Informe ante la Cidh alerta sobre presiones armadas y presunta participación política de Petro de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia

Un informe de 45 páginas presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por el abogado Víctor Mosquera y la Fundación Derechos y Justicia Asociados puso en conocimiento del organismo una serie de denuncias relacionadas con el desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia durante el período 2025-2026. El documento sostiene que en distintas regiones del país se han registrado hechos que afectarían la libre expresión de la voluntad popular, incluyendo presiones de grupos armados ilegales sobre la población civil y actuaciones atribuidas al presidente Gustavo Petro que, según los autores del informe, podrían constituir una intervención indebida en la contienda electoral.

La comunicación, enviada en junio de 2026 como información adicional a un informe técnico previamente radicado ante la Cidh, señala que existe una “crisis estructural y sistemática” que estaría afectando la integridad democrática del proceso electoral. Los denunciantes sostienen que la proximidad de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio incrementó los riesgos para el ejercicio de los derechos políticos, especialmente en territorios donde operan grupos armados organizados.

Constreñimiento electoral en zonas de conflicto

Uno de los principales ejes del documento está relacionado con la influencia de grupos armados ilegales en regiones afectadas por el conflicto. Según el informe, estructuras como el Estado Mayor Central (EMC) y el ELN habrían ejercido presión sobre comunidades y restringido actividades políticas de sectores de oposición.

De acuerdo con la documentación remitida a la Cidh, en varios territorios se habrían impuesto vetos a campañas políticas distintas a las del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro. El informe sostiene que candidatos opositores enfrentaron amenazas que les impidieron desarrollar actividades proselitistas en determinadas zonas del país.

Los autores del documento también afirman que existe una coincidencia geográfica entre áreas con presencia de grupos armados ilegales y regiones donde Cepeda obtuvo amplios respaldos electorales en la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo de 2026.

Uno de los hallazgos destacados por los denunciantes es que, tras revisar formularios E-14, identificaron 218 mesas de votación ubicadas en las denominadas “zonas rojas” donde el candidato Iván Cepeda habría obtenido el 100% de los votos registrados. Según el informe, 168 de esas mesas se encuentran en municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

El documento señala que esta situación fue observada especialmente en municipios del departamento de Nariño, donde algunas mesas reportaron coincidencia absoluta entre el número total de sufragios depositados y los votos obtenidos por una sola candidatura.

Además, los autores incorporan referencias a declaraciones atribuidas a integrantes de grupos armados ilegales. Entre ellas citan una entrevista atribuida a alias “Calarcá”, en la que se señala: “Los campesinos nos dicen, ‘Camaradas, ¿por quién votamos? ¿Por los candidatos de Petro, por los uribistas o por los santistas?’, nosotros les decimos por los de Petro, eso no tiene menor duda”.

Para los denunciantes, estos hechos representarían una vulneración de derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente los relacionados con la participación política, la libertad de expresión, la integridad personal y el derecho al sufragio libre.

Presunta participación en política del presidente Petro

El segundo capítulo del informe se concentra en actuaciones y pronunciamientos públicos del presidente Gustavo Petro durante el proceso electoral. Los autores recuerdan normas constitucionales, penales y disciplinarias colombianas relacionadas con la participación en política de servidores públicos y recopilan múltiples publicaciones realizadas por el mandatario en redes sociales, discursos públicos y alocuciones oficiales entre 2025 y 2026.

Entre los ejemplos incluidos se encuentra un mensaje publicado por Petro el 30 de noviembre de 2025 en la red social X, en el que afirmó: “Si vuelve a elegirse el proyecto democrático, Bolívar vivirá en los corazones de todas y todos los colombianos. Romperemos las cadenas y abriremos las oportunidades aún más para el pueblo”.

El informe también cita intervenciones realizadas durante eventos públicos en las que el jefe de Estado se refirió a la necesidad de que el progresismo mantuviera representación mayoritaria en el Congreso y continuara impulsando reformas desde el Gobierno. Asimismo, se recopilan publicaciones dirigidas contra candidatos de oposición, entre ellos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, así como mensajes relacionados con el proceso electoral y los resultados de la primera vuelta presidencial.

Los denunciantes destacan especialmente la decisión adoptada por el Consejo de Estado el 28 de mayo de 2026. Según el documento, ese alto tribunal concluyó que el mandatario debía “abstenerse en lo sucesivo de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político” mediante medios oficiales. No obstante, el informe sostiene que posteriormente continuaron registrándose pronunciamientos presidenciales sobre la contienda electoral.

Entre ellos figura una declaración realizada por Petro después de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, cuando manifestó: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

El documento también menciona que, según información recopilada por los autores, para finales de mayo de 2026 existían al menos diez procesos relacionados con presunta participación en política que involucraban al jefe de Estado.

Solicitudes elevadas al organismo internacional

El informe remitido por Víctor Mosquera y la Fundación Derechos y Justicia Asociados sostiene que las situaciones descritas configuran posibles vulneraciones a los derechos políticos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a principios democráticos relacionados con la igualdad de condiciones en la competencia electoral.

Los denunciantes advierten a la Cidh sobre lo que consideran un riesgo para la libre determinación de los ciudadanos, la integridad física de líderes de oposición y la transparencia del proceso electoral, particularmente en el contexto de la segunda vuelta presidencial.

Además, solicitan que el organismo internacional tenga en cuenta las denuncias relacionadas con la presunta presión ejercida por grupos armados ilegales sobre comunidades en distintas regiones del país y las actuaciones atribuidas al presidente Petro que, según sostienen, podrían afectar la imparcialidad estatal exigida durante una contienda electoral.

El documento concluye señalando que estos hechos deben ser analizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del seguimiento que realiza sobre la situación democrática y electoral de Colombia.