La Fiscalía General de la Nación desplegó un operativo especial durante la segunda vuelta presidencial en Colombia, el domingo 21 de junio, para atender denuncias y delitos electorales, con especial atención a los reportes de presunta intimidación a jurados de votación en el municipio de Ricaurte (Nariño).
El organismo informó que la situación fue puesta en conocimiento de la fuerza pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil a fin de garantizar el desarrollo regular de la jornada.
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Un comunicado oficial detalló: “Los grupos de policía judicial verifican información recibida sobre presunta intimidación por parte de integrantes de una estructura armada ilegal a jurados de votación en Ricaurte (Nariño)”.
Según el ente investigador, el aviso fue trasladado a las autoridades correspondientes para proteger el proceso electoral en ese municipio.

Durante la jornada, la Fiscalía reportó la captura de tres personas por delitos electorales y la materialización de otras 31 detenciones por órdenes judiciales vigentes. Los procedimientos abarcaron ciudades y departamentos como Bogotá, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.
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La jornada electoral estuvo marcada por procedimientos policiales y judiciales en diferentes regiones del país. La Fiscalía implementó un dispositivo institucional con la participación de cerca de 8.000 servidores entre fiscales, personal del CTI y otros funcionarios distribuidos en 35 seccionales.
Este equipo se encargó de monitorear el avance de la jornada y responder de manera oportuna a denuncias de posibles delitos electorales.
La entidad informó sobre tres casos específicos: un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio, un votante que buscó sufragar por otra persona en Inírida (Guainía) y un hombre que destruyó una urna en Valledupar.
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El boletín añadió: “Asimismo, se han materializado 31 capturas de personas que registraban órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos”.
En Cantagallo (Bolívar), unidades del Ejército Nacional incautaron 114 millones de pesos transportados por tres personas en una camioneta. Sobre este hecho, la Fiscalía aclaró que la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos investiga el origen y destino del dinero.
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En paralelo a las votaciones, la Fiscalía ejecutó operativos para capturar a personas buscadas por distintos delitos. Los procedimientos judiciales se llevaron a cabo en varias regiones y respondieron a órdenes vigentes por delitos graves, incluyendo homicidio y secuestro.
El informe resalta que la estrategia institucional permitió actuar con rapidez ante las denuncias y garantizar la seguridad del proceso electoral. El despliegue de fiscales y técnicos de investigación buscó prevenir alteraciones y sancionar conductas ilícitas detectadas durante la jornada.
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El documento oficial concluye señalando que los mecanismos de identificación empleados por las autoridades lograron ubicar a 16 personas reportadas como desaparecidas que acudieron a ejercer su derecho al voto en departamentos como Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena.
Votantes en Nariño
Una advertencia del Partido Conservador encendió las alarmas en Colombia a menos de un día de la segunda vuelta presidencial. El comunicado señaló que habitantes del municipio de San Pablo, en Nariño, estarían bajo presión de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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El pronunciamiento llegó el 20 de junio, justo antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas para elegir al próximo presidente. Según la colectividad, se han detectado maniobras que buscan influir en la voluntad de los votantes en una región históricamente afectada por la violencia de grupos armados.
De acuerdo con el Partido Conservador, los pobladores de San Pablo estarían recibiendo amenazas para no respaldar al candidato Abelardo de la Espriella o para que no opten por el voto en blanco. La jornada electoral está programada para el domingo 21 de junio, y la situación ha generado preocupación entre distintos sectores políticos.
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La alerta emitida por el partido denuncia que miembros del ELN estarían interfiriendo en el proceso electoral, lo que representa un riesgo grave para la transparencia y legitimidad del resultado en esa zona.
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