La Armada de Colombia confirmó la destrucción de cinco laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca en zona rural de Cumaribo, en una operación conjunta con el Ejército Nacional y la Policía.
Esta acción, desarrollada en el departamento de Vichada, afectó directamente las finanzas del Frente 44 Antonio Ricaurte del Estado Mayor Central, estructura criminal vinculada a las disidencias de las Farc, según informaron la institución militar.
Impacto en la economía ilícita y operatividad criminal
De acuerdo con la información suministrada por la Armada de Colombia, la destrucción de estos complejos clandestinos representa una afectación económica superior a los $1.000 millones para el Frente 44.
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La infraestructura hallada tenía capacidad para procesar cerca de cuatro toneladas de pasta base de coca al mes, producto que abastecía redes del narcotráfico con alcance internacional.
Durante el operativo, efectivos del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50, junto a tropas del Batallón de Infantería No. 45 del Ejército y agentes de la Policía, ubicaron cinco estructuras ilegales utilizadas para transformar hoja de coca en pasta base.
En el lugar fueron destruidos más de 1.500 galones de insumos líquidos como gasolina, ACPM, amoniaco y soda cáustica, además de 2.200 kilogramos de insumos sólidos entre los que se encontraban cemento, cal, sulfato de amonio y fertilizantes. También se incautaron 1.125 kilogramos de hoja de coca listos para ser sometidos al proceso de transformación.
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Según reportó la Armada de Colombia, la acción se logró gracias a labores de inteligencia que permitieron identificar la ubicación exacta de los laboratorios, ubicados en una zona de influencia de grupos armados ilegales en la Orinoquía.
Reducción de capacidad logística y productiva
Las autoridades señalaron que la infraestructura destruida era fundamental para la economía ilícita de la estructura criminal. Los complejos ilegales generaban recursos suficientes para sostener las operaciones del Frente 44, cuya capacidad de producción mensual se estimaba en cuatro toneladas de pasta base de coca. La intervención produjo una afectación significativa en la logística, el abastecimiento de precursores químicos y la producción continua de alcaloides.
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El coronel de Infantería de Marina Andrés Varón Daza, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 5, afirmó que el resultado de la operación tiene un impacto directo en la estructura financiera del grupo armado ilegal.
La institución reiteró su compromiso con la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico, en coordinación con organismos nacionales e internacionales, con especial énfasis en los departamentos y zonas fronterizas donde persisten los cultivos ilícitos y el procesamiento de alcaloides.
“Continuaremos desarrollando operaciones conjuntas e interinstitucionales para debilitar las economías ilícitas, proteger las comunidades y fortalecer la seguridad y la gobernabilidad en la Orinoquía colombiana. Cada golpe a las economías ilícitas es un avance a la protección de nuestras comunidades y una muestra de compromiso de la fuerza pública con la seguridad de la región”, concluyó el oficial.
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Ofensiva contra las rutas del narcotráfico
La operación en Vichada se suma a otras acciones recientes lideradas por la Armada Nacional contra el narcotráfico en diferentes regiones del país.
En el Caribe colombiano, unidades navales y aéreas interceptaron dos embarcaciones rápidas y decomisaron más de 5.400 kilogramos de clorhidrato de cocaína, generando pérdidas estimadas en 250 millones de dólares para las organizaciones criminales involucradas. Las autoridades informaron que en estos operativos siete personas fueron capturadas, entre ellas ciudadanos colombianos y un hondureño.
De acuerdo con información oficial, el Caribe colombiano continúa siendo una de las rutas más vigiladas debido al constante intento de envío de cargamentos hacia mercados ilegales en Centroamérica y Norteamérica.
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Las Fuerzas Militares y organismos internacionales reforzaron la presencia en la región para impedir el uso de corredores marítimos por parte de los grupos dedicados al tráfico de drogas.
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