Alerta en la región Caribe por la liquidación de Air-e: aseguran que la prestación del servicio de energía podría complicarse muy pronto

La liquidación de la empresa Air-e preocupa por el futuro del servicio de energía en la región Caribe ante la intervención estatal formalizada en febrero de 2025. La Cámara Colombiana de la Energía (Ccenergía) considera que la liquidación de la compañía representa un riesgo para la continuidad y calidad del servicio eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y puede afectar la estabilidad financiera del sector regional.

Al respecto, el gremio expresó “la enorme preocupación que genera este anuncio” y señaló que los principales impactos negativos afectan “la continuidad del servicio, la calidad de la prestación y la estabilidad financiera del sector eléctrico regional, aspectos que conllevan al debilitamiento del mercado nacional”.

Resaltó el mismo que la liquidación podría reducir la capacidad de respuesta ante periodos críticos, incluyendo sequías vinculadas al fenómeno de El Niño. Señaló, además, que están en juego tanto la estabilidad del sistema nacional como la economía de usuarios residenciales y empresas de la región Caribe.

Riesgos de la liquidación de Air-e para la región Caribe

La Cámara Colombiana de la Energía estructuró sus advertencias en torno a cinco riesgos centrales asociados al sistema eléctrico de la región.:

• Posibilidad de interrupciones y deterioro en la prestación del servicio: la liquidación puede afectar la gestión operativa y el mantenimiento de las redes y aumentar el riesgo de cortes, pérdidas técnicas y una reducción en la atención comercial y técnica a los usuarios.
• Debilitamiento de la seguridad sistémica: la salida abrupta de un actor con una participación tan relevante puede generar tensiones en la planificación y en el despacho de cargas, complicando la coordinación entre generadores, distribuidores y operadores del sistema.
• Efectos financieros derivados de la decisión: la medida incrementa la percepción de riesgo para inversionistas y prestadores del servicio, lo que dificulta la financiación de obras de modernización, expansión y reposición de activos necesarios para la transición energética.
• Consecuencias sobre usuarios residenciales y empresariales: las comunidades y empresas de las zonas afectadas podrían enfrentar mayores costos, una menor calidad del servicio y retrasos en proyectos de electrificación y desarrollo regional.
• Riesgo de regresar a modelos empresariales estatales ya superados: el peligro de regresar a modelos empresariales estatales que ya fracasaron en el pasado como Corelca y sus electrificadoras constituye uno de los riesgos que deben ser considerados dentro de cualquier alternativa de solución”.

Propuestas y advertencias

Air-e Intervenida, por su parte, afirma que el proceso no supondrá cambios en las tarifas ni alteraciones en la atención a los usuarios, hasta tanto no concluya el traspaso al nuevo operador. Frente a este panorama, la Ccenergía instó al Gobierno nacional y a las entidades regulatorias a “priorizar mecanismos que garanticen la continuidad y protección del servicio a los usuarios”.

Considera que es necesario:

• Evaluar alternativas regulatorias y financieras para una transición ordenada: es necesario evaluar alternativas regulatorias y financieras para una transición ordenada, incluyendo el reforzamiento de la intervención administrativa o la búsqueda de compradores estratégicos.
• Garantizar la transparencia en los procedimientos y toma de decisiones durante todo el proceso de liquidación: asegurar transparencia absoluta en los procesos es fundamental para mitigar riesgos sistémicos.

El gremio reiteró su disposición para trabajar junto a las autoridades en la creación de esquemas que resguarden la estabilidad administrativa y operativa del sector eléctrico. Advirtió que aplazar una solución agravaría la crisis social, financiera y técnica en la región Caribe.

En qué va el proceso de liquidación

Por su parte, Air-e Intervenida explicó que la liquidación fue ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en una resolución de febrero de 2025. Enfatizó en que la compañía continúa prestando servicios con normalidad hasta la transferencia definitiva al siguiente operador.

Informó que, antes de culminar el proceso de liquidación, debe concretarse la entrega formal de la operación al nuevo prestador. “Antes de culminar el proceso de liquidación deberá entregarse la prestación al operador que habrá de asumirla en las áreas actualmente atendidas por Air-e Intervenida”, detalló la compañía.

Remarcó que la transferencia es fundamental para garantizar la continuidad del suministro y proteger a los usuarios durante la transición. Afirmó que el procedimiento se ajusta a lo dispuesto en la regulación sectorial y se realiza coordinadamente con las autoridades.

Air-e Intervenida manifestó que mantendrá todas sus funciones actuales hasta el momento del traspaso. “Air-e Intervenida seguirá operando con normalidad, garantizando la atención de sus usuarios y cumpliendo con las obligaciones contractuales”, puntualizó la empresa, en atención a los habitantes de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Frente a posibles cambios inmediatos para los consumidores, la organización fue categórica al decir que “la entrada en fase de liquidación no conlleva cambio alguno en las tarifas vigentes, ni afectaciones en la continuidad del servicio”.

Compromisos y futuro de la prestación del servicio

La empresa remarcó que no habrá ninguna alteración en aranceles ni en el suministro durante la transición, de acuerdo con el marco de regulación sectorial vigente. Sostiene que la atención a los usuarios será la misma hasta la definición del nuevo operador para las zonas actuales de cobertura.

Air-e Intervenida afirma que tomará todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio e insiste en la importancia de la coordinación institucional para una transición ordenada.

“Air-e Intervenida reitera su compromiso con la prestación continua del servicio y mantendrá la coordinación necesaria con la Superservicios y el Gobierno Nacional para garantizar que este proceso se desarrolle en beneficio de los usuarios y de la estabilidad del sistema”, concluyó la compañía.