Narcos y grupos armados colombianos estarían enviando combatientes a Ucrania para entrenarse en el uso de drones, según informe

Financial Times informó el jueves 6 de agosto que grupos armados y carteles del narcotráfico de Colombia estarían enviando combatientes a Ucrania para aprender guerra con drones y trasladar luego esas capacidades al conflicto interno, una dinámica que coincide con el relevo presidencial y con un deterioro de la posición de seguridad del Estado.

Este riesgo ya tiene una dimensión medible. Según el Ministerio de Defensa registró 264 ataques con drones entre 2024 y 2025, y las Fuerzas Militares afirman haber neutralizado el 96% mediante interferencia de radiofrecuencia o destrucción directa de los aparatos.

En enero, el gobierno anunció un plan de USD 1.600 millones para un escudo antidrones con sistemas fijos y móviles de detección e inhibición.

Según el medio británico, el punto de partida de la investigación fue el hallazgo de un voluntario colombiano en el frente ucraniano, que detectó vínculos entre algunos compatriotas alistados allí y estructuras criminales de su país. Taras Palianytsia, funcionario del Centro de Reclutamiento Extranjero del Ministerio de Defensa de Ucrania, dijo que esos hombres fueron “enviados a casa”.

Un cooperante colombiano en Ucrania, citado por el diario londinense, describió una red de captación en la que antiguos enemigos comparten aprendizaje militar.

“La estrategia de reclutamiento es muy compleja, pero lo que más me preocupa es el nivel de especialización que están adquiriendo”, afirmó. “Aquí ex paramilitares, ex guerrilleros y ex soldados luchan y aprenden juntos a manejar drones”.

La publicación sostiene que los grupos armados ya emplean drones comerciales modificados para lanzar explosivos, pero todavía buscan incorporar destrezas técnicas desarrolladas en el campo de batalla ucraniano. Entre ellas figuran el pilotaje en primera persona, el cifrado de las comunicaciones entre operador y aeronave y la instalación de cargas explosivas sobre la estructura del dron.

Un piloto colombiano consultado por el mismo medio explicó que los drones FPV ya comenzaron a usarse en Colombia, pero que los carteles intentan importar dos capacidades que todavía no controlan plenamente: proteger el enlace de comunicaciones y montar de manera adecuada la carga explosiva.

También buscan aprender el uso de drones conectados por cables de fibra óptica ultrafinos a sistemas en tierra para evitar la interferencia electrónica del ejército, una táctica aplicada en la guerra entre Rusia y Ucrania y adoptada por Hezbolá contra Israel.

El ministro de Defensa saliente Pedro Sánchez dijo a Financial Times que la expansión de esta tecnología ya alteró las condiciones de combate. “La industria de los drones se ha disparado y los delincuentes han adaptado la tecnología para los ataques, lo que supone un gran desafío para la supremacía aérea en el campo de batalla”, señaló.

Ese cambio quedó expuesto en varios episodios recientes. En diciembre, un ataque contra una base militar dejó siete uniformados muertos; en abril, drones mataron a tres soldados cerca de la frontera con Ecuador y alcanzaron un sistema de radar militar en Cauca; en mayo, una patrulla fue atacada en una zona cocalera, con un soldado muerto y seis heridos.

Analistas de seguridad, citados por la publicación, sostienen que la prioridad del Estado debería ser impedir la transferencia de conocimientos adquiridos por colombianos que combatieron en Ucrania y regresan al país.

Sánchez definió esa migración como una “triste realidad” vinculada a la diferencia entre los salarios ofrecidos en el extranjero y las bajas pensiones de muchos veteranos colombianos. El diario añade que hasta 500 veteranos colombianos han muerto en Ucrania en los cuatro años transcurridos desde la invasión rusa a gran escala.

De acuerdo con Naciones Unidas, unos 10.000 connacionales han sido reclutados como mercenarios en el mundo durante los últimos 11 años. La experiencia de exmilitares formados en más de 50 años de conflicto interno convirtió a los colombianos en actores recurrentes en guerras como las de Sudán del Sur, Yemen y Ucrania.

El artículo también ubica el fenómeno en la transición política colombiana. Gustavo Petro cuestionó el año pasado el trato dado a los colombianos en Ucrania, afirmó que eran tratados como “raza inferior” y pidió el retorno de quienes estaban siendo usados como “carne de cañón”.

Su gobierno intentó reducir esos incentivos con aumentos salariales para las Fuerzas Militares y con la ratificación de la convención de la ONU de 1989 contra el reclutamiento de mercenarios.

La investigación vincula el avance de estas amenazas con el crecimiento de las economías ilegales durante los años de la política de “paz total”. Tras el acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, varias facciones disidentes mantuvieron la guerra contra el Estado, mientras narcotráfico, minería ilegal y crimen organizado siguieron financiando a los grupos armados.

Petro entregará la presidencia el viernes 7 de agosto a Abelardo de la Espriella, a quien el diario describe como un dirigente de línea dura en seguridad que prometió construir cárceles en la selva. Después de un reciente ataque con drones contra el ejército, el presidente electo declaró que priorizará “restablecer la autoridad del Estado en las regiones más afectadas por la violencia”.

La subdirectora para América Latina de International Crisis Group, Elizabeth Dickinson, resumió el deterioro con una definición concreta: “el ejército ha perdido el monopolio del espacio aéreo, lo que representa una amenaza”. Según la publicación británica, esa es la posición desde la que arrancará el nuevo gobierno.