
La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, investigada por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), suscribió una diligencia de compromiso en la que se obliga a comparecer ante la Corte Suprema de Justicia cuando sea requerida, no salir del país sin autorización previa y notificar cualquier cambio de residencia o datos de contacto.
El documento fue firmado el 22 de junio de 2026 en Bogotá dentro del proceso que adelanta la Sala Especial de Instrucción bajo la Ley 600 de 2000.
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La diligencia se produjo tras una jornada en la que la congresista fue requerida por el alto tribunal mediante una orden de conducción emitida por el despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez, para que rindiera indagatoria por los hechos que se le investigan.
Diligencia de compromiso ante la Corte Suprema

De acuerdo con el acta oficial, en Bogotá, a las 4:38 p. m. del 22 de junio de 2026, la magistrada Cristina Lombana Velásquez recibió la suscripción del compromiso por parte de la senadora Martha Isabel Peralta Epiayú, quien compareció en calidad de indagada dentro del radicado 01306.
El documento establece que la congresista deberá “comparecer ante esta Sala Especial de Instrucción cuantas veces sea requerida”, además de presentarse oportunamente a las diligencias que se programen en el curso del proceso.
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La senadora acudió acompañada por su defensor, el abogado Henry Montes Bernal, y con la presencia del delegado del Ministerio Público, Bladimir Cuadro Crespo, así como del apoderado de la parte civil Iván David Mattar Cantillo.
Entre los compromisos adquiridos, Peralta se obligó a “no cambiar de lugar de residencia ni de domicilio sin informar previamente y por escrito al Despacho”, suministrando nueva dirección física, número telefónico y correo electrónico para efectos de notificación. Asimismo, el acta señala que deberá “no ausentarse del territorio nacional sin autorización previa del Despacho”, e informar cualquier desplazamiento fuera de su lugar de residencia.
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También deberá mantener actualizados sus datos de contacto y atender de manera diligente los requerimientos de la Sala de Instrucción.
Investigación por el caso de corrupción en la Ungrd

El proceso en el que está vinculada la congresista se relaciona con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad estatal encargada de la prevención, atención y coordinación de emergencias y desastres naturales en Colombia, como inundaciones, deslizamientos, incendios forestales y terremotos.
En el expediente, la Fiscalía General de la Nación investiga presuntos hechos de tráfico de influencias y cohecho impropio relacionados con la supuesta gestión de apoyos políticos para la aprobación de reformas del Gobierno nacional.
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En ese contexto, la senadora Martha Peralta Epiayú ha sido mencionada como presunta “líder” de una estrategia política orientada a asegurar votos legislativos para la reforma pensional, mientras que en otros proyectos esa función habría sido atribuida a otros congresistas.
La Fiscalía también ha señalado a exministros del Gobierno nacional como posibles actores dentro de la estructura investigada, entre ellos Luis Fernando Velasco, del Interior, y Ricardo Bonilla, de Hacienda, quienes han sido llamados a responder dentro del proceso.

El acta suscrita por la congresista establece que el incumplimiento de las obligaciones asumidas puede derivar en consecuencias procesales, especialmente si se presentan inasistencias injustificadas o cambios de domicilio sin notificación previa.
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En ese caso, el despacho judicial queda facultado para solicitar la conducción de la indagada mediante autoridades de policía judicial, con el fin de garantizar su comparecencia en las diligencias del proceso.
La actuación judicial fue formalizada con las firmas de la magistrada Cristina Lombana, la senadora Martha Peralta Epiayú, su defensa, el Ministerio Público y la parte civil, cerrando así la diligencia dentro del proceso que continúa en curso ante la Corte Suprema de Justicia.
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