Bogotá: seis de cada diez procesos por convivencia no tienen autoridad y solo 5,8 % avanza

Bogotá enfrenta un represamiento profundo en los procesos relacionados con convivencia ciudadana. Un informe de la Personería reveló que la capital tiene 1.487.091 expedientes policivos abiertos, pero el dato más crítico está en la capacidad real del sistema para tramitarlos: 931.790 casos, equivalentes al 62 %, no cuentan con una autoridad asignada para adelantar su proceso.

La información publicada por El Espectador muestra una paradoja institucional: mientras las autoridades producen actuaciones de control sobre conflictos cotidianos, la mayoría de esos casos queda atrapada en etapas preliminares. Según la Personería, apenas el 5,8 % de los expedientes registra actuaciones sustanciales, es decir, avances orientados a resolver de fondo las controversias o comportamientos que originaron cada caso.

El panorama también puede leerse al revés: el 94,2 % de los expedientes abiertos no registra avances sustanciales. Esto significa que la gran mayoría de procesos no ha llegado a una fase que permita una resolución efectiva, pese a que los expedientes policivos son una herramienta clave para hacer cumplir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Seis de cada diez casos, sin autoridad asignada

La revisión de la Personería advierte que el problema no es solo el volumen acumulado, sino la falta de trámite efectivo. Detrás de cada expediente debería existir una actuación institucional capaz de corregir una conducta, imponer una medida o resolver un conflicto. Sin embargo, el informe muestra que Bogotá está lejos de ese escenario.

Para Daniel Amado Murillo, profesor de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, la cifra del 5,8 % es especialmente baja. “Que apenas el 5,8 % de los expedientes registre actuaciones sustanciales es una cifra muy baja; un saludo a la bandera, algo irrisorio”, explicó. Según el académico, la mayoría de procesos no avanza hacia una decisión de fondo y eso afecta la respuesta institucional frente a conflictos que golpean la convivencia.

Murillo señaló que el cuello de botella aparece después de la actuación inicial. Se hacen procedimientos, se abren expedientes y se registran actuaciones, pero luego el sistema encuentra dificultades para convertir esos casos en decisiones efectivas. A su juicio, el rezago termina debilitando la confianza ciudadana y también la disposición a denunciar.

El rezago también golpea casos por porte de armas

Uno de los hallazgos más sensibles está en los expedientes por porte de armas. Desde la entrada en vigencia del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en 2017, Bogotá ha abierto más de 1,2 millones de expedientes por esa conducta. Sin embargo, 507.800 siguen activos y cerca de 392.000 no tienen una dependencia asignada para tramitar el caso.

La cifra preocupa porque el porte de armas ha sido uno de los asuntos sobre los que distintas administraciones han concentrado esfuerzos de control. Según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad citadas en el informe, en 2025 fueron incautadas más de 1.700 armas de fuego en Bogotá y se registraron más de 34.000 capturas por distintos delitos.

El represamiento también tiene una dimensión territorial. La Personería encontró que La Candelaria concentra la mayor proporción de expedientes en curso, con 62,8 %, seguida por Los Mártires, con 55,8 %; Suba, con 52,7 %, y Ciudad Bolívar, con 51,9 %.

La profundidad del rezago se evidencia en un hallazgo excepcional: hay expedientes abiertos desde 1985, 1986 y 1987. Además, la Personería atribuye parte del problema al cierre de inspecciones de descongestión, que permitían evacuar cerca de 36.000 expedientes mensuales. Tras su desaparición, la capacidad habría bajado a unos 24.000 casos por mes.

El informe deja una conclusión clara: Bogotá no solo enfrenta conflictos de convivencia, sino crecientes dificultades para procesarlos institucionalmente.