de revocatoria durante el último año del mandato.
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La iniciativa para promover una revocatoria es de origen ciudadano, aunque también pueden presentarla organizaciones sociales, partidos o movimientos políticos, siempre que cumplan con los requisitos definidos en la Ley 1757 de 2015. Este procedimiento busca garantizar que exista un respaldo significativo de la comunidad antes de someter a votación la permanencia de una autoridad electa.
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