Centro Democrático arremetió contra Gustavo Petro tras orden de liquidar el Ministerio de la Igualdad: “Que se acabe el derroche y la corrupción”

El Gobierno de Colombia hizo oficial la eliminación del Ministerio de la Igualdad y Equidad tras la publicación de un decreto que ordena su liquidación.

La decisión se formalizó después de que la Corte Constitucional desestimara la subsanación de los errores de trámite que habían sido detectados en el proceso de creación de esta cartera. La medida representa un golpe directo a una de las principales apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En respuesta a la resolución, la exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, afirmó: “Gracias a la demanda que gané en la Corte Constitucional, hoy desaparece uno de los mayores ejemplos de derroche e ineficiencia del gobierno de @petrogustavo”.

Según Valencia, el Ministerio de la Igualdad “no sirvió para nada”, y sostuvo que “contrataron a más de 5.000 personas y crearon un fondo paralelo para contratar por derecho privado, a dedo”.

La exsenadora denunció que recursos destinados a comunidades vulnerables terminaron en “burocracia, eventos y saldos en fiducias”. Valencia calculó que con la desaparición de la entidad “le ahorraremos al país más de $1 billón anual”.

Tras lo anterior, el Centro Democrático respaldó las declaraciones de su exsenadora y emitió un mensaje en redes sociales en el que reclamó: “Que se acabe el derroche y la corrupción burocrática. Necesitamos un estado pequeño y austero”.

El partido opositor criticó la gestión de Gustavo Petro, al señalar que “la única igualdad que promovió Petro fue repartir contratos entre militantes e influencers sin ningún criterio”.

La cartera, creada como parte de la agenda social del actual gobierno, enfrentó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales. Voces críticas sostuvieron que la estructura generó nuevos gastos sin resultados tangibles para la población más afectada por la desigualdad.

Esto dice la resolución sobre la liquidación de la entidad

El Gobierno de Colombia oficializó la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad tras la expedición del Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, firmado por el presidente de la República. La decisión implica la desaparición de esta cartera y el traslado de sus funciones a otras entidades nacionales.

Según el documento, “el presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales”, resolvió la supresión del ministerio amparado en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política.

Esta disposición otorgó al Ejecutivo la potestad de “suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley”.

El decreto recordó que el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 establece que el presidente puede ordenar la disolución y liquidación de entidades administrativas “cuando los objetivos y funciones a cargo de la entidad sean transferidos a otros organismos nacionales o a las entidades del orden nacional”.

El texto también citó el Decreto Ley 254 de 2000 y la Ley 1105 de 2006, que regulan los procedimientos de liquidación de entidades públicas. Entre los pasos formales, el decreto ordenó la designación de un liquidador por parte del presidente y la prohibición de vincular nuevos servidores públicos mientras se adelanta el proceso de cierre.

La resolución señaló que “la expedición del acto de liquidación conlleva la designación del liquidador, la designación del revisor fiscal en el proceso, y que los bienes, archivos y documentación de la entidad liquidada deben ser transferidos a la entidad que asuma sus funciones o a la que determine el Gobierno Nacional”.

El acto administrativo subrayó que la liquidación no podrá exceder de seis años, plazo durante el cual el liquidador deberá realizar todas las gestiones necesarias para culminar el proceso.

Este cierre ocurre en un contexto de revisión de la estructura estatal y reorganización de competencias entre ministerios y entidades del orden nacional. El futuro de los programas y políticas en materia de igualdad y equidad dependerá de las directrices que establezca el Gobierno, así como de la transferencia de funciones a organismos designados.

El decreto concluyó que las decisiones adoptadas buscan garantizar la continuidad de los servicios públicos y la protección de los derechos de los servidores afectados por la supresión de la entidad.